Los resultados de la política de Paz Total del gobierno del “Cambio” son sumamente dolorosos y desalentadores. Desde su llegado al poder, Gustavo Petro ha demostrado tener una falta de claridad en la política de seguridad nacional y con ceses al fuego fallidos, ha dado vía libre para que grupos como las disidencias de las FARC y el ELN tengan más presencia en los territorios.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante los primeros meses del año, hubo un aumento en la presencia de grupos criminales: 32 casos más de enfrentamientos armados y 47 eventos y 7 amenazas adicionales. Así mismo, reportes de INDEPAZ han registrado 64 masacres en lo que va del 2023.
Estos datos ponen de relieve una crisis de seguridad nacional en el marco de un proceso electoral en el que los ciudadanos van a elegir a sus mandatarios y representantes locales. Ante esto, la MOE (Misión de Observación Electoral) ya ha emitido alertas sobre los hechos de violencia y el actuar de grupos armados que podrían poner en jaque los comicios del próximo 29 de octubre.
En las regiones estamos viviendo prácticamente un abandono estatal y la ausencia casi que total de la fuerza pública, que, si bien responden ante decisiones de los alcaldes o gobernadores, siguen directrices del presidente de la República, quien es el máximo jefe de las mismas. Y en Rionegro no estamos alejados de este problema.
La percepción de inseguridad en el municipio no es un mito, puesto que, a pesar de los esfuerzos de la administración local para garantizar un mayor orden en el territorio, la comunidad no se siente tranquila ante el actuar de los delincuentes.
Desde que Gustavo Petro asumió el poder el 7 de agosto de 2022, en Rionegro contamos con 20 unidades de Policía menos, causando que hoy los CAIs del municipio no cuenten con suficientes funcionarios que puedan brindar seguridad a los ciudadanos. No obstante, algunos han utilizado esto como arma politiquera para tergiversar la información y defender la nefasta gestión que el nivel nacional le ha dado a la protección de los habitantes.
Las más recientes cifras de homicidios en el Oriente Antioqueño, muestran que, en lo corrido del año, se han asesinado alrededor de 145 personas, siendo los municipios de Rionegro (28), Marinilla (17) y Guarne (13), pertenecientes al Valle de San Nicolás, los principales afectados.
Por eso, en el plan de gobierno “Ciudad del Bienestar” he propuesto un cuadrante con los siguientes pilares: Prevención para garantizar entornos seguros; control, para apoyar la labor de la fuerza pública; gestión, para atacar el delito y acabar con las fuentes de financiación de las estructuras criminales; y tecnología, que funcionará como herramienta aliada para la realización de operativos y contrarrestar la actividad delincuencial.
Adicionalmente, hemos conversado con la ciudadanía sobre la necesidad de concertar con el resto de los mandatarios locales del altiplano la conformación frente regional de seguridad que permita a los municipios del oriente antioqueño abordar de forma conjunta y articulada el accionar de los grupos al margen de la ley que tienen amedrentados a los habitantes de las zonas urbanas y rurales.
Estas estrategias se fortalecerán con la destrucción de todas las casas de vicio ubicadas en el municipio y el robustecimiento de la operación del CAI de San Antonio, para el cual gestionaremos ante el ejecutivo nacional un mayor número de uniformados que posibiliten su óptimo funcionamiento y respuesta inmediata.
De igual manera, también será clave la creación de programas de sensibilización hacia la vida, con énfasis en sectores donde se presenten incidentes de conflictividad social y violencia (riñas). Nuestro objetivo es asegurar que cada vida sea valorada y que cualquier acto contra ella reciba la respuesta legal apropiada de manera rápida y efectiva.
También crearemos el programa de parques seguros para que las comunidades se apropien de estos lugares, transformándolos en destinos seguros y atractivos, para la recreación, el deporte y la cultura. Se convertirán en espacios para el crecimiento y desarrollo comunitario, en un entorno urbanístico seguro.
Finalmente, bajo mi mandato reorientaremos la política de seguridad para que los pillos se sientan perseguidos y los ciudadanos protegidos, porque en la Ciudad del Bienestar la verdadera paz, y no la que nos ha prometido Gustavo Petro, será una prioridad que trabajaré en los próximos 4 años.
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