La expansión geográfica del Estado fue priorizada en las Políticas de Defensa y los Planes de Guerra de las últimas dos décadas. Esto como consecuencia de los requerimientos espaciales del capital en Colombia, especialmente extranjero, que llevaron a la ejecución de un gran esfuerzo militar y paramilitar. Con los logros de la expansión geográfica, el Estado y el capital ganaron espacio pero no el territorio ya que no derrotaron procesos históricos de las múltiples resistencias; esto a pesar de la represión con terror y sus graves consecuencias en la victimización masiva de la población.
Los propósitos territoriales marcaron la IV Reforma a las FFAA y el Plan Colombia en 1998. Lo siguiente sería la ejecución por parte de los expresidentes Pastrana, Uribe y Santos, que terminó con la V Reforma. Se requiere fuerza para el control territorial y cumplir con el universo de categorías sobre el Estado que incluyen soberanía, centralización, monopolio de las armas, producción y aplicación de las leyes, recaudar impuestos, población. Estas se reflejan en las constituciones políticas, la tecnología estatal, la doctrina militar y en la regulación internacional.
Hoy la realidad indica el fracaso de las estrategias de defensa del territorio, si es que ese fuera el objetivo. Por ejemplo, los territorios que las exguerrillas de las FARC dejaron con la reincorporación a la vida civil, hoy sufren un “vacío de poder” y han sido convertidos en territorios en disputa por diferentes organizaciones aunque no precisamente por el Estado Social de Derecho. Los vacíos en estas categorías de la construcción del Estado pretenden ser superados con una delimitación ficticia del territorio. El mapa oficial sigue sin representar la realidad territorial democrática pues hay muchos factores no coincidentes con el territorio representado por el Estado del poder hegemónico.
El control territorial fracasó y como prueba de ello la victimización masiva. Dicho de otra manera, por varios años la ejecución de la política pública de Defensa impactó directamente el crecimiento cuantitativo de las víctimas. La cronología del conflicto armado indica que los cambios en la doctrina, en las tácticas de guerra y el despliegue de las fuerzas, sumado al apoyo de los EEUU, al endeudamiento externo, los impuestos de guerra, incremento del presupuesto del sector, del pie de fuerza y del armamento, en la medida en que todo esto cambió y creció, fueron expandiéndose el capital, los hechos victimizantes y las víctimas.
La expansión territorial del Estado en favor de una minoría de intereses privados debe ser cuestionada por en Sistema de Verdad derivado del Acuerdo de Paz. Se requiere el esclarecimiento de la combinación de diferentes estrategias en el alistamiento del territorio, incluida la activación de la violencia para la ejecución del desarrollo extractivista y macroproyectos de infraestructura y energía. En ese camino examinar una doble victimización: por un lado las consecuencias de un desarrollo exógeno sobre el territorio; y por otro lado, víctimas de la reacción del Estado y agentes privados contra la resistencia al desarrollo impuesto.
Si bien entonces el capital puede dar cuenta de su particular crecimiento económico, lo cierto es que la política de control territorial no reforzó y por ende no garantiza el Estado de Derecho en todo el territorio; no fortaleció la autoridad, ni el libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, ni el imperio de la ley; fracasó la recuperación gradual de la presencia de la Fuerza Pública en todos los municipios, el incremento de la judicialización de delitos de alto impacto social, la extensión y fortalecimiento de la administración de justicia y de las instituciones del Estado. El fracaso de todos estos objetivos territoriales del Estado se evidencia en la victimización masiva y en la impunidad. Un fracaso que se quiso ocultar con falsos positivos y de paso también echarle tierra a la corrupción con las sumas billonarias de la Defensa de estos últimos 20 años.
Fredy Escobar Moncada
