La educación en Dosquebradas está en crisis, afectada por la desidia administrativa y la posible colusión sindical. La falta de transparencia y la evasión de responsabilidades están dejando a nuestros estudiantes sin la educación que merecen.
En Dosquebradas, la educación sufre en silencio bajo el peso de la desidia administrativa y la posible colusión sindical. Frente a nosotros, una maraña de evasivas y respuestas incompletas se despliega, mostrando un panorama en el que la opacidad es la norma y no la excepción. Esta situación, lejos de ser un simple descuido burocrático, apunta a una posible confabulación entre la Secretaría de Educación de Dosquebradas y los sindicatos de educadores locales, cuyas acciones parecen estar coordinadas para eludir responsabilidades en lugar de afrontarlas.
La falta de acceso a información crítica sobre las jornadas de clase perdidas y las actividades sindicales viola el derecho a la información pública y evidencia una indiferencia hacia el impacto educativo en la vida de miles de estudiantes. Esta indolencia administrativa, sumada a una posible complicidad con estructuras sindicales, configura un escenario donde los más afectados son, irónicamente, los que menos voz tienen en esta ecuación: nuestros niños y jóvenes.
En un esfuerzo por arrojar luz sobre la situación educativa en Dosquebradas, se presentó un derecho de petición meticulosamente detallado a la Secretaría de Educación. La solicitud era clara: requería información precisa sobre los días de clase perdidos debido a jornadas de paro, así como detalles sobre los permisos de actividades sindicales y la recuperación de jornadas académicas. Esta petición no solo buscaba transparencia, sino que pretendía evaluar el compromiso de la administración con la educación de los jóvenes del municipio.
La respuesta de la Secretaría, sin embargo, fue una lección de evasión. Lejos de satisfacer las demandas de información, se limitó a sugerir que dichos datos deberían ser solicitados directamente a los sindicatos involucrados, en específico a FECODE, un ente que ni siquiera era el foco principal de la petición, al ser una Federación y no propiamente un Sindicato. Esta delegación de responsabilidades, más que una simple respuesta administrativa, refleja una desconexión con las necesidades informativas y educativas de la comunidad.
Esta respuesta por parte de la Secretaría de Educación, en representación del ciudadano José Alberto Loaiza, subraya una negligencia administrativa y sugiere una posible falta de control o complicidad con los movimientos sindicales, cuyas acciones directamente impactan el calendario académico y, por ende, el futuro de los estudiantes del municipio. Situación que plantea interrogantes serios sobre la eficacia y transparencia de quienes están a cargo de velar por la educación en nuestra localidad, ¿está la Secretaría de Educación cumpliendo sus funciones?
La incapacidad de proporcionar información básica, que debería estar disponible y ser de fácil acceso en cualquier administración transparente y funcional, sugiere que podría haber un acuerdo tácito para mantener ciertas operaciones en las sombras, evitando así el escrutinio público y las posibles críticas a la gestión de la educación.
Sea cual sea la razón de la omisión, se termina afectando la confianza en la Secretaría de Educación, una vez que no se contabilizan adecuadamente los días de clase perdidos ni se verifica la participación efectiva de los docentes en las jornadas sindicales, corriendo el riesgo de que la educación en el municipio se convierta en rehén de intereses particulares, quedando lejos del ideal de un sistema educativo que promueva equidad y excelencia académica. Esta falta de transparencia y seguimiento adecuado además de ser un fallo administrativo; es un fallo moral que requiere atención inmediata por parte de la comunidad.
Estamos ante una crisis educativa que amenaza con dejar cicatrices profundas en la sociedad de Dosquebradas. Los estudiantes, quienes deberían ser los principales beneficiarios de un sistema educativo robusto y transparente, son los más afectados. La pérdida de días de clase sin un plan de recuperación efectivo compromete su aprendizaje y desarrollo, preparándolos de manera insuficiente para los desafíos futuros.
Este fracaso administrativo perpetúa la desigualdad y debilita la justicia social. Un sistema educativo que no logra garantizar la equidad en el acceso a la educación de calidad está fallando en uno de sus principios más fundamentales. El resultado es una comunidad desprovista de oportunidades equitativas para todos sus miembros, lo que podría exacerbarse si estos problemas no se abordan con la seriedad y urgencia que demandan. La falta de acción y responsabilidad no es solo un problema educativo, sino un reflejo de una mayor injusticia social que aflige a Dosquebradas.
Hago un llamado urgente a los ciudadanos y a las autoridades superiores para que intervengan de manera decisiva. Debemos establecer mecanismos de veeduría ciudadana que aseguren el cumplimiento de nuestras demandas y sostengan a los responsables ante la justicia administrativa y social. Solo entonces, podremos esperar reconstruir la confianza en un sistema que debería estar al servicio del pueblo y no al revés. Yo continuaré solicitando la información, acogiéndome a los mecanismos que el Estado de Derecho me facilita y haciéndole una necesaria veeduría a los sindicatos de educadores.
¡Nos leemos en la segunda parte!
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