Cada cierto tiempo reaparece, con ropaje académico y tono moralizante, la vieja prédica contra la desigualdad. Cambian los nombres, se sofistican las bases de datos, se multiplican los modelos econométricos, pero el presupuesto intelectual permanece intacto: la riqueza sería una masa preexistente, una suerte de torta gigantesca cuya distribución puede corregirse a voluntad sin alterar el proceso que la genera.
En mi artículo El espantajo de la desigualdad señalé que esa metáfora —tan arraigada en la tradición clásica y reciclada por el igualitarismo contemporáneo— es profundamente engañosa. Los ingresos no se distribuyen: se ganan. No existen al margen de los intercambios y de los precios. El campesino que vende en la plaza obtiene ingreso si alguien compra; si nadie compra, no hay “porción” que repartirle. Lo mismo ocurre con el gran empresario: su fortuna depende de millones de decisiones voluntarias de consumidores que adquieren bienes y servicios que juzgan útiles.
Sin embargo, el economista francés Gabriel Zucman propone hoy un impuesto global del 2% anual sobre las grandes fortunas. La cifra parece modesta; la implicación es colosal. No se trata de gravar un flujo de renta sino un stock de capital. Es decir, no se grava lo que el patrimonio produce sino el patrimonio mismo, año tras año, como si se tratara de una cantera inagotable.
Pero el capital no es una bóveda llena de monedas de oro. Son acciones, bonos, fábricas, centros de datos, redes logísticas, proyectos de investigación. Un impuesto permanente del 2% anual, en un mundo donde la rentabilidad real puede rondar el 4%, equivale a confiscar la mitad del rendimiento. Si la rentabilidad es menor, erosiona el capital mismo. No es un ajuste cosmético: es un desincentivo estructural a la acumulación.
Se dirá que los ricos pueden pagar. Siempre pueden pagar… hasta que dejan de invertir. Y lo que importa no es cuánto ganan los ricos sino qué hacen con lo ganado. A diferencia de los potentados del Antiguo Régimen, los ricos del capitalismo reinvierten buena parte de sus ingresos en actividades productivas. Esa reinversión eleva la relación capital-trabajo, aumenta la productividad y, a la postre, los salarios reales. El crecimiento —no la redistribución— es lo que ha reducido la pobreza en los últimos dos siglos.
La evidencia empírica, tan cara a los cruzados de la desigualdad, es incómoda para su causa. Los países con más multimillonarios no son los más pobres sino los más prósperos. Allí donde se protege el capital y se estimula la inversión, florecen grandes fortunas… y desaparece la pobreza extrema. Donde se hostiga la acumulación, el resultado no es igualdad opulenta sino igualdad en la penuria.
Tampoco resiste escrutinio la obsesión con las herencias. Las grandes fortunas rara vez sobreviven intactas más allá de dos o tres generaciones. La competencia, la innovación y la inexorable soberanía del consumidor erosionan patrimonios mal administrados. No es la cuantía inicial lo que garantiza el rendimiento, sino la capacidad de asignar capital a empresas que satisfagan necesidades reales.
En el fondo, el impuesto global al patrimonio descansa en una sospecha moral: que la riqueza, por su sola magnitud, es injusta. Pero esa sospecha ignora que la riqueza en economías abiertas es el resultado de intercambios voluntarios y que gravarla sistemáticamente es gravar la inversión futura.
Sacudir el árbol puede hacer caer algunos frutos. Sacudirlo cada año, con afán redistributivo, puede terminar por secarlo. Y sin árbol no hay frutos que repartir.
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