Aunque ignoro si son producto de las epifanías que súbitamente le sobrevienen, según confiesa en su autobiografía, o del más frio cálculo político para incidir en una la coyuntura del momento, o de su imperfecta formación de economista o de todas a la vez, las ocurrencias cotidianas de Gustavo Francisco sobre asuntos económicos no dejan de sorprenderme y me causarían solo hilaridad si no fuera porque el hombre es nuestro presidente.
Los gastos anuales del Transmilenio de Bogotá bordean los 9 billones de pesos ($ 9.000.000.000.000). El consumo nacional de electricidad está en setenta y cinco mil millones de kilovatios hora anuales (75.000.000.000 kWh-año), de los cuales Bogotá se lleva un 25%, es decir, diez y ocho mil setecientos cincuenta millones de kilovatios hora año (18.750.000.000 kWh-año). Dividir ese gasto entre ese consumo arroja un incremento de cuatrocientos ochenta pesos anuales por kilovatio o cuarenta mensuales.
Con las tarifas de agosto, eso implica un aumento de 13% en el estrato 1; 11% en el 2; 6% en el 3; 5% en el 4 y 4% en el 5 y el 6. Una familia típica bogotana con un consumo medio de 300 kWh-mes pagaría 12.000 pesos adicionales por su electricidad. En la canasta familiar de los pobres la electricidad pesa poco más de 3,5% lo significa que ese incremento de 13% eleva en medio punto el costo de dicha canasta. Eso sin contar el impacto indirecto del mayor precio de la electricidad.
En efecto, la electricidad es el bien básico por excelencia, es decir, un bien que es insumo todo y, que, por tanto, el alza de su precio afecta el de todos los demás bienes de forma directa e indirecta. Está fuera del alcance de esta nota un análisis detallado de la matriz de insumo-producto para estimar ese efecto, pero es claro que los precios de los productos industriales aumentarán, que se elevarán los costos del comercio, de los restaurantes, la hotelería y, en general, todos los servicios. Sobre la producción agrícola el efecto directo es menor, pero se impacta toda la cadena de comercialización.
Luxemburgo es un país de 2.586 kilómetros cuadrados de extensión, 640.000 habitantes y 135.000 dólares de PIB per cápita. Allí el transporte público es gratuito y es de donde le vino a Gustavo Francisco la ocurrencia de aplicar ese sistema en Bogotá. Basta añadir que Luxemburgo tiene una presión fiscal de 40% que le permite la financiación del transporte y otros servicios colectivos. No hay subsidio, simple pago por medio de los impuestos.
La propuesta de Gustavo Francisco, como tantas cosas suyas, tiene algo de inmoral pues la justificación para hacer esto es la indisciplina de los usuarios de Transmilenio que no quieren pagar la tarifa. Es absurdo justificar una política pública de tal envergadura en un comportamiento criminal que las autoridades son incapaces de controlar.
En Medellín no hay “colados” y se tiene una estructura tarifaria que permite cobros muchos más bajos a estudiantes, personas mayores y usuarios frecuentes de bajos ingresos. En Medellín, un trabajador de salario mínimo, cubre con el subsidio de transporte dos recargas de $ 70.000 de tarjeta cívica a la tarifa de uso frecuente y eso le alcanza para todo el mes.
Pero también es inmoral frente a los taxistas y los buseros pues se les montaría una competencia desleal arruinadora. ¿Quién querrá usar un taxi o un bus cuando puedo montarse en Transmilenio a tarifa cero?
Afortunadamente, la propuesta de Gustavo Francisco es inaplicable pues los usuarios de los servicios públicos no están obligados a pagar todo lo que se cobre anexo a su factura de electricidad. Los usuarios tienen el derecho, amparado por la Corte Constitucional, de pedir al prestador del servicio la separación de la factura de electricidad y pagar solo esta.
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