¿Cuál es el impacto geográfico, social, económico y político de la distribución gratuita de 700.000 hectáreas de tierra para campesinos, campesinas, víctimas del conflicto, excombatientes y comunidades étnicas? ¿Cuáles son los aprendizajes y los retos de esta democratización de la tierra que tiene como meta 3 millones de hectáreas según el Acuerdo de Paz de La Habana de 2016? ¿Cuáles son las políticas públicas que deben acompañar los cambios con la entrega de la tierra? ¿De qué manera el compromiso de continuar o de acabar esta política, impactarán las campañas electorales en 2026? ¿Vencerá la Revolución Agraria de la izquierda o la Contrareforma de la derecha? ¿Estos avances serán percibidos por el electorado como cumplimiento de la tierra prometida por el gobierno de Petro?
Un impacto de esta política de distribución de tierra se puede observar en los procesos simultáneos como la distribución del espacio, cambios en la movilidad, en la ocupación y usos del suelo. Un movimiento de población que plantea nuevos requerimientos de acceso a servicios públicos e infraestructura local para habitar y producir en la tierra entregada. Se requieren acciones de Estado que asistan los cambios territoriales y demográficos o se corre el riesgo de perder la potencia de un movimiento poblacional propiciado por la democratización de las tierras. Así, la Reforma Agraria impactará la producción agropecuaria, la soberanía alimentaria y el mejoramiento de condiciones de vida del pueblo pobre en el campo de manera simultánea a los movimientos poblacionales.
En este marco por ejemplo, se presenta el reto de combinar la ubicación de las tierras con la ubicación de los beneficiarios y beneficiarias. Uno de los aprendizajes con esta política, es que en muchos municipios donde habitan potenciales favorecidos y favorecidas, no se encuentra la tierra para entregarles vía Reforma Agraria. Existe la tendencia a pretender que los predios a recibir se encuentren ubicados cerca donde se habita en la actualidad: eso tiene sus límites ya que la realidad es otra con respecto a la disponibilidad de tierras. Es difícil mantener el impacto positivo de la democratización de la tierra, si no se acompaña de políticas con incentivos vitales para un nuevo poblamiento del territorio producto de que muchas familias acceden a tierra por fuera del lugar de habitación actual.
En ese sentido, los cambios deben ser adoptados por el nuevo Ordenamiento Territorial, tema aplazado de la Constitución Política de 1991 y seguro protagonista en la nueva Constituyente. Los otros ingredientes de la política como el crédito, la capacitación, las herramientas, son limitados en el presupuesto pero hay otros retos que no son solo de finanzas para obras y más bien decisiones de Estado. El mapa y la distribución del espacio y del poder está lejos de reflejar y representar la realidad territorial de la población. Si bien hubo avances con las reformas de 2024 a los recursos del Estado que pasarán a los entes territoriales, también es cierto que avanzar en el Ordenamiento Territorial no puede esperar otros 33 años. ¿Reforma o Contrareforma?
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