La regulación de mercados desempeña un papel crucial en la implementación de la reforma a la salud. La reforma busca mejorar la calidad, accesibilidad, eficiencia y equidad de los servicios de salud, y la regulación de mercados es una herramienta importante para lograr esos objetivos. La regulación de los mercados de la salud es un tema complejo que involucra una variedad de aspectos, desde la seguridad y la eficacia de los productos médicos hasta la competencia y los costos de atención médica.
La regulación de mercados en el sector de la salud tiene como objetivo principal proteger a los consumidores, que son los pacientes y usuarios de los servicios de salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la competencia en el sector de la salud es importante para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios. La regulación de mercados puede asegurar un entorno de competencia justa al prevenir prácticas anticompetitivas, como acuerdos de monopolio, fusiones y adquisiciones que podrían limitar la competencia, o abuso de posición dominante por parte de proveedores de servicios de salud.
En cuanto al control de costos, el sector de la salud puede ser propenso a costos elevados debido a diversos factores, como la tecnología médica avanzada, la demanda creciente de servicios y la falta de transparencia en los precios. La regulación de mercados puede desempeñar un papel importante en el control de costos al establecer mecanismos de regulación de precios, negociar con proveedores, fomentar la transparencia en los costos y promover la eficiencia en la prestación de servicios. Esto contribuye a que los servicios de salud sean más asequibles y sostenibles a largo plazo.
Ahora, en el momento de implementación de la reforma a la salud que según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo seguirá cimentando las bases al sistema sanitario colombiano, y cuyo proyecto de ley seguirá discutiéndose en el Congreso a partir del próximo 20 de julio se estima que el principal riesgo es que tal y como se aprobó en el primer debate del Congreso podrá retroceder en los indicadores de pobreza con el que 750 mil personas ingresarían a esa condición.
Con relación a esto, el centro de pensamiento Anif, señala que «los CAPS como primer paso para acceder a la atención en salud, suponen una fragmentación del servicio, mayor número de trámites para los usuarios, lo que a la larga se traduce en sobrecostos de tiempo y dinero. Por otro lado, aumentar las responsabilidades de la ADRES y cambiar las de las EPS puede hacer que el flujo de recursos se vuelva insuficiente y la sostenibilidad financiera del sistema se vea aún más comprometida».
En este sentido, el hecho de no garantizar el aseguramiento podría poner en vilo la prestación de servicios de salud de millones de personas, en particular la situación de los más vulnerables. La pobreza monetaria a nivel nacional podría aumentar a 20.4 millones de personas (+750.000), mientras que las personas por debajo de la línea de indigencia alcanzarían los 6.6 millones, es decir, sin aseguramiento, aumentaría la pobreza extrema en más de 500.000 personas.
“Con lo anterior, resaltamos una vez más la preocupación en torno al modelo de aseguramiento como lo conocemos ahora. Así las cosas, una transición desordenada puede significar presiones fiscales para el gobierno que son insostenibles en el corto y mediano plazo, sobre todo en un escenario macroeconómico como el que vive el país y el mundo ahora. Además, la reforma puede tener un impacto directo sobre el aseguramiento y el bolsillo de los usuarios”, justificó el centro de pensamiento.
En contraste, Luis Alberto Martínez Saldarriaga, viceministro de Protección Social, manifestó que un reto mayor del sistema es la mercantilización de los recursos. Resaltó que una de las posibles soluciones es la que propone el Gobierno con su reforma, con la que se intenta fortalecer las redes primarias para facilitar el acceso de los servicios en todos los territorios.
«El sector debe vender servicios que sean rentables y den utilidad, por lo que le hemos dejado la organización de los servicios al mercado y dejamos de lado las necesidades de la población», dijo. Además, enfatizó en que es necesario salir de lo que llamó la «trampa de mercantilización de los servicios», para encontrar la sostenibilidad del sistema y que los recursos respondan a las necesidades de la población.
«Hoy tenemos un sistema fragmentado: los prestadores de servicio compiten entre sí y se segmenta a las personas dependiendo de sus recursos», explicó. También enfatizó que hasta ahora «el Gobierno ha tomado a las EPS como un instrumento de política pública para contener el gasto, pero muchas de estas medidas se convierten en barreras de acceso».
De otro lado, Mauricio Santa María, presidente de Anif, aseguró que uno de los grandes logros del sistema de salud actual es la cobertura (actualmente es del 99 % y existe equidad entre el subsidiado y contributivo). Esto, con relación al gasto de bolsillo; y el aseguramiento es un factor positivo. Mientras que en 1997 casi la mitad de los pacientes decía que no podía acceder a los servicios de salud porque no tenía cómo pagarlos, en 2021 al menos el 5,7 % de la gente podía acceder a ellos.
Todas las columnas del autor en este enlace: Andrea Ochoa Restrepo
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