El senador y candidato al Congreso por el número 8 del Partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, solicitó al Ministerio de Justicia el traslado del exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, actualmente recluido en el centro penitenciario de Yarumito, al advertir posibles irregularidades en sus condiciones de reclusión y una eventual incidencia en la política local.
En su comunicación, el congresista señaló que el establecimiento departamental podría estar permitiendo un nivel de relacionamiento externo que comprometería las garantías institucionales y electorales en el municipio. “Yarumito no está funcionando como una cárcel. Está operando como un club político”, afirmó.
Muñoz indicó que presentó un derecho de petición para conocer el registro de visitas al exmandatario, información que —según aseguró— no fue suministrada, lo que, a su juicio, genera interrogantes sobre los controles en el centro de reclusión, cuya vigilancia está a cargo de personal contratado por la Gobernación de Antioquia.
El senador advirtió que el caso tiene implicaciones en el contexto político regional. “Una cárcel no puede ser una sede de campaña. La democracia no puede gobernarse desde una celda convertida en oficina”, sostuvo, al tiempo que solicitó el traslado del exalcalde a un establecimiento bajo administración directa del sistema penitenciario nacional.
Óscar Andrés Pérez, alcalde de Bello entre 2016 y 2019 con aval del Partido Liberal, fue condenado por la justicia por hechos de corrupción relacionados con irregularidades en la contratación durante su administración. Tras la decisión judicial, fue recluido en Yarumito, un centro de carácter departamental administrado por la Gobernación de Antioquia.
Para Muñoz, el traslado es necesario para garantizar la transparencia institucional y evitar cualquier percepción de influencia política indebida desde el lugar de reclusión. “Bello y Antioquia merecen transparencia y garantías reales”, concluyó.
La solicitud fue elevada al Ministerio de Justicia, entidad competente para evaluar las condiciones de reclusión y autorizar eventuales traslados dentro del sistema penitenciario.
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