Es de público conocimiento en el ámbito internacional, que los países latinoamericanos están atravesando un proceso bastante complejo, de relevancia jurídica sustancial. Su importancia radica en la influencia extranjera perjudicial que hemos recibido a lo largo de estos últimos años, considerando además, que esta ha sido casi imperceptible por gran parte de la población.
Muchas personas no han podido identificar este predominio e influjo de ideas estatistas-colectivistas nocivas para la libertad, ideales que han sido promocionados por generaciones de líderes autoritarios, por agentes populistas y, sobre todo, por Gobiernos pasivos.
Hemos tenido una tendencia manifiesta a la centroizquierda o izquierdas más duras. Tanto así, que la participación y preponderancia de estos sectores nos ha llevado a un proceso que no es nuevo. Para Chile, principalmente, ha significado una transformación de los organismos sociales y culturales, y las instituciones, conduciendo a todos los sectores a adoptar nuevas estrategias que han dividido decisivamente al país tornando un ambiente de odiosidad y resentimiento colectivo.
La inestabilidad con la que contamos ha resultado en antecedentes ejemplificados, como numerosas fugas de capitales, alza sostenida del dólar, aumento de los precios de la canasta básica, entre otros. Lo que sumado a la convergencia de problemáticas a nivel mundial, ha llevado a varias personas a reflexionar si realmente estamos aún en una región estable o no y si es más propicio migrar a otros continentes, dado el peligro que representa para la autonomía del ser humano.
El populismo ha llegado para quedarse por algunos años en América Latina. Ya es una tendencia reconocida a lo largo de nuestra historia y representa lo más básico de la política, es decir, la propensión de la masa social, persuadir mediante discursos sin fundamentación lógica, basados en sentimentalismos y emocionalidad, y con el convencimiento propio y suficiente para fascinar a las multitudes. Lo primordial de este tipo de sistemas es crear un liderazgo cautivador con una elocuencia única, generando exaltación y vehemencia en los oyentes.
Esto, finalmente, recae en una distopía regulada y supervigilada que desencadena en la toma del poder, a cambio de la promesa en apariencia de entrega de los tan llamados “derechos sociales” que algunos anhelan. En tanto que, el derecho básico natural por supremacía de las personas es la libertad: el derecho individual, el razonamiento lógico y la propiedad.
Aquí radica la trascendencia de la pugna por la mantención y preservación de la emancipación e independencia de los individuos. Los derechos sociales deben otorgarse en su justa medida, y la seguridad y la justicia como valores estatales primordiales para no comprometer la unidad básica del ser humano. En consecuencia, no debemos entregar al Estado un rol demasiado activo o esencial que sature todos los espacios y esferas de la sociedad, porque todo derecho, por mínimo que sea, conlleva una obligación que en algún momento el Estado cobrará con intereses.
Con esto quiero decir, que el problema latinoamericano real radica en que la regulación jurídica y sancionatoria no es suficiente para entregar la correcta administración de la justicia. Se necesita una reglamentación superior, la que depende en totalidad de nuestros propios políticos y legisladores quienes debiesen establecer normativas más severas, para así limitar las degeneraciones y desvirtuaciones del mismo sistema que ha cansado por años a la gente: la falta de neutralidad y rectitud, para eliminar definitivamente las aprehensiones, siempre en beneficio del esfuerzo y del trabajo, dando paso a una real equidad, mas no “dignidad social”, ya que la dignidad es propia del ser humano.
Por este motivo, el Estado no debe crecer. Lógicamente, si aumentamos la dotación de los políticos, solo complacerán sus propios intereses con nuestros tributos, y tomarán decisiones o generarán políticas públicas muchas veces inútiles que nos perjudiquen directamente y no colaboren a un real bienestar social ni a la promoción del progreso, porque jamás les convendrá.
Entonces, ¿Qué sentido tendría entregar el poder a otros sobre las decisiones fundamentales de nuestra propia vida?
Con todo lo mencionado anteriormente, expongo en definitiva, que la tendencia del voto latinoamericano tiene aquella orientación en el último periodo porque las personas no se sienten cómodas con el actual sistema: un sistema que ha permitido que la justicia vaya en detrimento de las verdaderas víctimas, ocasionando inseguridad y desprotección producto de los mismos paradigmas. Las multitudes se han dejado seducir por discursos conmovedores en busca de un verdadero liderazgo, algo más auténtico. Esto, lamentablemente, nos ha llevado a desplazar nuestro espectro político hacia el reformismo, el que solamente nos ha entregado inestabilidad en variadas estructuras y procesos, bien sea constitucionales y jurídicos, o institucionales, económicos, e incluso socioculturales, adjudicándose hasta nuestras libertades y atribuyendo el poder de las decisiones a quienes proyectan ideas colectivistas y empobrecedoras; debemos entender que la redistribución de la riqueza disminuye racionalmente el capital que entrega fuente laboral, el cual, solo irá en beneficio de la política estatal.
Nos basta solamente con evaluar, por ejemplo, cuánto ha subido la tasa de delitos, y la cantidad de migración ilegal e inseguridad en aumento. La gente no se siente con la estabilidad necesaria en ningún lugar de la región y nuestros Presidentes no han correspondido al llamado. Es nuestro deber emplazar nuevas direcciones y promover representantes activos con firmes convicciones, que sí sepan responder a la incertidumbre, al recelo social y, sobre todo, que propendan al mejoramiento y perfeccionamiento de las instituciones ya vigentes.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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