En Alponiente.com conversamos con el Diputado de la Asamblea de Antioquia Juancho Muñoz, sobre el tema de minería y la situación actual del Gobierno Nacional en el Departamento de Antioquia.
AP: ¿Cuál es su percepción sobre la coyuntura que se viene presentando con la delegación minera?
JM: Creo que se hizo del hecho un fenómeno político funcional a una narrativa que se está construyendo desde el departamento, según la cual el “Gobierno Nacional no quiere Antioquia”, pero lo que hay detrás de la no prórroga de la delegación es el cumplimiento de la Ley, porque resulta que la delegación que se establece desde el 2011, crea la Agencia Nacional de Minería y desde ese mismo año, se establecen unas delegaciones para algunos departamentos en específico.
Hay que entender que en esa época la Agencia Nacional de Minería no tenía toda la capacidad para responder por titulación, contratación, seguimiento y fiscalización del recurso minero en los departamentos, entonces lo que hace es “echar mano” de secretarías de departamentos que tuvieran mayor capacidad, haciendo esto de un proceso temporal. Ahora bien, todo esto fue hasta que la Agencia Nacional de Minería, que por el decreto Ley 4134 de 2011 se vuelve la autoridad única en el país y es allí que tiene la capacidad técnica y fiscal para llegar a todo el territorio, pues se realizan unas delegaciones en Antioquia, en Caldas, en Norte de Santander, en Boyacá, entre otros.
Dos años después de crear la agencia, es decir, ya en el 2013, la Agencia Nacional de Minería vuelve a ser autoridad única en tales departamentos y le retira la competencia delegada a los mismos, exceptuando Antioquia. ¿Por qué a nosotros? A mi parecer, esto se debió a razones políticas y que hablaremos de ellas más adelante.
Después de esto, se dan sucesivas prórrogas a la delegación y esas se vuelven autoridades únicas en esos departamentos, además, según la Corte Constitucional, se deben interrumpir, ya que la delegación nunca puede ser en la práctica permanente, sino que es temporal. Durante este tiempo, se han establecido dos convenios, uno en el 2013 y otro en el 2015, que es lo que constituyen en la realidad práctica: una delegación y, por tanto, inconstitucional en esa medida. La decisión de no prorrogar es una decisión que, además, está atendiendo al cumplimiento de la constitución y la ley.
Sin embargo, en Antioquia y el sector de la clase política vinculada a proyectos de megaminería, y sobre todo el gobernador Andrés Julián y su bancada, han utilizado esto para sostener una campaña que han venido liderando, según la cual hay un gobierno nacional que se ha dedicado a atacar al departamento de Antioquia.
AP: ¿Es legal o no la suspensión de la delegación?
JM: No solo es legal, sino que además es el cumplimiento real de la ley, es decir, está orientado a cumplir la misma desde varios sentidos. El decreto Ley 4134 del 2011 tenía un artículo según el cual las delegaciones de competencias podría ser permanente, pero ese artículo fue declarado Inexequible por la Corte Constitucional, es decir, la Corte le dijo, ojo, que no puede ser permanente, tiene que ser temporal y luego hay otras, la C-036 de 2005 y la C-727 del 2000, que lo que dicen es se pueden delegar competencias bajo unos principios y una de ella es que se tengan las condiciones para asumir las competencias, entre otros, y, fundamentalmente, que la delegación de competencias sea transitoria y resulta que en Antioquia no se ha interrumpido desde el 2011. En esa medida, ya venía estando en contravía de la ley, de las sentencias de la Corte y en última sería un proceso inconstitucional.
AP: ¿Esto afecta el proceso de formalización? ¿Significa que Petro está contra los mineros de Antioquia?
Algunos políticos de Antioquia han dicho que la decisión de no prorrogar la delegación Antioquia es una decisión política de Petro, en la medida en que el Presidente tiene un aire de revancha contra el departamento, ante eso, pues lo primero es que no es cierto, realmente sí se da por un cumplimiento de la ley, lo segundo es que, dicen que va a afectar al pequeño y mediano minero y tampoco porque por el contrario el proceso de formalización que ha venido impulsando la Agencia Nacional de Minería en este nuevo periodo de Gobierno con el Ministerio de Minas es mucho más ambiciosa para ellos.
La idea que articulen a los mineros es brindarles una formación con potencialización de la actividad productiva con diversificación productiva, incluyendo unas áreas de reserva con potencial de minerales energéticos, por ejemplo, en el bajo Cauca y 18 áreas de reserva proyectadas en donde se podrán formalizar mi dineros que tengan actividad económica, en lugares donde ya haya título y que requieran Tierra para para desarrollar actividad propia con títulos propios a partir de la Organización de mineros libremente asociados.
Entonces, realmente lo que cambia es quien autoriza los títulos y quién va a hacer seguimiento a los títulos. Eso no afecta al pequeño y mediano minero, eso afecta a algunos políticos que mercadean con los títulos, con el seguimiento, el control y la fiscalización de los mismos y todo esto que está pasando, obedece a una política del Gobierno Nacional que no solo busca la transición energética, sino que busca la dignificación del pequeño y mediano minero para que pase por un acompañamiento y protección del Estado y no pase por el lobby de los políticos o la corrupción como se venía dando en Antioquia.
AP: ¿Cuál es la agenda de la Agencia Nacional de Minas y el Ministerio para Antioquia?
JM: En Antioquia lo que hace es aumentar su planta de personal para activar un punto regional de la Agencia Nacional de Minería que está instalado en Medellín, además de instalar dos puntos locales en el bajo Cauca, que es la zona donde está la actividad minera de Antioquia. ¿Qué quieren decir estos dos puntos de atención local? Que existe una presencia territorial de la agencia y descentralización de las funciones de la misma, es decir, la agencia, llegando a los territorios. Además, se proyecta otro punto local para Buriticá y empieza todo el proceso de construcción colectiva participativa ciudadana de lo que será el distrito minero, puesto que se busca por un lado, formalizar en dignidad con justicia social, pero también diversificarla.
Hay zonas de alta actividad minera en donde los ciudadanos quieren, además de la minería, producir otras cosas, producir comida, tener actividades de de varios tipos en materia productiva y que no lo pueden hacer por las dinámicas propias de las zonas de alta actividad minera, es por ello que lo que busca el distrito es articular, sin perjudicar la actividad minera (que esta sea sostenible y sustentable con otras fuentes) y no privarse de otros medios productivos como la pesca, la agricultura, etc.
También se tienen otras iniciativas como las comunidades energéticas, que lo que busca es avanzar hacia formas de energía limpia, pero de la mano de las mismas comunidades para que construyan sus partes de energía, además de tener a personas ayudando en la infraestructura y brindando una capacitación puesta por parte del Ministerio para que administren su propio recurso energético. Es importante saber que ya hay convocatorias abiertas para que las comunidades se presenten, participen y es una oportunidad para que no dependan de las diferentes empresas de energía que hay en el país, que cuando quieran pueden realizar un apagón y es allí que se crea la soberanía energética limpia.
Preguntas rápidas.
Un libro.
Taberna y otros lugares.
Una canción.
El necio.
Un lugar de Antioquia.
Peque.
Un político que admire.
Pablo Iglesias.
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