Deshaciendo la hacienda pública en Colombia

Escribir sobre la hacienda pública en Colombia es, quizá, una utopía, toda vez que estamos frente a algo inexistente y difícil de palpar para las manos de los ciudadanos de a pie. ¿Quién diría que una frase de Cicerón, del año 55 a. C., tendría vigencia miles de años después?

Se puede decir que la crisis de la hacienda pública es uno de los grandes retos que tiene que afrontar nuestro Estado, lo cual va de la mano con los problemas sociales, políticos y económicos que esta conlleva, y lo peor de todo es que dicha crisis tiene su origen dentro del mismo Estado: cientos de años de corrupción, la falta de efectividad para eliminar los denominados “paraísos fiscales”, sumado a los malos manejos de nuestros gobernantes y a la falta de una correcta gestión y administración de los recursos públicos, ha llevado a que poco a poco desaparezca nuestra hacienda pública.

Frente a esta crisis, desde el Ministerio de Hacienda, se dice tener excelentes noticias en materia de crecimiento económico y sostenibilidad, y que Colombia es uno de los países líderes de la recuperación post-pandemia a nivel regional y mundial, pero ¿será esto cierto? ¿Las cifras e indicadores así lo ratifican? Veamos:

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ‒DANE‒, en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida ‒CV‒- del año 2021,[1] realizada para cuantificar y caracterizar las condiciones de vida de los colombianos, se determinó que solo el 34,7% de la población cuenta con una casa propia totalmente pagada, que el 38,6% vive bajo la modalidad de arriendo o subarriendo, solo el 14,3% de los hogares tienen carro particular, el 46,7% de los jefes de hogar a nivel nacional se consideran pobres y solo el 46,4% de los jóvenes entre los 17 y 21 años tienen acceso a la educación formal.

Ahora, si nos trasladamos al Informe Nacional de Competitividad 2022-2023,[2] las cifras tampoco son alentadoras: la capacidad del Estado para enfocar eficientemente los recursos hacia prioridades de política se ve limitada por la inflexibilidad del gasto del presupuesto general de la Nación, que alcanzó 90,9% en el 2021; de la infraestructura de transporte, cuyas vías terciarias representan el 69% de la red vial del país, el 94% se encuentra en mal estado; frente a la Salud, entre los años 2000 y 2021 el 30% del total de las tutelas se presentaron por vulneraciones del derecho a la salud; respecto al sistema de impuestos, debido a que el 80% del recaudo proviene de las personas jurídicas, esta carga sobre la actividad productiva tiene consecuencias sobre la sostenibilidad de las mismas y, finalmente, los impuestos de las personas naturales son solo el 1,3% del recaudo en Colombia, lo cual genera desbalances.

Estas son solamente algunas de las cifras del informe, que mientras más se lee, más reafirma mi teoría: una cosa es lo que predican los políticos sobre el supuesto crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y otra la realidad de nuestro país.

Ahora, dejando de lado las cifras, si nos olvidamos de la crisis económica actual y todo lo que atraviesa el mundo, aún nos queda un gran problema por erradicar y es, quizá, el que más desangra nuestra hacienda: la corrupción, la cual es tan cruel y tan evidente y aun así la dejamos pasar por pensar que no nos afecta a nosotros, que no están robando nuestro dinero sino que le roban al Estado, y olvidamos que el Estado somos todos, que son nuestros impuestos, un porcentaje del fruto de nuestro trabajo y esfuerzo.

Pero no hay que ir muy lejos, miremos el Programa de Alimentación Escolar ‒PAE‒, creado con el fin de brindar un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, y que no ha cumplido tal fin, toda vez que entrega a los menores panes mordidos por ratones y alimentos en mal estado, los cuales ponen en riesgo la salud de los mismos. La gran pregunta es, entonces, ¿dónde están estos recursos? Actualmente, la Contraloría adelanta más de 180 investigaciones por corrupción en el Programa por manejos irregulares de los recursos, que suman cerca de 75.000 millones de pesos.[3]

Otro caso, bastante paradójico y difícil de creer, fue el ocurrido con Luis Gustavo Moreno, quien encabezaba la lucha en la Fiscalía General de la Nación en contra de las prácticas corruptas, y que fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión, más una multa de 40.000 dólares por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía.[4]

Todo esto explica suficientemente que más del 50% de los ciudadanos desconfíe de los jueces y magistrados, los partidos políticos y el Congreso de la República.[5]

Lamentablemente, el panorama no es alentador y no se avizoran, ni siquiera a largo plazo, cambios significativos contra la corrupción y el manejo de los recursos públicos en Colombia, lo que genera, por un lado, desconfianza en los ciudadanos frente al destino final de sus impuestos ‒lo que a su vez aumenta la evasión‒ y, por el otro, como decía Cicerón, la bancarrota de nuestro Estado, donde los principales afectados son los ciudadanos y las personas con menos recursos.

Finalmente, no se puede olvidar que “dejar de luchar por culpa de la corrupción que hay a tu alrededor, es como cortarte el cuello porque hay barro afuera”,[6] así que debemos comenzar por nosotros mismos y luchar para que nuestro propio entorno esté libre de corrupción.