“El comportamiento de nuestras instituciones políticas en los últimos veinte años ha estado mediado por la desvinculación de determinados actores sociales en la toma de decisiones y la inexistencia de una representatividad real del sistema democrático”
Daron Acemoglu y James Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”, reconocen que la historia de Colombia ha estado determinada por elecciones democráticas, pero este fenómeno no implica que tengamos instituciones inclusivas. El factor que nos impide llegar a este ideal consiste en la reincidencia de unos círculos viciosos que aún nos siguen afectando, pero manifestados de diferentes formas.
La cuestión es simple, históricamente hemos tenido grandes avances que han permitido abrir espacios de participación a diversos sectores de la población, sin embargo, la existencia de estos círculos impide que se materialicen en la vida real. Uno de los tantos círculos del que hemos estado hablando, consiste en que las instituciones políticas de nuestro país no generan incentivos para que los políticos proporcionen servicios públicos, ley y orden.
Y como al caído, caerle, atravesamos una crisis de representatividad política que tiene como principales secuelas: la desconexión entre el poder político y los ciudadanos, y la pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales. A tal punto que en el argot popular se cree que el servidor público es el problema y no la solución, y este panorama nos plantea una pregunta ¿Dónde queda la democracia participativa que reivindica el papel del ciudadano en los procesos decisorios?
Esta exclusión y desigualdad se vive con mayor fuerza en regiones como la del Caribe, que han quedado rezagadas a una dinámica de desarrollo económico incipiente durante el siglo XX; y sumado a grandes desventajas como causa del centralismo político que impide mayor inversión social. Sin desconocer que detrás de estas dos grandes vigas hay factores negativos de cultura política y tributaria.
No es casualidad que la mayor crisis de representatividad política se viva en esta región, y en parte, las exigencias presentadas ante la esfera del legislativo y el ejecutivo son fundadas en una ausencia del Estado que impide la garantía de los servicios públicos. La solución desde el punto de vista de Acemoglu y Robinson se reduce a una dinámica de repartición de poder más inclusiva, y que del mismo modo responda a la capacidad de distintos grupos sociales de actuar colectivamente en beneficio de intereses comunes.
Y la tarea se puede ir haciendo poco a poco, es cuestión de buscar soluciones concretas a problemas sensibles para la población, como es el caso de la energía eléctrica. Si una serie de decisiones políticas pasadas ocasionaron el calvario de las altas tarifas, la capacidad de gestión se mide en las propuestas solidas que se presenten del tema, y no en medidas populistas como “la vaca por el Caribe”, que pretenden abanderar causas políticas inexistentes, son insuficientes para la magnitud del problema y no plantean nada nuevo al debate.
La región Caribe tiene grandes vocaciones turísticas, agroindustriales, ambientales y energéticas, sobre todo en departamentos como Córdoba y Sucre, que gozan de un gran potencial económico y productivo. Y factores como la crisis de la representatividad política nos tienen en el último puesto de la fila, porque generamos la energía suficiente para nuestro consumo y suministrar al resto del país, pero tenemos una de las tarifas más altas a nivel nacional; y, a pesar de nuestra vocación rural, ciudades como Montería y Sincelejo se catapultan entre las cinco más costosas de Colombia. ¿Qué otra explicación hay para esto?.
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