El Gobierno Nacional tomó la decisión de eliminar el subsidio al diésel. Dicha disposición busca transparentar la economía y reducir las distorsiones causadas por un subsidio que, en 51 años de vigencia, no ha cumplido con su propósito; fuera de que le ha costado al país aproximadamente entre 1.100 y 1.200 millones de dólares al año, lo que significa más de 65 mil millones desde 1974. Conviene recordar que una característica de los subsidios debería ser la temporalidad –es decir, un apoyo cedido por un período corto y con un enfoque claro–, sin embargo, este se ha desviado hacia la minería ilegal, el contrabando y la producción de estupefacientes y usos particulares, alejándose de su objetivo real: beneficiar a los grupos vulnerables. Ahora bien, una medida de este tipo por supuesto que afecta intereses particulares, razón por la cual vemos, una vez más, movilizaciones planteadas y ejecutadas por diferentes sectores y espacios.
Las experiencias pasadas, cuando pseudodirigentes convulsionaron el país, provocaron pérdidas de 900 millones de dólares y más de 1.100 millones en 2019 y 2022, respectivamente, además de momentos de angustia en las ciudades y carreteras, la pérdida de la producción petrolera y de otros sectores económicos, los ataques a infraestructura estratégica y la destrucción de bienes públicos y privados, entre otros desmanes. Las nuevas movilizaciones, convocadas especialmente por la CONAIE, en lugar de tender puentes, están generando caos y amenazando los avances reflejados en mejores indicadores macroeconómicos, como la reducción del riesgo país, el incremento del consumo, la mejora en la recaudación tributaria, el aumento de las ventas locales y externas, por mencionar algunos.
Los pueblos indígenas se han caracterizado por su lucha, su trabajo y su honradez; pero, lastimosamente, existen “autoridades” que ponen en tela de juicio esa reputación tan labrada e histórica por intereses particulares. Siendo cierto que nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, esta debe realizarse dentro de los parámetros legales y normativos, para que no derive en nuevas transgresiones que afectan al Ecuador y que, lamentablemente, suelen quedar impunes.
Esperemos el concurso de todos los actores políticos, económicos y sociales para que comprendan la importancia de decisiones como esta y podamos avanzar como país, garantizando que el bienestar y el desarrollo de todos los ecuatorianos estén primero, y no el favor de unos pocos. Construir lazos es indispensable para que cada sector sea escuchado y representado; de ese modo, migraremos hacia un país de oportunidades, inversión y creación de empleo. Esta meta se aleja cada vez que se emprenden acciones que caotizan al Ecuador.
Recordemos que nos encontramos próximos a elecciones y que la convocatoria a movilizaciones se convierte para algunos en una palestra para mostrarse como “líderes” con “poder de convocatoria”. Confiemos en la madurez de quienes son llamados a movilizarse y que defiendan al país antes que en los intereses de su “dirigencia”, y actuemos en consonancia con las aspiraciones que tenemos como ciudadanos: trabajar en paz y buscar un siempre anhelado progreso. Es evidente que los únicos beneficiarios de poner trabas al desarrollo del país están claramente identificados.
La versión original de esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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