“El primer desafío que tiene Colombia es que la ciudadanía en general conozca de los postulados constitucionales, así sea de la manera más básica posible. Esto es crucial para múltiples cuestiones, por ejemplo, para cuestionar el poder, para fortalecer la democracia, para exigir derechos y cumplir con obligaciones y para mitigar problemas relacionados con la falta de confianza en la institucionalidad. ”
La Constitución, también conocida como la Carta Magna, la Carta Política, la Ley de Leyes o la Norma fundamental, es la norma jurídico-política más importante que tienen los Estados. Allí, las Asambleas Nacionales Constituyentes o los respectivos órganos, representando al pueblo, consagran los pilares, principios y valores que determinarán el futuro de la respectiva nación y las reglas de juego de la ciudadanía toda. En nuestro caso, es decir, en el de nuestra República, tenemos la Constitución de 1991, promulgada gracias por la votación positiva en la séptima papeleta. Dicha Carta Magna es, a ultranza, garantista y aspiracional, a saber, porque consagra un amplio catálogo de derechos fundamentales, porque el Poder del Estado tiene la obligación de crear condiciones que permitan el ejercicio real de éstos y porque la Constitución es el faro que guía la sociedad hacia lograr un mejor futuro. Sin embargo, en la actualidad, el constitucionalismo colombiano tiene grandes retos, entre ellos, hacer que todos los colombianos, o al menos la mayoría, conozcan de sus garantías principales y de la estructura estatal, para ejercer plenamente sus prerrogativas y confrontar al poder. Así, pues, con esta columna, pretendo dar a conocer el mayor reto que debemos tratar: la enseñanza en materia constitucional.
El artículo 01 de la Ley 107 de 1994 consagra las famosas horas constitucionales, indicando que, para poder obtener el grado de bachiller, se deberá haber cursado cincuenta horas de estudios constitucionales. En dicho marco, todas las instituciones educativas de la República tienen la obligación de fomentar y promover la divulgación de las disposiciones constitucionales. No obstante, parece que nos hemos quedado cortos en tal aspecto, pues parece ser que son temas que solo conocen los abogados o los politólogos. Es decir, naturalmente han de conocerlo, porque es apenas lógico, pero no solamente ellos son los convocados a conocer de las normas de la Constitución. Así, pues, he logrado observar que a la mayoría de las nuevas generaciones les da pereza conocer acerca de estos aspectos, quizás porque hay que reformar la pedagogía de las horas constitucionales, en el sentido de que a las personas les llame la atención.
El primer desafío que tiene Colombia es que la ciudadanía en general conozca de los postulados constitucionales, así sea de la manera más básica posible. Esto es crucial para múltiples cuestiones, por ejemplo, para cuestionar el poder, para fortalecer la democracia, para exigir derechos y cumplir con obligaciones y para mitigar problemas relacionados con la falta de confianza en la institucionalidad.
La oportunidad que creo que tenemos con esto es que se haga una reforma a la educación, para que jóvenes, adultos mayores, adultos, afros, indígenas, mestizos y población en general conozcan de sus derechos. Una sociedad que avanza en educación es una sociedad que desarrolla muchos de sus aspectos fundamentales, cosa que Colombia necesita imperiosamente.
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