El Estado colombiano es un complejo institucional planificado, administrado, operado y ejecutado por 1.398.483 seres humanos que asisten la realidad de una población de 53.057.212 habitantes, según los datos del DAFP y del DANE, respectivamente. Personas de cuerpo, alma e intereses, concretan las Políticas Públicas. Visto en cifras, en Colombia hay un servidor o servidora pública por cada 37 habitantes. En el caso del cuerpo de soldados y policías, a uno le corresponden 130. Contrasta con el ejemplo del personal docente, en el cual la relación es de 279 habitantes por cada profe. Está claro que el Estado Social debe crecer en términos cuantitativos y cualitativos. La burocracia no es una mala palabra. Otra cosa es que hereda la decadencia de la actividad política en nuestro país y por ello se ve en términos peyorativos.
El Departamento de la Función Pública contabiliza 309.098 servidores y servidoras públicas del orden territorial. Al respecto se puede sostener que después de tres años de ejercicio del primer gobierno popular en nuestra historia reciente, el balance de la militancia en las escalas subnacionales, indica que una buena parte de los cargos públicos en las regiones tienen continuismo en manos de los politiqueros y oportunistas de derecha. La crítica es que las instituciones territoriales del Estado central están ocupadas por personas que además de que vienen de gobiernos anteriores, siguen orgánicas de los partidos tradicionales con las consecuencias negativas que esa situación trae para la calidad de las políticas púbicas y la aceptación del ejecutivo entre el pueblo, especialmente militante.
El tema importante es si el Estado del Cambio Social adquiere el carácter de clase necesario para que pueda beneficiar a las mayorías empobrecidas, es decir, el carácter popular. Sin duda, al final del gobierno de Petro se notarán los avances en el desmonte del bloqueo burocrático, proceso que se debe profundizar. La crítica al continuismo de la vieja burocracia no debe ser reducida a la exigencia de un relevo de clientela o acaso a una pelea intestina por cargos públicos para resolver el empleo propio o del familiar que se graduó en la universidad. La ejecución del programa de gobierno debe superar la herencia neoliberal y clientelista y para eso necesita otro tipo de servidora y servidor público.
En esa dirección ¿Es posible construir una política de cuadros para la administración pública en medio de la creación de nuevas organizaciones políticas que las aleje del clientelismo? ¿Cuántas personas pueden ser remplazadas en sus cargos cuando cambia el gobierno? ¿Cuántos cuadros hombres y mujeres entran con el nuevo gobierno a ocupar los lugares de dirección y orientación de la acción del Estado? ¿Se deben profundizar estos remplazos en la transición hacia un gobierno popular? ¿Hasta cuándo se mantiene el derecho al trabajo de quienes utilizan sus escritorios como trinchera de la oposición? Se ha dicho con razón que el Congreso reviste importancia estratégica por la cantidad de cargos que elige en la estructura del poder judicial y electoral. Pero no olvidar que también tiene una incidencia en los cargos del poder ejecutivo, especialmente en el Estado regional.
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