No es cierto que nuestra democracia haya tenido solo un golpe de Estado en su historia, el de Rojas en 1953, que lo fue, aunque apoyado por liberales y parte de los conservadores. Pero en 1854, Melo derrocó a Obando; Santos Acosta a Mosquera en 1867, y Marroquín a Sanclemente en 1900.
Además, la democracia no se vulnera solo con el derrocamiento de un presidente, sino con el más grave de la Constitución. En 1886, Núñez decretó que la de 1863 dejaba de existir, y Reyes, en 1904, desconoció la de 1886 y clausuró el Congreso.
Tiempos de bárbaras naciones, dirán. Mas no; hace tres años nuestra democracia fue socavada por el Ejecutivo con la disculpa de “la paz”, cuando, el 2 de octubre de 2016, la voz del pueblo le dijo NO al Acuerdo fariano y el gobierno Santos la desoyó.
Santos daba por descontada la victoria, porque el desequilibrio fue la marca de esa campaña. Hoy se sabe que los recursos de Odebrecht alcanzaron para el apoyo al SÍ, sumados a los del Presupuesto, aunque disfrazados de “divulgación”.
Todo salió mal. Santos no estaba obligado a refrendar, pero se comprometió a hacerlo y a respetar sus resultados. Eligió el plebiscito para obligar al todo o nada: SÍ o NO, y cambió las condiciones con la bendición de la Corte Constitucional, para ganar con apenas el 13% del censo electoral. Mientras acusaban a los del NO de apelar al miedo, por advertir lo que hoy sucede, el Gobierno y sus acólitos de paz, pagados con mermelada, asustaban con la guerra urbana si triunfaba el NO.
Y el No triunfó. Santos, que había amenazado con desmontar el Acuerdo y hasta con renunciar, tenía el Nobel en el bolsillo y decidió traicionar su palabra, desoír al pueblo y hasta a la Corte, que había aclarado que la decisión del plebiscito obligaba al presidente, y que “la decisión negativa del electorado inhibía la implementación del Acuerdo Final”.
Un engaño lleva a otro. Dorada de píldora al expresidente Uribe y a los negociadores; maquillaje; negativa de ceder en cárcel para delitos atroces y revisión de la JEP, temas que aún indignan por tan vergonzosa impunidad. Al final, en una voltereta política y ética, Santos desprecia la voz del pueblo, el Congreso refrenda el “Acuerdo definitivo” y la Corte, “como si nada”, aunque corrigió el fast track “habilitante”.
Lo advertimos. Las Farc no confesaron delitos, no devolvieron riquezas ni se desarmaron totalmente. Los cabecillas no fugados son congresistas, no conocieron cárcel ni siembran hortalizas. La paz no llegó al campo, sometido al narcotráfico, donde mafias, disidencias y elenos extorsionan, secuestran y asesinan candidatos, líderes y ganaderos, para apuntalar control territorial.
Mientras tanto, de las víctimas ¿quién se acuerda?
N.B. El 8 de octubre, Álvaro Uribe le cumplirá a la justicia; en la que necesitamos seguir creyendo, a pesar de todo.
