Con la demanda a los subcontratistas de Hidroituango, el Alcalde Quintero y el gerente de EPM se pegan un tiro en el pie.
Es fácil de explicar y de entender por el tipo de contrato que suscribió EPM con la sociedad Hidroituango. No deja dudas: toda la responsabilidad de Hidroituango, lo bueno, lo malo y lo feo está en cabeza de EPM.
¿Esto qué quiere decir? Que si en Hidroituango se cometió un error en los diseños o en la ejecución de la galería auxiliar de desvío (GAD la misma que se taponó y generó la contingencia en abril de 2018), lo cual está muy duro de probar porque se encuentra a cientos de metros bajo el agua, la única responsabilidad sería de EPM.
¿Entonces por qué demandan si saben eso?
En ese tipo de contrato que menciono, conocido como BOOMT, por sus siglas en inglés (construir, operar, poseer, mantener y transferir) EPM es el constructor principal.
Está a cargo de supervisar cada diseño y ejecución que se haga en su obra. Para eso cuenta además con la interventoría, que son sus ojos, su circuito interno de vigilancia en el terreno por llamarlo así.
La interventoría cuenta con cientos de trabajadores, técnicos, ingenieros, que les respiran en la nuca a los contratistas para que hagan bien su trabajo.
En caso de no hacer bien lo que se les indicó, que no hagan una ejecución impecable, de acuerdo a los diseños, entregados por EPM, no solo no les reciben la obra, sino que no les pagan. Y están obligados a repetir el trabajo y solo cuando lo hagan bien, cuando lo repitan, les pagan.
Varios ingenieros con los que conversé coincidieron en decir que lo único que hacen los subcontratistas en Hidroituango es hacer caso.
Vuelve la pregunta: ¿Por qué demandan?
La demanda parece premeditada por Quintero y su gerente de EPM en busca de un golpe mediático, populista, politiquero, con base en mentiras, en un discurso con cálculo electoral de cara a las presidenciales de 2022.
Sin embargo es absurdo, porque al hacerlo se llevan a EPM por encima, a sus miles de buenos empleados, su reputación, su solidez financiera, su credibilidad, la confianza de los usuarios y del mercado, poniendo en riesgo los recursos que la empresa le genera a Medellín y que son en su mayoría para inversión social. Una jugada política peligrosa y sin probabilidades de triunfar en los tribunales. Todos pierden.
¿Qué podemos hacer?
El camino de los ciudadanos es uno solo: unirnos para defender el proyecto, a EPM y a Medellín. Hacer un control político permanente a los que están tomando las malas decisiones, apoyar al sindicato de EPM que, en esta crisis, ha mostrado liderazgo, firmeza y argumentos. EPM, Medellín y Antioquia están en riesgo, debemos evitar que la politiquería y las malas decisiones las destruyan. Con la demanda Quintero y su gerente de EPM se pegan un tiro en el pie.
@AndresJRendonC
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