Cuesta trabajo entender si es por terquedad que el gobierno insiste en un presupuesto desfinanciado o si todo hace parte de una estrategia para no someterse al congreso y así tener el control de la distribución de las partidas.
De no creer que el gobierno haya sido incapaz de lograr consensos con las comisiones económicas del congreso sobre el presupuesto de la nación, asunto que suele ser relativamente fácil en la gestión económica del estado. Con ello pierde la democracia y se fractura una relación entre el legislativo y el ejecutivo, que pone en dificultades futuras reformas, pero además pone de presente la dificultad que tiene el ejecutivo para entender que aun en materia fiscal, el país tiene pesos y contrapesos que deben respetarse. Y esto último lo digo, porque apresuradamente y lejos de la fecha que prevé la ley (20 de octubre), el gobierno anuncia que decretará el presupuesto por el monto desfinanciado que propuso y que negó el congreso, en una suerte de “dictadura fiscal”.
Cuesta trabajo entender si es por terquedad que el gobierno insiste en un presupuesto desfinanciado o si todo hace parte de una estrategia para no someterse al congreso y así tener el control de la distribución de las partidas, con afectaciones profundas a la mayoría de las regiones de Colombia y en especial a las del caribe, Orinoquía, Antioquia, Santander y eje cafetero.
El gobierno no quiere comprender, que el presupuesto de 523 billones es irracional e irresponsable. Es un presupuesto que mínimo no tiene fuente de recursos garantizada por 12 billones, pero que siguiendo analistas independientes y el CARF, tiene una desfinanciación superior a 35 billones de pesos. ¿Cómo es posible que siga insistiendo en ese monto, y ahora por decreto? ¿Por qué no hace el mínimo esfuerzo de eliminar tanto “derroche” de gastos de funcionamiento, que crecen en 117 billones entre 2023 y 2025, con crecimientos anuales promedio del 20%, cuando la economía crece cerca del 0%?.
Pero ahora, sin sonrojarse, echan las culpas al gobierno anterior por el subsidio de combustibles que debe pagarse en 2025. Resulta que la totalidad de dicho subsidio es por no haber cerrado el diferencial de precios de ACPM, por decisión explicita del actual gobierno desde el 2022 de comprometerse con los transportadores a no subir precios de ACPM. ¿Acaso el gobierno anterior ahora es también responsable de las promesas de campaña del actual gobierno? Lo que debe seguir es que el Congreso siga siendo responsable, hundiendo la reforma tributaria, primero porque no sería coherente rechazar el monto y seguir en esa reforma tributaria.
Pero segundo, porque es una reforma peligrosa al flexibilizar la regla fiscal y permitir el “derroche” en proyectos “verdes” que no entrarán ni en el déficit ni en la deuda. Ningún inversionista o calificadora de riesgo entenderá esto, y llevará a elevar el riesgo país, más tasa de cambio y más costos de financiación pública y privada. Pero además es una propuesta que con el “dulce envenenado” de bajar la tasa corporativa, sube los costos de las empresas (ej. Más impuesto al carbono) y el costo del capital a los inversionistas.
Finalmente, pilas con el artículo 346 de la constitución que dice que el presupuesto debe “elaborarse, presentarse y aprobarse en un marco de sostenibilidad fiscal”, que no ha sido el caso y por lo cual el prepuesto corre el riesgo de caerse en la Corte Constitucional.
*Rector Universidad EIA
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