Los representantes de derechos humanos de el Coped Pedregal, como voceros legítimos de más de 4000 internos del centro de reclusión en mención, denunciamos de manera pública y ante todos los entes de control de Medellín en contra de la circular 000036 del 14 de julio de 2020 emitida por el director general del INPEC, el brigadier general NORBERTO MUJICA JAIME, en la cual da la orden a los directores de los centros penitenciarios del país que a partir del 14 de julio de los corrientes se reactivaron de nuevo los traslados de internos desde las estaciones de policía (donde se padece un hacinamiento desbordante) para los centros penitenciarios del país que tengan un hacinamiento inferior al 50%. Siendo que el centro de reclusión pedregal el hacinamiento actual supera el 37% se tiene la intención de activar el sistema del EQUILIBRIO DECRECIENTE, pero ahora en tiempos de pandemia y cuando este virus esta llegando al pico de CONTAGIO manifestamos que NOS OPONEMOS a esta orden arbitraria grotesca y burda que no soluciona en nada el hacinamiento de las estaciones y en cambio si aumenta el mismo el los centros de reclusión compromete y arriesga la vida la salud y la dignidad humana de los privados de la libertad.
Nuestra oposición obedece a las siguientes razones:
PRIMERO
La problemática del hacinamiento irracional en la cárceles del país obedece a una pésima política criminal del Estado y al populismo punitivo más de 42 mil personas recluidas con presunción de inocencia tenemos la más alta taza hacinamiento de América Latina.
SEGUNDO
Que a los jueces de control de garantías la Constitución les dio la función de la protección de los derechos humanos de los procesados más parecen fiscales con toga y en una actitud de bárbaros y con conocimiento pleno y premeditado de la situación infrahumanas que se vive en las estaciones de policía y conocedores directos de la violación de derechos humanos que se viven allí. Sin embargo aún, en tiempos de pandemia siguen dictando medidas intramurales, enviando a personas a estas mazmorras infrahumanas convirtiendo la libertad en la excepción y la medida de aseguramiento en su generalidad en un total acto de indolencia e insensibilidad: «la indiferencia y la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno crea monstruos» (Albert Camus).
TERCERO
Igual responsabilidad recae en los jueces de penas y medidas de seguridad que, aunque reiteradas sentencias de la Corte señalan que la función principal del juez ejecutor es la INCLUSIÓN social del penado, pues así lo señalan la corte Interamericana de derechos humanos, el tratado de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas así mismo el pacto de derechos humanos de san José de Costa Rica, LEY MANDELA y libertad en las Américas en una total contradicción y desprecio por la dignidad humana estos jueces vienen negando a manos llenas los beneficios y subrogados penales y domiciliarias aún en tiempos de pandemia, deshumanizando el derecho penal más de 14.500 personas que hoy reúnen todos los requisitos de la libertad condicional, más de 3500 internos mayores de 60 años, más de 4.500 enfermos crónicos, y los jueces niegan todos nuestros derechos de manera reiterada. Y aunque la Corte ha ordenado sobre poner la resocialización el derecho la vida y la salud sobre la óptica meramente RETRIBUTIVA DE LA PENA, los jueces de penas han hecho caso omiso prolongando más y más el encarcelamiento, poniendo en riesgo inminente a muchos enfermos crónicos mayores de 60 años, discapacitados, y demás en situación de debilidad manifiesta ante esta enfermedad del coronavirus, aplicando el derecho penal como una forma de venganza y RETALIACIÓN y castigo extremo en contra del infractor de la ley penal. los castigos extremos severos infringidos con exacerbo inquina y castigos indefinidos están proscritos más aún es un estado que se jacta de ser democrático social y de derecho.
CUARTO
Que el decreto de excarcelación a causa de Covid-19 fue una burla y una grosera ofensa a la vida dignidad humana y salud de los PPL. Este decreto no ayudó en nada a deshacinar las prisiones del país, pues salió peor que la ley vigente, y que es un vil canallada del Ministerio de Justicia.
QUINTO
que somos solidarios con reclusos de las estaciones de policía y que cuentan con nuestro apoyo a sus reclamos, pero que nosotros no somos los responsables y al recibirlos estaríamos poniendo riesgo sus vidas y las nuestras. Además que no soluciona nada porque de seguro en 2 a 3 meses las estaciones estarán atestadas nuevamente (con esa forma de dictar medidas de aseguramiento intramuros no existe penal que las resista), en Pedregal desde sus inicios se hicieron celdas pequeñas para solo 4 internos y en 2015 ingresaron con el mismo argumento el interno 5to y en el 2018 por ser solidarios nos ingresaron un 6to interno y ahora quieren que permitamos el ingreso de un 7mo interno en un espacio de 3 × 2.8 metros cuadrados. No es cierto que el hacinamiento pedregal sea del 37%, pues si las celdas fueron hechas para 4 internos y existen 6 reclusos por cada en un espacio tan reducido significa que este hacinamiento supera el 50%.
Razón por la cual nos oponemos de manera pacífica, acompañando la postura del sindicato de trabajadores penitenciarios INPEC (que también se oponen a estos traslados), pues al igual que nosotros, hoy sufren las consecuencias funestas de este virus que pone e riesgo nuestras vidas y salud en similares condiciones.
SEXTO
Que al día de hoy ya existen 34 centros penitenciarios del país infectados con Covid-19, y que con disciplina y rigor e el centro Coped Pedregal hemos implementado unos protocolos de cuidados lavado de manos, uso de tapabocas porque no es posible guardar distanciamiento social a causa del hacinamiento (definido este como una tortura de carácter permanente por la CIDH), el cual hasta hoy nos ha permitido no tener ni un caso de Covid-19. Es por eso que tenemos la firme intención de no permitir la entrada de internos a nuestros pabellones en protección de nuestra salud y vida, contando que no somos nosotros quienes tenemos el deber ni la obligación de reducir el hacinamiento de las estaciones en desmedro de la salud y la vida de todos los internos del Coped Pedrega y personal de guardia. Más bien los invitamos a cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, donde requirió a los entes territoriales como la alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Área Metropolitana, para que en 6 meses a partir de octubre 15 de 2019, realizaran lo pertinente y adecuarán alguna instalación (Hotel Salón Bodega Amplia o cualquier medio para albergar allí a los internos PPL de las estaciones de policía).
¿Por qué el director y el gobierno no hace cumplir estas órdenes? ¿Será porque entre políticos se tapan sus fechorías? Exigimos a los entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Personerías, Asuntos Penitenciarios y entidades de derechos humanos, que hagan cumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia y como lo expone el articulo 17 de la ley 65 de 1993 sobre la responsabilidad de los entes territoriales para con los PPL de las estaciones
SEPTIMO
Mediante este comunicado respetuoso y sustentado fijados nuestra postura de oposición a esta medida ordenada por el señor director general y solicitamos SE SUSPENDA dicha circular 0000 36 de 14 de julio de 2020 por ser violatoria de derechos humanos y poner en riesgo la vida la salud y la dignidad humana de los reclusos y el personal de guardia.
OCTAVO
Manifestamos que si el señor director nacional persiste a llevar a cabo de manera tozuda este tipo de traslados, al señor NORBERTO MUJICA JAIME lo hacemos responsable de las consecuencias fatales de esta decisión y lo denunciaremos penal y disciplinariamente por:
Violación a medida sanitaria decretada por el gobierno nacional, además del delito de propagación de epidemia contemplado en el articulo 369 del código penal, «modificado ley 1220 de 2008 artículo 2do» el que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 años a 10 años » en conexidad de punibles por omisión del deber y extra limitación en sus funciones.
En virtud de lo anterior hacemos público nuestra postura en cumplimiento de lo ordenado por la OMS (Organización mundial de la salud), Corte Constitucional, Corte Suprema , Convención Americana de Derechos Humanos CDIH, Oficina de derechos humanos de la ONU (quienes al unísono emitieron ordenes de deshacinar los establecimientos penitenciarios, no hacinarlos más) como medida para prevenir el contagio y muertes a causa del Covid-19.
Atentamente:
REPRESENTANTES DE DERECHOS HUMANOS E INTERNOS DEL COPED PEDREGAL DE MEDELLÍN
«Los privados de la libertad no hemos sido excluidos de la sociedad y nuestros derechos no fenecen en los muros de esta prision»
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