Cuando en febrero de 2023 se conoció un video en el que el terrorista alias Antonio García, uno de los máximos capos del ELN, manifestó que esa organización no consideraba su desarme y desmovilización como una alternativa posible dentro de un futuro acuerdo con el Gobierno Petro, surgió una seria preocupación en torno a que, lo pactado terminara siendo fragmentar el país para posibilitar el cogobierno regional con las estructuras criminales. Pues bien, los acontecimientos de los últimos días eso parecen indicar.
Lo ocurrido en el corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca y la ruptura de las negociaciones por parte de autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, prueban que el actual Gobierno ha pactado la desmilitarización o despeje de un número indeterminado de zonas del país, precisamente en enclaves y corredores de movilidad estratégicos de estas organizaciones, como esta área, que concentra el 75% de los cultivos de coca de ese departamento. En un comunicado, los terroristas de las FARC lo explican sin rodeos:
“El incumplimiento ha sido total, se sigue privilegiando la visión militarista sobre la intervención social, los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso. Sin embargo, la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza, copando todos los espacios que las partes nos comprometimos a desocupar”.
En concreto, de acuerdo con la Silla Vacía, los delegados de Petro y las FARC acordaron que, una vez terminados los comicios en El Plateado, el pasado 29 de octubre, se retirarían los militares, despejándoles así la zona y dejando a la población civil a merced de esta estructura criminal; ello explica que, ante el anuncio del Comando General de las Fuerzas Militares de permanecer en el casco urbano del corregimiento, para brindar protección a los civiles, las FARC obligaron a cientos de estos a llevar a cabo una asonada contra las tropas oficiales, a quienes secuestraron un par de días. Dicho sea de paso, contando ésta y la asonada en el municipio de Briceño, Antioquia, en lo corrido del año, la Fuerza Pública ha sufrido 12 de estas manifestaciones, que generalmente están seguidas del secuestro de los Militares, y 72 bloqueos.
Igual ha ocurrido en la zona de frontera en el departamento de La Guajira, en donde el Gobierno ordenó la desmilitarización de una amplia zona en la que ahora también delinque el ELN, con el pretexto de facilitar la liberación del padre del futbolista Luis Díaz. A propósito, este doloroso episodio se hizo posible gracias a la consolidación de la presencia de este grupo criminal en una zona en la que históricamente no la había tenido; las primeras y más relevantes acciones criminales del ELN en la región datan del 2017 y 2020, pero sin que conllevaran una demostración de fuerza y capacidad logística como la que les permitió mantener en su poder por dos semanas a un secuestrado, pese a la presión nacional e internacional, así como al asedio y el rastreo de la Fuerza Pública. Este particular suceso es prueba de que el ELN, como las demás estructuras criminales, no solo se han expandido en el territorio, sino que han logrado establecer corredores de movilidad seguros y zonas de retaguardia que les facilitan la comisión de sus acciones ilícitas; ello no sería posible sin un debilitamiento correlativo de la presencia y la acción de la Fuerza Pública. En lo que atañe a la serranía del Perijá, donde internaron violentamente al padre del jugador colombiano, vale la pena recordar que, en 2005, por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez, se activó un Batallón de Alta Montaña en esa zona para garantizar la seguridad y contrarrestar a la organizaciones armadas ilegales en la zona.
Hoy, el debilitamiento de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de las estructuras criminales ha llegando al descaro de permitir, por ejemplo, que los bandidos inauguren obras públicas, como lo hicieron en Policarpa y El Rosario, Nariño, en los últimos días.
Esta nueva realidad que se vive en muchos de los territorios de los cuales se ha replegado la Fuerza Pública, recuerdan la amarga experiencia del Caguán, a finales de los noventa, con la diferencia de que en aquella época, la Ley 418 de 1997, autorizaba al Gobierno Nacional a dictar órdenes especiales de localización de la Fuerza Pública para establecer zonas de ubicación o de despeje; lo cual se prohibió expresamente con la Ley 1421 de 2010, y hasta la propia Ley de “Paz Total” de Petro, 2272 de 2022, limita el establecimiento de zonas de ubicación, de modo que: (i) deben ser temporales (ii) no pueden implicar desmilitarización (iii) ni localizarse en zonas urbanas, y (iv) debe garantizarse el pleno y normal ejercicio del Estado de Derecho.
Pues bien, violando el mandato constitucional y legal, Petro está entregando el control de parte del territorio a las organizaciones armadas ilegales, pactando en la mesa de diálogo desmilitarizaciones, que exponen a serios riesgos de seguridad a las poblaciones y facilitan su instrumentalización criminal. Petro nos ha sumido en una realidad impensada, la caguanización del país.
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