“La encuesta más reciente de Invamer constituye, indudablemente, una fotografía instantánea del contexto político previo a las elecciones del 8 de marzo. Sin embargo, no se trata de una imagen ordinaria, sino de un espejo que refleja una realidad incómoda. Ciertamente, esto resulta preocupante. En medio de la crisis estructural que atraviesa el país, resulta crucial evaluar la favorabilidad de Gustavo Francisco Petro Urrego, lo cual invita a reflexionar sobre los criterios ciudadanos que se están aplicando en la evaluación de la realidad.”
Es importante aclarar que esta no es una discusión ideológica. Se trata de hechos irrefutables. Colombia está experimentando una crisis en su sistema de salud que no puede ser ocultada mediante discursos simplistas ni postergándose la responsabilidad hacia gobiernos anteriores. Es inaceptable que colombianos mueran por falta de medicamentos, por demoras en las autorizaciones, por la incertidumbre que generan reformas mal estructuradas y peor ejecutadas. La salud ha dejado de ser un debate meramente técnico para convertirse en una preocupación cotidiana.
El Gobierno se muestra reacio a asumir responsabilidades. El ministro de Salud y Protección Social ha sido objeto de numerosas críticas, mientras que los pacientes se han visto obligados a realizar múltiples trámites, escuchar excusas y soportar silencios. Gobernar no se reduce a denunciar de manera constante el pasado; se fundamenta en asumir el presente de manera efectiva. En la actualidad, la realidad es dolorosa.
A la mencionada crisis se suma la incertidumbre frente al manejo de los recursos pensionales. Es preciso señalar que los ahorros acumulados por millones de trabajadores no representan una mera cuestión ideológica ni una partida de escasa relevancia para el Estado. Son el resultado de años de esfuerzo y dedicación. Cualquier intento de reconfiguración del sistema que no cuente con garantías claras, blindajes técnicos sólidos y consensos amplios, podría comprometer el futuro de aquellos que han construido su vejez con gran esfuerzo.
En paralelo, la institucionalidad se deteriora progresivamente. Se ha establecido un ambiente de desconfianza hacia los organismos electorales, se han planteado interrogantes sobre las normas establecidas antes del inicio del partido y se ha fragmentado el debate público hasta convertirlo en confrontaciones de opiniones divergentes. La democracia no se consolida mediante la manipulación de sus fundamentos; se fortalece a través del respeto a sus contrapesos.
Otro aspecto preocupante en el panorama electoral es el liderazgo de un candidato con una trayectoria que difícilmente puede desligarse de una cercanía ideológica con las FARC. La memoria colectiva parece estar experimentando un debilitamiento. Se ha omitido mencionar el apoyo que se le brindó en su momento a figuras como Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como “Jesús Santrich”, o a Iván Márquez. Se ha logrado mitigar las tensiones que surgieron a raíz de las menciones y hallazgos en los computadores de Raúl Reyes.
Este análisis no pretende reabrir heridas por motivos políticos. Es preciso comprender que las determinaciones del pasado reflejan el talante con el que se administra el poder en el presente. Las alianzas, los silencios y las complacencias no son meras anécdotas, sino que constituyen antecedentes relevantes. Colombia no puede permitirse un voto carente de memoria. La democracia demanda una actitud reflexiva y fundamentada. Es necesario ir más allá del carisma, la retórica persuasiva o la narrativa del “cambio” convertida en consigna permanente. La transformación no es un eslogan, sino una responsabilidad histórica que debe ser abordada con la máxima seriedad y compromiso.
Al Congreso deben llegar fuerzas democráticas capaces de recomponer el país desde la institucionalidad, no desde el oportunismo. Es importante evitar individuos encantadores de serpientes que, en busca de beneficios personales, comprometen su integridad. La incoherencia de los partidos políticos, que en la mañana se proclaman liberales, en la tarde socialdemócratas y en la noche progresistas según sople el viento del poder, es un tema que debe abordarse con seriedad. La coherencia es un valor escaso, pero indispensable.
La política colombiana ha perfeccionado el arte del camuflaje ideológico. Se ha observado que, en el ámbito de las negociaciones, se hace referencia a la unidad mientras se establecen cuotas, se aborda la justicia social al tiempo que se protegen privilegios y se menciona la moral pública en momentos de silencio. Este doble discurso resulta tan perjudicial como la corrupción que se afirma combatir. El país se enfrenta a desafíos de gran envergadura, que incluyen aspectos relacionados con la seguridad, el empleo, la sostenibilidad fiscal, la educación y la confianza de los inversores. Es importante destacar que estas cuestiones no se resuelven mediante la polarización permanente ni la construcción de enemigos imaginarios. Una premisa fundamental de la gobernanza es la conciliación, evitando la fragmentación y promoviendo la unidad.
Es igualmente preocupante la fascinación de ciertos sectores por modelos que en otras latitudes han demostrado su ineficacia y fracasos. Basta con observar la situación de Venezuela y Cuba para reconocer las deficiencias de este enfoque. Actualmente, millones de ciudadanos que anteriormente respaldaron el progresismo socialista de izquierda se enfrentan a situaciones de escasez, restricciones a las libertades y un éxodo sin precedentes. No se trata de caricaturas ideológicas, sino de realidades documentadas. Colombia no es Venezuela ni Cuba. La historia de este país y sus instituciones son diferentes. Sin embargo, es importante destacar que ningún Estado está inmune al deterioro si sus ciudadanos no se mantienen vigilantes. Las democracias no sucumben de la noche a la mañana; se erosionan gradualmente, normalizando lo inaceptable, justificando lo injustificable y relativizando lo grave.
La encuesta realizada por Invamer no constituye una sentencia definitiva, pero sí emite una advertencia significativa. Como se ha puesto en evidencia, una parte de la población colombiana parece disociar la evaluación del Gobierno de los efectos concretos de sus decisiones. Es posible que esto implique un aspecto más perturbador que se manifiesta en el hecho de que la decepción con el pasado es tan significativa que cualquier narrativa de transición resulta atractiva, incluso si los resultados no son favorables. Las elecciones del 8 de marzo no son un mero trámite. Constituyen una oportunidad para transmitir un mensaje claro sobre la dirección que se aspira a seguir. La votación no es un acto emocional, sino un proceso racional que conlleva consecuencias significativas para las generaciones futuras.
Abrir los ojos implica informarse, contrastar fuentes, revisar antecedentes y exigir explicaciones. Es crucial entender que el poder sin controles puede resultar contraproducente, que la improvisación conlleva consecuencias significativas y que el populismo, tanto de izquierda como de derecha, a menudo propone soluciones simplistas a problemas complejos. Colombia requiere de serenidad, pero también de firmeza. Es esencial llevar a cabo reformas meticulosamente planificadas, evitando experimentos ideológicos que puedan comprometer la estabilidad. Es necesario contar con líderes que asuman sus responsabilidades y no que culpen a otros por los problemas. Es indispensable la elección de un Congreso que ejerza un rol de fiscalización, en lugar de un mero aplauso; que promueva el debate, en lugar de la obediencia ciega.
La democracia se preserva tanto en los procesos electorales como en la memoria colectiva. La repetición de los errores puede conducir a resultados indeseados. Al adoptar una perspectiva relativista, se otorga legitimidad a ciertas prácticas o puntos de vista. Si se normaliza la incoherencia, se termina gobernado por ella. Esta columna no pretende fomentar el temor, sino promover la reflexión. El sufragio constituye tanto un derecho como una responsabilidad moral hacia las generaciones futuras. Es crucial evitar que la fotografía del momento distraiga del horizonte. Es crucial evitar que el entusiasmo suplante la evidencia. Resulta esencial evitar que la esperanza se transforme en ingenuidad.
Colombia merece más que discursos vibrantes y promesas etéreas. Merece responsabilidad, coherencia y respeto por sus instituciones. El 8 de marzo no se trata simplemente de elegir nombres; se trata de decidir el tipo de país que se aspira a ser. Esta decisión requiere de una cuidadosa deliberación, fundamentada en principios sólidos y en la toma de decisiones informadas.
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