¿La Jurisdicción Especial de Paz será la mejor oferta de la Paz Total para las organizaciones que siguen armadas y creciendo? ¿Cómo se ven estas en el espejo actual de la JEP? ¿Hay correlación entre su crecimiento y el desempeño de esta Jurisdicción? ¿Cuáles pueden ser los nuevos acuerdos en materia de justicia y verdad? ¿Cuáles son los aprendizajes con el equilibrio entre el aporte a la paz y la justicia? ¿Habrá Paz Suburbana? ¿Cuántos apellidos merece La Paz?
La JEP es el componente judicial del Sistema de Verdad derivado del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre las extintas FARC EP y el Estado en 2016 y en La Habana, Cuba. Por tal tazón, se suma la pregunta cómo están interconectados los diferentes componentes del Sistema, a saber, la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de Personas Desaparecidas. Entre los componentes deben haber “protocolos de colaboración”.
Desafortunadamente, el correlato de la JEP es el incumplimiento del Acuerdo Final en su integralidad. La Paz desfinanciada es un factor determinante para que las cosas no mejoren. Una Jurisdicción que nació para cerrar el conflicto, se ve enfrentada a la agudización del posconflicto. Se pone a prueba el principio de No repetición cuya “garantía” la constituyen “el fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas”.
El antiguo Secretariado de la extinta organización guerrillera ha evaluado la situación actual en términos de una JEP descarrilada, para referirse a la distancia entre lo acordado, lo firmado y su realidad actual. Pero más allá de que la oligarquía nos tiene acostumbrados a la promesa incumplida, lo cierto es que la JEP tiene grandes retos en facilitar los caminos hacia reducir significativamente la violencia en Colombia y la cerrar conflictos armados donde la verdad continúa siendo esquiva.
Los actores armados también tienen como espejo la otra parte que ha cumplido con por lo menos el desarme de cerca de 12.000 personas y que hoy se mantienen en la reincorporación a la vida civil. Muy a pesar del descarrilamiento de la JEP, que se traduce en la incertidumbre jurídica y en la profundización de la estigmatización, creando condiciones adversas para la vinculación laboral, por ejemplo. Se puede constatar que las extintas FARC EP continúan aportando con el reconocimiento de verdad y responsabilidades en la Justicia Transicional.
La Paz merece todos los apellidos habidos y por haber. Si da para llamarla Paz Urbana, es preciso con las particularidades del territorio. Lo que no es preciso, es ruralizar el Acuerdo Final del 2016 el cual integró el enfoque territorial. Por las características de la violencia actual, habría que dar lugar a la Paz Suburbana, teniendo en cuenta además los movimientos demográficos y territoriales del país. Seguramente la JEP, esta u otra, allí enfrentará especificidades como retos del desenlace de los casos actuales.
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