Como estudiante y como representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad de Medellín, es doloroso ver cómo mi casa de estudios estuvo bajo la sombra por más de 2 décadas de una administración llena de prácticas corruptas que la hicieron perder el rumbo del camino de la excelencia académica para convertirse en uno de los directorios políticos más fuertes y cuestionados de Antioquia.
Hoy se cumple un año desde la vergonzosa renuncia del exrector Néstor Hincapié que solicitamos los mismos estudiantes en una asamblea histórica, y aunque son innegables los profundos esfuerzos que ha hecho la institución para superar esta situación, escogiendo una nueva rectoría mediante concurso de méritos, expulsando de la universidad a esas directivas ligadas con prácticas corruptas que se autoproclamaban intocables, invirtiendo de nuevo en temas académicos y de bienestar estudiantil que durante años estuvieron estancados, aún en medio de ese panorama que no deja de ser alentador, todavía ha sido insuficiente, puesto que la Universidad tiene una responsabilidad no solamente frente a los estudiantes que con todas las dificultades sacamos adelante la carrera y que creímos desde el principio en el proyecto de la UdeM como una oportunidad para tener un mejor futuro y una educación de calidad, sino también frente a una sociedad entera que está a la espera de que la verdad salga a la luz y se haga justicia con lacayos como el senador Bedoya que durante su carrera política ha estado rodeado de la maquinaria política más sucia y proterva de Colombia.
No basta con que los involucrados directos no estén en las sillas de la facultad de derecho; son las directivas actuales, incluyendo la Consiliatura órgano que todo el tiempo parece querer desligarse de esta responsabilidad, las que deben asumir una posición ética basada en el estudio objetivo de más de 3.000 folios en donde se encontraron probadas por lo menos 5 irregularidades en el otorgamiento del título de abogado a Julián Bedoya Pulgarín. Esto no puede limitarse bajo ninguna circunstancia a una posición individual como representante estudiantil, como rector, como Consejo Académico, debe ser la postura de la Universidad de Medellín como comunidad universitaria la que debe retumbar al tenor de la verdad y la reivindicación de su buen nombre la que debe revocar el título y utilizar todos los medios legales que tengamos a disposición para que esto ocurra de manera efectiva.
Es inaceptable que desde la misma Consiliatura se presenten dos informes disciplinarios diferentes y las minorías pretendan justificar en lo que ellas mismas denominaron como “prácticas secretariales comunes” lo que es a todas luces una completa irregularidad que esconde unos intereses políticos que apenas estamos alcanzando a dilucidar a medida que avanza el tiempo. Y como si fuera poco, delegan las decisiones en el Consejo de Facultad de Derecho en donde todos huyen ante cualquier situación que lleve por apellido Bedoya Pulgarín por los amiguismos imperantes. El llamado es a que dejen de chutarse la pelota entre órganos internos, y se comencemos a hacernos cargo de las decisiones, esto implica darle la cara a los estudiantes que llevamos más de 9 meses esperando acciones contundentes, y a un país que sigue con la esperanza de alguna vez contar con congresistas que sean dignos de representarles.
Creo firmemente en que la Universidad de Medellin se recuperará de este bache y volverá a ser una de las mejores universidades del país, pero también en la responsabilidad ineludible de responder por las acciones aún cuando quienes las cometieron directamente ya se encuentran en el despacho de la alcaldía, riéndose en nuestra cara.
¡QUE SE REVOQUE!
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