“El papel de la JEP ha sido determinante no solo para la búsqueda de respuestas a casos empantanados en la justicia ordinaria, también, para la defensa de la libertad de los investigados”.
Más allá de comentar teniendo como punto de partida las “reflexiones” del país político, bien vale observar este capítulo sin recurrir a las lógicas del tan acostumbrado “cálculo político”. Lo anterior, parece contradictorio, sin embargo, la judicialización de la política es un fenómeno peligroso que puede afectar nuestra maltrecha democracia.
No es plausible cuestionar la reacción de las víctimas quienes durante estos largos años (25 años) han exigido justicia. La familia Gómez, es una de tantas que añora conocer ¿qué pasó? No debemos olvidar que, pese haber transcurrido tanto tiempo, la fiscalía se apresta por estos días a escuchar testigos. Para nadie es un secreto que la justicia ordinaria en Colombia tiene en sus manos investigaciones sensibles sin resolver, al caso Gómez Hurtado, se suman las investigaciones en torno al asesinato de Luis Carlos Galán, por citar un solo caso. Y es precisamente lo ocurrido, junto a otros argumentos, lo que sirve de base para respaldar la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
A Gómez Hurtado, lo asesinaron el día 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda; es lamentable que a esta altura la fiscalía continué practicando diligencias dentro de la investigación. ¿Cómo esperar entonces, qué esta misma justicia investigue los crímenes del conflicto? Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado Colombia dejó 262.197 muertos en 60 años, entre 1958 y julio de 2018. Asimismo, no debemos olvidar que, pese a señalamientos emanados del cálculo político, de ser un “tribunal del terrorismo”, ante la JEP se encuentra el General Mario Montoya, además de otros 1.995 militares y policías que se han acogido a la JEP para resolver sus problemas judiciales a fecha de mayo de 2019.
Al mismo momento, cabe recordar quienes han suscrito actas de compromiso con ese tribunal:
Rito Alejo del Río. En 2012 fue condenado a 25 años de prisión por el crimen de Marino López, un líder chocoano que fue asesinado en 1997 por paramilitares. También está investigado por la Masacre de Mapiripán y los asesinatos de Jaime Garzón y Álvaro Gómez Hurtado. En el 2017 se acogió a la JEP y recuperó la libertad con la condición de reparar a las víctimas y aportar al esclarecimiento de la verdad.
Jairo Humberto Uscátegui. Fue condenado a 37 años de prisión —de los cuales ya ha pagado 17— por la masacre de Mapiripán. También recuperó su libertad en el 2017 al acogerse a la JEP y ha dicho que defenderá su inocencia ante ese tribunal.
Henry Torres Escalante. Tenía un proceso ante la justicia ordinaria por el homicidio de dos personas presentadas como bajas en combate en el Casanare en el 2007. Según la fiscalía, el ex–comandante fue condecorado porque su brigada llegó a las 150 bajas.
Mario Montoya. Fue comandante del ejército y está investigado por casos de “falsos positivos” y por la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Es el militar en retiro de más alto rango que hasta el momento ha pedido acogerse a la JEP y fue la cabeza de célebres operaciones, como la Operación Jaque donde fue rescatada Ingrid Betancourt y la Operación Fénix, que concluyó con la muerte de Raúl Reyes[1].
El papel de la JEP ha sido determinante no solo para la búsqueda de respuestas a casos empantanados en la justicia ordinaria, también, para la defensa de la libertad de los investigados. Y es precisamente la JEP, la que generó una polvareda en el consagrado país político, cuando advierte haber recibido una carta del antiguo Secretariado de las Farc, que asume la responsabilidad de 6 homicidios ocurridos entre 1987 y 2002, más concretamente de: Álvaro Gómez Hurtado, del general (r) Fernando Landazábal, del activista de la paz Jesús Antonio Bejarano, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y de los exguerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez.
A propósito de este nuevo episodio tenemos por lo mínimo dos cuestiones a priori: ¿por qué la justicia condenó al señor Héctor Paul Flórez a 40 años de prisión de los cuales pagó 18 años y 8 meses? y ¿por qué atacar el testimonio de las Farc, si lo que busca el Acuerdo es el conocimiento de lo ocurrido? En ambos casos debería ser motivo reflexión y discusión, en lugar de levantar la voz en contra de los declarantes. Como se dijo antes, este asunto permite sumar un argumento más en favor de la JEP como la jurisdicción que nos acerca a los hechos de manera más pronta y expedita, en comparación con la justicia ordinaria. Ahora bien, de los testimonios rendidos por el antiguo secretario de las Farc, se deberá encargar la justicia, pero en principio, el objetivo es claro: escuchar los actores armados relacionados con el conflicto armado en Colombia.
No debemos olvidar las injusticias materializadas en la condena y privación de la libertad de personas inocentes, basta recordar casos como el ocurrido con Jubiz Hazbún, el químico preso injustamente por crimen de Galán, quien murió en 1998, cinco años después de recuperar la libertad; fue otro de tantos condenados injustamente siendo privado de la libertad entre los años 1989 y 1993. Por este caso, el Consejo de Estado condenó a la Nación por su privación injusta de su libertad, y al mismo momento, se pronunció respecto del daño al buen nombre de Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, sindicados injustamente de haber participado en el homicidio Galán.
Es paradójico que se manosee el lenguaje con aires de superioridad moral cuando a voz en cuello se exige del Acuerdo justicia y verdad, pero cuando se conocen detalles de lo ocurrido durante el conflicto, la primera reacción sea el rechazo de plano. Al menos, deberíamos dar el beneficio de la duda y reconocer que, en temas de justicia, hasta el momento, la JEP ha permitido conocer más hechos en casos confusos que la misma justicia ordinaria. Hasta el momento, ha brillado la verdad procesal que terminó condenando inocentes, mientras, tuvimos que esperar a la JEP para sentar a los protagonistas a contar su versión de los hechos.
Es entendible el dolor de la familia y por supuesto su negativa a considerar las nuevas versiones del caso como imposibles; no obstante, corresponde a las instituciones practicar las diligencias que consideren para confrontar el testimonio del secretario de las antiguas Farc con las demás pruebas del proceso de Gómez Hurtado. Negarse a tomar en consideración el contenido de la carta que acepta la responsabilidad por parte de las Farc, es contrario no sólo al derecho mismo, sino a la búsqueda de respuestas en este matadero a cielo abierto.
La versión de los actores armados sin lugar a dudas echará por tierra algunos mitos urbanos construidos para llenar el vacío que la justicia ordinaria no logró juzgar. Finalmente, queda el dolor de las víctimas. Una confesión que pone nuevamente en duda el actuar de nuestra justicia ordinaria, y al mismo tiempo, expone la facilidad que tenemos para asignar culpas a través de crear mitos en clave con el cálculo político.
[1] Cfr. Juan Esteban Ugarriza. (05, 19, 2018) Las cinco dudas de los militares respecto de la JEP. Razón pública.
https://razonpublica.com/las-cinco-dudas-de-los-militares-respecto-de-la-jep/
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