Bajo la silenciosa propuesta por parte de la presidencia por reformar ciertas prohibiciones de la ley 160 de 1994, presentada a la Cámara de Representantes con el fin de regular el asunto de los baldíos en Colombia, donde se pretende quitar algunas proscripciones de dicha ley para hacer más flexible la adjudicación de terrenos baldíos para ciertos particulares, hay que tener presente algunas consideraciones.
Teniendo en cuenta que dicha ley profesa “Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina.” Al intentar modificarla para entregarlas a otros sujetos que no sean campesinos va en contradicciones con los mismos objetivos que se promulgan ahí, es decir, ya no se tendría en cuenta a los campesinos si no a otros particulares para explotar la tierra, prácticamente es un intento de cambiar la razón de la ley, que son devolver las tierras usurpadas por los paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, dado que esta ley va conforme y alineada con los procesos de restitución de tierra; así la razón de la ley ya no sería el bienestar social, si no los intereses de la explotación y producción de una u otra forma libre de los terrenos baldíos en manos de otros para quienes no fue hecho dicho proyecto .
Sinceramente al deformar esta ley se pierden los valores de justicia social, ya que los campesinos tendrían que competir con otros para intentar una adjudicación de algún terreno, lo cual no es justo ni equitativo dado que en este marco se busca una priorización de la población campesina entendiendo lo vulnerados y su situación de víctima durante el conflicto.
Si esto llegase a pasar existirían muchas contradicciones dentro de la ley, dado que sería prácticamente irreconocible en relación al objeto de esta misma, como por ejemplo en el objetivo número nueve que dice: “regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos”, al hacer más flexible las adjudicaciones estaríamos desconociendo la misma ley e igualando arbitrariamente a nuevos grupos a antojos del gobierno.
“La tierra tiene que producir, independientemente de quién sea el dueño” esto nos dice Jorge Enrique Vélez superintendente de Notariado en una entrevista en el diario El Tiempo, a lo cual respondo: la tierra tiene que producir para sus dueños, por eso la importancia de estipularlo, la tierra es de quien la produce y sus ganancias son de quien la suda, por eso el dilema de adjudicar estos baldíos a quien se los merece y se les debe, no dárselos a cualquier elite económica o incluso a cualquier sujeto ajeno a la problemática.
En este orden no se puede permitir que el gobierno haga maniobras con el fin de entregar en manos de desconocidos las tierras que deben ser del mismo pueblo, fuera de eso, se nos dice por parte del ministerio de agricultura que se busca el progreso, lo que no nos han dicho es, ¿cuál progreso?, un progreso en manos de las elites económicas, políticas y extranjeras donde simplemente la Nación como tal se queda sin un peso en el bolsillo de la producción de sus tierras. Es por esto que esta reforma es absurda desde cualquier punto de vista, es prácticamente un robo pretender dar tierras a quien no fue despojado de ella, o a quien no ha pasado por situaciones de desplazamiento.
A todas estas solo nos toca esperar que sea retirada o abolida dicha reforma que va con el único fin de usurpar las tierras de los campesinos, de las víctimas, de los pobres para colocar a las elites a producir para ellos mismos, mientras nosotros le decimos ADIOS A NUESTRAS TIERRAS usurpadas ayer por los grupos armados, hoy por el gobierno.
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