Guillermo Alfonso Jaramillo lleva tres años destruyendo el sistema de salud más elogiado de América Latina — y riéndose en la cara de quienes se atreven a denunciarlo.
El niño se llamaba Kevin Arley Acosta Pico. Tenía 7 años, vivía en Huila, y padecía hemofilia A severa: una enfermedad que impide que la sangre coagule. Para vivir una vida normal, necesitaba un medicamento de aplicación rutinaria. No era costoso. No era experimental. Era solo lo que su cuerpo necesitaba para sobrevivir.
El 31 de diciembre de 2025, su familia recibió una notificación fría: la IPS que le suministraba el medicamento había terminado contrato con la Nueva EPS a partir del 1 de enero. Nadie los llamó para dar alternativas. Nadie asignó una nueva IPS. Nadie envió los medicamentos. Durante casi dos meses, Kevin no recibió ni una sola dosis.
El 13 de febrero de 2026, luego de un golpe en la cabeza montando bicicleta — un golpe que cualquier niño sano hubiera superado en horas — Kevin murió desangrado. Agonizó más de 24 horas en un hospital local mientras su madre suplicaba un traslado que la EPS jamás autorizó.
“Es entendible que los niños con hemofilia tienen que estar restringidos en muchas actividades. El niño no debió montarse en una bicicleta.” — Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, 16 de febrero de 2026.
Esas fueron las palabras del ministro de Salud de Colombia ante la muerte de Kevin. No hubo condolencias. No hubo rendición de cuentas. No hubo silencio respetuoso. Hubo culpa. Le echó la culpa a un niño de 7 años.
Un hombre, un patrón
Lo de Kevin no fue un accidente de lenguaje. Jaramillo lleva años construyendo un estilo de gobierno que combina la soberbia con la crueldad, la demagogia con la incompetencia, y el discurso de los pobres con el desprecio real hacia quienes más sufren.
En noviembre de 2023, ante el Senado, declaró que los colombianos vacunados contra el COVID-19 participaron en ‘el más grande experimento de la humanidad’. Asociaciones médicas, investigadores de Johns Hopkins y la comunidad científica internacional lo desmintieron. Él no se retractó.
En abril de 2025, en rueda de prensa sobre un brote de fiebre amarilla que dejó 30 muertos, afirmó que ‘la patria potestad de los menores es del Estado’. El Código Civil colombiano dice exactamente lo contrario. El Partido Conservador lo comparó con regímenes autoritarios. El ministerio dijo que fue ‘sacado de contexto’.
Ese mismo mes, en Puerto Gaitán, Meta, le espetó a una gerente de hospital que cuestionaba su gestión: ‘Ojalá le tocara a usted, se enfermara y no tuviera familia, hijueputa’. Cuando la Procuraduría abrió indagación, Jaramillo respondió: ‘No la ofendí. Lo juzgan a uno por una palabra’.
“Los ricos también lloran.” — Jaramillo, al escuchar al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí llorar porque sus empleados se desmayaban de hambre.
El gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, rompió en llanto ante las cámaras en enero de 2026. No podía pagar los salarios de más de 400 trabajadores. Le dijo a los medios que sus empleados se desmayaban de hambre. El ministro Jaramillo, en Caracol Radio, respondió con una carcajada cultural: ‘Los ricos también lloran’. Luego le colgó al gerente cuando intentaron conectarlos.
Esa es la respuesta de un ministro de Salud a la crisis que él mismo ayudó a crear.
Los números que no mienten
El gobierno Petro-Jaramillo heredó el sistema de salud más elogiado de América Latina, catalogado por la OMS como uno de los mejores del mundo en equidad de acceso. En tres años lo convirtió en emergencia humanitaria.
La Contraloría General de la República reveló en julio de 2025 que las EPS acumulan deudas por 32,9 billones de pesos con hospitales, clínicas y proveedores. El 74% de esa deuda, unos 24,4 billones, corresponde a EPS que el propio gobierno intervino y administra. El Estado, en otras palabras, es el mayor deudor del sistema que dice querer salvar.
El patrimonio agregado de las EPS pasó de -429.000 millones de pesos en 2022 a -11,3 billones en 2025. Un deterioro del 2.277% en tres años. El 89% de los colombianos está hoy afiliado a una EPS sin solidez financiera. Solo 6 de las 29 EPS activas cumplen requisitos mínimos, y atienden apenas al 11% de los afiliados.
Más de 9.000 servicios médicos cerraron entre 2023 y 2025. Más de 700 IPS desaparecieron. Las tutelas en salud, el último recurso de los desesperados, crecieron un 70% desde 2022. Las quejas ante la Supersalud superaron 1,6 millones en 2024, con proyección de 2 millones en 2025. El gasto de bolsillo de los colombianos en salud sigue creciendo, acercándose al umbral catastrófico que fija la OMS.
En Medellín, las EPS intervenidas por el gobierno deben más de 230.000 millones de pesos a los hospitales. En Bogotá, más de 300.000 millones. En Risaralda, los 15 hospitales públicos suspendieron servicios a 600.000 usuarios de la Nueva EPS. Bloomberg lo cubrió. El British Medical Journal habló de ‘profunda deterioración’. La OCDE ubica a Colombia con la mayor mortalidad evitable de los países del bloque.
El crimen que él mismo confesó
El 12 de mayo de 2025, en Neiva, ante la Comisión VII del Senado, Guillermo Alfonso Jaramillo pronunció la frase que condensa toda su estrategia de gobierno. No fue un lapsus. No fue sacada de contexto. Fue filmada, verificada y publicada por La Silla Vacía con referencia al minuto exacto del video oficial:
“Las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma.”
Lo dijo él. Con esas palabras. Admitiendo que la destrucción del sistema de aseguramiento no es un fracaso de gestión sino una estrategia deliberada: debilitar las EPS, crear una crisis, y usar esa crisis como palanca para aprobar una reforma que el Congreso colombiano rechazó dos veces.
La primera reforma a la salud fue archivada en abril de 2024 con 9 votos contra 5. La segunda fue hundida en diciembre de 2025 con 8 votos contra 5. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la reforma desfinanciaría el sistema en 126 billones de pesos en diez años. El Consejo de Estado suspendió el ‘decretazo’ con el que el ministerio intentó imponer la reforma por las espaldas del Congreso.
Mientras Jaramillo maniobra, los colombianos pagan el precio. Kevin Acosta pagó con su vida.
Nadie lo detiene. Todavía.
La Corte Constitucional le abrió dos incidentes de desacato por incumplir órdenes sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y compulsó copias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para que lo investiguen penal y disciplinariamente. La organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de enfermos, presentó denuncia penal por ‘incumplimiento consciente, reiterado y material’ de órdenes judiciales.
La Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario por irregularidades en el modelo de salud del Fomag. La Corte Constitucional anuló la intervención de Sanitas como ilegal. Keralty, propietaria de Sanitas, demandó al gobierno colombiano por 1.200 millones de dólares.
Y entre tanto escándalo, Jaramillo sigue en su cargo. Sigue colgando llamadas. Sigue insultando mujeres. Sigue culpando a madres de los niños que mueren. El presidente Petro lo respalda.
Colombia tiene una tradición de ministros mediocres, algunos corruptos, muchos tibios. Pero Guillermo Alfonso Jaramillo es otra cosa. Es un ministro que confesó en público destruir el sistema para reformarlo. Es un ministro que le dijo ‘hijueputa’ a una funcionaria y ‘se lo merece’ a un niño muerto. Es un ministro que lleva tres años usando la salud de millones como ficha en un ajedrez ideológico.
El exministro Alejandro Gaviria lo advirtió: ‘Tendrá que responder algún día y pagará por el gran daño que ha hecho’. Ojalá ese día llegue antes de que mueran más Kevins.
Porque en este país, mientras el ministro ríe, los hospitales lloran.
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