En febrero de 1936 el economista británico John Maynard Keynes publicó su famosa obra titulada “Teoría General Del Empleo, El Interés y El Dinero” en medio de una década marcada por la Gran Depresión, lo que supuso una ruptura esencial con el pensamiento económico clásico imperante en esa época. Desde entonces, la mayoría de los economistas de las corrientes ortodoxas (inclusive los más conservadores) han aceptado de algún modo los mecanismos propuestos por Keynes para hacer frente a los ciclos económicos como una suerte de receta que es aplicable independientemente de la causa subyacente del problema a enfrentar. Al parecer, el Banco de la República y la mayoría de los bancos centrales del mundo están en la actualidad en una especie de senda inercial que los ha llevado a subir las tasas de interés de intervención de manera significativa en vísperas de una posible recesión mundial.
En su última reunión del pasado jueves 29 de septiembre de 2022 la Junta Directiva del Banco de la República decidió subir la tasa de intervención en 100 puntos básicos (pb) ubicándola en 10% con el propósito de hacer frente a la alta inflación que se registra actualmente en el país: 10.84% en agosto (variación anual) y llevarla a los niveles objetivos de entre el 2 y el 4 por ciento.
Así mismo, el Banco Central Europeo elevó su tasa de interés al 0.5% en julio de este año por primera vez desde 2011 y al 0.75% en septiembre; además, su presidenta Christine Lagarde advirtió este 27 de septiembre de una posible alza adicional en los próximos meses para así intentar llegar a la meta inflación del 2% en el mediano plazo. La Reserva Federal de los Estados Unidos, por su parte, también determinó un alza en su tasa de interés por tercera vez consecutiva en 0.75%, ubicándola en un nuevo rango objetivo de entre el 3% y el 3.25%, lo que es bastante significativo en un país en el que se ha privilegiado el crecimiento por sobre tasas de inflación bajas.
En efecto, el alza de las tasas de interés se utiliza como mecanismo de la política monetaria restrictiva en contextos inflacionarios causados por un aumento de la demanda efectiva, la cual tiende al nivel potencial de producción de la economía, esto es, al uso total de la capacidad productiva y el pleno empleo, o lo que se conoce como un recalentamiento de la economía, para controlar el alza de los precios.
Pero esta no es la situación en la que se encuentra Colombia en la actualidad. A pesar del sólido crecimiento presentado en 2021 por un efecto rebote luego de la fuerte caída del 2020, la economía colombiana está lejos del pleno empleo, con una tasa de desempleo por encima del 10% y una previsión del mismo Banco de la República de desaceleración económica en 2023. El alza de los precios registrado actualmente tiene causas ligadas, especialmente, a condiciones externas como a la pandemia COVID-19 y la subsecuente crisis de los contenedores y la escasez de suministros; la guerra en Ucrania, y la inexorable crisis energética en el continente europeo; el riesgo de una recesión mundial; así como al encarecimiento de los productos importados debido a la depreciación del peso frente al dólar.
Insistir con la receta del alza de las tasas de interés en el país para intentar controlar la inflación podría redundar en una desaceleración mayor en el mediano plazo y en el riesgo de caer en una situación de estanflación: desaceleración con inflación, puesto que se desestimulan el consumo, como se asegura en los telediarios, pero especialmente la inversión, que es el componente clave de la demanda agregada y por tanto de la producción y el empleo. Es hora de que el emisor y el gobierno nacional evalúen nuevas fórmulas de política monetaria y fiscal para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo de los colombianos con el menor impacto posible al producto y el empleo.
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