“BOGOTÁ (4 de septiembre de 2024) – La paz en Colombia sólo puede alcanzarse abordando la división de clases y la discriminación generalizada a la que se enfrentan las personas en situación de pobreza en el país, ha afirmado el experto en pobreza de la ONU al término de su visita al país.” (Página de derechos humanos de la ONU: Colombia,2024)
Una de las observaciones más importantes que realizó el relator especial de la ONU, Olivier De Schutter, durante su estancia en Colombia, se basa en el análisis del estrecho vínculo entre la segregación social y la ausencia de paz en el país. Pese a que muchos pueden discrepar de esta postura, afirmando que la paz solo se logrará con el fin del conflicto armado, existen otros elementos indispensables y robustos, siendo el conflicto armado en realidad la punta del iceberg. Como lo explica el experto la permanencia de desigualdad social y una notoria pobreza extrema en el país se erradicará como un círculo vicioso y sería un obstáculo para erradicar una paz continua.
De Schutter recalca la necesidad de indagar y cuestionar las verdaderas causas de los conflictos que no permiten la paz. Aunque es claro el papel principal de los grupos armados en Colombia, no se puede deslegitimar el impacto que la desigualdad social tiene en esta ecuación. Analiza cómo los individuos de una clase socioeconómica alta, denominados “ricos” y sujetos pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos, considerados “pobres” en el país viven en realidades totalmente disimiles, a pesar de habitar el mismo espacio, y cómo esas dos realidades nunca se cruzan. Schutter enfatiza que, si no se afronta esta estructura de desigualdad social, cualquier intento de lograr la paz será insuficiente, ya que la discriminación y la pobreza son factores clave en la violencia persistente.
El relator, lejos de apartarse de la realidad colombiana, resalta que la violencia y los conflictos armados en el país han estado históricamente entrelazados con la injusticia social. Esta desigualdad se refleja, aún más, en la brecha económica y la falta de acceso a educación, salud, empleo y oportunidades, tensiones que alimentan la violencia y perpetúan la ausencia de paz.
Un ejemplo claro de esta dinámica es la histórica concentración de tierras en Colombia. Según estudios, el 1% de los propietarios controla el 81% de las tierras agrícolas del país. Esta desigual distribución ha sido un factor crucial en el aumento de los conflictos armados, que han desplazado a campesinos e indígenas, beneficiando únicamente a las grandes empresas privadas que continúan acumulando tierras.
En este contexto, el nuevo gobierno de Gustavo Petro busca implementar una reforma agraria integral, que no solo pretende redistribuir las tierras improductivas o mal utilizadas, sino también otorgarlas a campesinos y comunidades afectadas por los conflictos. Además, la política del gobierno incluye la formalización de la propiedad rural, proporcionando títulos de tierra a quienes han vivido en la informalidad, lo que también fortalecería la economía rural a través de la inversión en infraestructura.
En definitiva, si Colombia quiere realmente alcanzar la paz, debe reconocer que el fin del conflicto armado es solo una parte del problema. La verdadera paz solo será posible cuando se enfrenten las profundas desigualdades que dividen a la sociedad y perpetúan la violencia.
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