De nuevo ha surgido el debate de la construcción de la megacárcel que se pretende llevar a cabo en el municipio de Candelaria Atlántico, en donde en esta oportunidad el Ministerio de Justicia ya donó el lote al INPEC para ejecutar los trabajos a los que la comunidad en su mayoría se opone.
Este proyecto ya tiene varios años dando vueltas en el departamento en mención, pero cuando todos creían que el lugar estaba establecido han surgido por parte de una gran mayoría de habitantes del municipio una oposición radical para su construcción.
La situación no es fácil, el debate es complejo, pero con mucho respeto reiteraré lo que en un anterior artículo ya manifesté en relación al estar de acuerdo con la construcción de la megacárcel, que sin duda cambiaría la vida de los candelarieros, atlanticenses e incluso de la región.
El alcalde de la población, Gregorio Brito, ha dicho que no va a oponerse a una opinión general de sus ciudadanos y que desde el gobierno nacional deberán realizar los esfuerzos para que mancomunadamente se lleve a cabo la socialización del proyecto.
Esta columna, ha conocido que departe de la Gobernación se ha llevado acabo varias socializaciones con la comunidad, donde un grupo de funcionarios han repartido unos volantes que según algunos pobladores no fueron bien explicados, un gesto que hay que decir juega en contra de la megacárcel.
Ante este debate, tengo dos argumentos que creo debemos tener en cuenta para este tipo de obras.
El primero que subrayaré, es la cantidad de empleos que se pueden crear con este centro carcelario tanto en su construcción como en la etapa de funcionamiento, si bien un amigo me dijo hace un par de días las dificultades que se podrían generar para emplear a las personas, teniendo en cuenta la cultura campesina y agrícola de sus habitantes, también se puede optar para capacitar un número importante de trabajadores que responda a esta futura oferta laboral.
Lo segundo, es la descongestión que se generaría en las cárceles de la Región Caribe y el aporte que está megacárcel haría en las próximas decisiones de los jueces de la República cuando piensen enviar o dar casa por cárcel a quienes cometen los famosos delitos menores y son trasladados a su residencias a raíz del hacinamiento que se vive a nivel nacional en las cárceles de Colombia.
Debo decir por mi postura política y por las ideas que defiendo, que si bien el campo deber ser uno de los pilares de este sector en el Atlántico y en el país, creo que hay que aprovechar esta oportunidad que también, es una necesidad más allá del municipio que trasciende a nivel nacional y que nos debe permitir una reflexión frente a las diversas problemáticas que atraviesa nuestra sociedad.
Desde el Ministerio de Justicia, deberán esforzarse al triple de como lo vienen haciendo actualmente para poder obtener unos resultados de aceptación o no a corto plazo, porque es necesario, porque tiene beneficios y porque adaptarnos a ciertas condiciones de la actualidad se volvió un deber que nos toca a todos como ciudadanos y que más allá de gustarnos o no, hay que pensar con sensatez y evaluar detenidamente si en este caso, prima el bien general, sobre el particular.
