La realidad colombiana pide a gritos la financiación estatal de las campañas electorales. Si en alguna Nación ha hecho daño la relación entre la política y el dinero, es en la nuestra. Es muy dudosa una democracia en la cual la disputa por el poder político, se define con criterios económicos como la campaña que más invierte dinero. El dinero es capacidad de comprar votos, torcer jurados, manipular las masas, apabullar contrarios y al final, el dinero captura el Estado. Por esta razón quedó acordada una reforma política en el Acuerdo de Paz de La Habana en 2016. Obviamente con muchísimos enemigos que ven en esta relación una oportunidad de emprendimiento.
Quien quiera vivir y morir rico, adinerado y como un burgués, no debería dedicarse a la actividad política, pública y de representación ciudadana. Mucho menos en un proyecto político popular que representa lo contrario a esa mercantilización de la política. El daño causado con la multiplicación y naturalización de esa plaga, ha impactado de manera negativa la sociedad y de manera particular al pueblo pobre. La apatía política, la deslegitimación del régimen, la abstención electoral, la violencia política, encuentran explicaciones en esa decadencia de la actividad política como negocio particular. Hoy, el primer juicio al “político”, es la duda.
Un sistema político con presencia determinante del dinero, está más cerca de los intereses del delito de cuello blanco que de la sociedad. Capturado el Estado por esa delincuencia, hace inviable cualquier proyecto de Bienestar y no es solo un asunto del presupuesto que se pierde en la corrupción y que regresa a los inversionistas en las elecciones. No. Se trata de un sistema político que niega las garantías políticas para que sectores excluidos histórica y estructuralmente, sin dinero, participen con alguna viabilidad de éxito electoral.
En los partidos de derecha, esta es una relación institucionalizada producto de décadas en la conducción de las administraciones y los gobiernos. Si bien tienen sus dirigentes presentados como prohombres para después lapidar como ladrones, nunca esos partidos han tenido la dignidad de reconocer su participación en esta plaga sembrada en el Estado y en la sociedad por ellos mismos. Elecciones tras elecciones han presentado sus mejores hombres, buena parte de ellos politiqueros y responsables del descredito de la actividad política con consecuencias en la violencia.
Por esa razón es doble el daño cuando individuos con origen en las organizaciones de izquierda, y peor aún, con un lugar en el gobierno del Cambio, cometen actos de corrupción para enriquecerse. Con la esperanza de las mayorías empobrecidas no se juega. Han sido décadas intentando por todos los medios para cambiar el estado de las cosas. Por ello, esa contradicción de enriquecerse de la política debe ser rechazada con contundencia en el Campo Popular. Una parte importante de la continuidad depende de ese deslinde radical y de seguir construyendo la propia identidad popular en política.
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