Estuve en el origen de la Ley de Víctimas con una convicción que hoy el sistema ha traicionado. Es inaceptable que, tras años de promesas, solo el 14% de las víctimas haya sido reparado. Lo que enfrentamos no es falta de voluntad legislativa, es un sistema diseñado para alimentarse a sí mismo: hoy, el costo operativo de la administración de reparación es igual al fondo destinado a las víctimas. Nos cuesta más la burocracia que la justicia.
El sistema está roto y desarticulado. Mientras las víctimas de las Farc fueron marginadas en Justicia y Paz y sus escasos recursos de reparación se diluyeron en la JEP, otros sectores acceden a indemnizaciones múltiples.
Esta distorsión no es accidental; es el resultado de una estructura atravesada por la carga ideológica y la politiquería, que prefiere mantener a los afectados en el limbo para asegurar cargos y contratos como lo ha hecho este gobierno de Gustavo Petro, en el que la ineficiencia y la improvisación han alcanzado niveles vergonzosos.
No podemos seguir permitiendo que el dolor de 10 millones 200 mil colombianos sea el combustible de una entidad que gasta lo que debería entregar a las víctimas.
Nuestra propuesta en Oxígeno es clara: menos politiquería y más dignidad. Necesitamos un Fondo de Reparación que transforme la indemnización administrativa en capital semilla para proyectos productivos reales y, sobre todo, en vivienda digna con prioridad a quienes han sido afectados por el conflicto.
La mejor reparación es la autonomía económica y un techo propio, no un formulario eterno en una oficina pública.
Es hora de que el dinero llegue a la gente y no se quede en el escritorio de un burócrata.
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