Una encuesta regional de Gallup, de junio del año pasado, mostraba que uno de cada dos colombianos, el 49%, se iría del país si pudiera, la cifra más alta de los trece países en que se realizó el sondeo. El número de colombianos que buscan migrar, incluso de manera ilegal, ha crecido de manera sustantiva desde 2022. La migración neta de ese año, es decir, los colombianos que salieron y no regresaron, fue de 547.000, 2,7 veces el promedio de los últimos veinte años. Aunque no hay cifras consolidadas para 2023, las mensuales conocidas mostraban un crecimiento mayor al 13%. Así, entre enero y noviembre, 50.260 colombianos solicitaron asilo en España, un 39% más que en 2022. Y 167.388 colombianos fueron detenidos en el año fiscal 2023 por intentar ingresar irregularmente a Estados Unidos, 1.595% más que en el 2021, cuando fueron apenas 10.495. La mayoría de migrantes son jóvenes y quieren trabajar, de manera que el costo para el país es enorme.
Las razones del éxodo son variadas. Algunos son migrantes económicos que temen los impactos de la desaceleración económica y la incertidumbre que provoca la administración Petro. Otros huyen de la creciente inseguridad. Si el gobierno no cambia de rumbo, el problema se agravará en el 2024.
En efecto, hasta noviembre de 2023, cifras de MinDefensa, el secuestro había crecido un 167% y la extorsión denunciada un 8%. El homicidio, según Medicina Legal, la autoridad en este tema, había aumentado un 5,3%. El gobierno dice que ha bajado un 1% pero no cuenta es que esa disminución marginal es resultado de un polémico cambio de metodología. En fin, para Navidad ya habían ocurrido más masacres y con más muertes que en 2022. Y aunque como resultado de los ceses del fuego han disminuido los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos violentos, las confrontaciones entre esos grupos aumentó un 85%.
Lo cierto es que la sensación de inseguridad es creciente tanto en las zonas rurales como en las ciudades. No hay dirección civil ni estrategia. La política de defensa y seguridad gubernamental, confusa y tardía (emitida apenas en abril de 2023), no está dando resultados. Cinco son las razones fundamentales. Primero el enorme costo, en liderazgo, experiencia y moral institucional, de la barrida de generales tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía. En contra de lo que muchos civiles piensas, un general no se hace de un día para otro y no es reemplazable a priori por un coronel. Como la purga, además, se hizo por razones ideológicas, muchos oficiales y suboficiales de otros niveles prefirieron pedir la baja. Y la sensación de que la carrera militar y policial quedó sujeta a los caprichos gubernamentales y a los juegos de poder dinamitó la moral interna y propició pugnas intestinas.
Segundo, el fracaso de la política de «paz total» del gobierno. No solo ha sido improvisada y ha pretendido saltarse la Constitución y las leyes, buscando la liberación de criminales comunes privados de la libertad o la entrega de beneficios de indulto y amnistía a bandas de delincuencia organizada, acciones que han sido frenados o corregidos por el Congreso, la Fiscalía y la Corte Constitucional, sino que el contenido y la aplicación de los ceses de fuego han traído en paralelo el retiro de las Fuerzas Militares de amplias áreas del país y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, profundizando la ausencia de control territorial por parte del Estado. Cada vez son más y más grandes las zonas donde imperan los violentos.
Tercero, y casi no se habla de ello, el desastre de la política en materia de narcotráfico. El gobierno renunció no solo a la fumigación con glifosato sino a la erradicación forzada y el país se inundó de coca. Las finanzas de los violentos están boyantes como nunca y los bandidos dedicados a luchar entre ellos, ante la pasividad gubernamental, por el dominio de cultivos y rutas. Y aunque el gobierno dice haber aumentado un 13% las incautaciones, las cifras no coinciden con las de Fiscalía y parecen estar manipuladas y contar decomisos hechos fuera del territorio nacional y por autoridades de otros países.
Después, el gobierno renunció a usar la capacidad aérea, una de las ventajas estratégicas del Estado frente a los violentos. No solo se dejaron de bombardear los campamentos y unidades de los grupos ilegales sino que tampoco se realizan asaltos aéreos ni se acompañan las operaciones de infantería con helicópteros y fuego desde el aire. De hecho, las operaciones en tierra dejaron de tener el acompañamiento aéreo que les es indispensable.
Finalmente, Petro se ha dedicado, de la mano de sus excompañeros en el M19 y del incompetente y sibilino ministro de Defensa, a desmontar el aparato nacional del inteligencia. Si la purga de generales ha sido enorme, la de los oficiales y suboficiales de inteligencia ha sido feroz y sin cuartel. El gobierno está empeñado en cambiar no solo la doctrina sino en borrar del mapa a los uniformados que tantos éxitos trajeron en la lucha contra los terroristas y los mafiosos. La situación en la Dirección Nacional de Inteligencia es aún peor que en las Fuerzas Armadas.
En esas circunstancias, todo hace prever que el 2024 en materia de seguridad será aún peor que un 2023 que fue el de más malos resultados desde que se firmara en 2016 el pacto de Santos con las Farc.
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