Ser Secretario General de cualquier organismo supranacional en América latina es harto complejo. Aquí abundan las contradicciones y se confía en tratar como Estados de derecho a múltiples agrupaciones naturales regidas por el temor que impone un megalómano de turno con tres fusiles, un caballo y una caja registradora. Lejos del canon de lo que debería definirse como Estado de derecho en el marco de la comprensión política ocurrida en el mundo moderno tras el proceso de paz firmado en Westfalia. Es común avisar en América latina múltiples denominados Estados que adolecen de ostentar el monopolio de la fuerza y la solidez de sus instituciones. Institucionalidad básica que exige diferenciar al gobernante del cargo que ocupa. Ocurre que haya Estados con representación nominal del poder en cabeza de un dirigente. Apersonados a un líder carismático y dictatorial que esconde en el velo del derecho la represión y la vocación absolutista que se ocupa de perpetuarse en el cargo. Lo cual riñe directamente con el espíritu democrático de alternación periódica de dirigente y gabinete; precisamente porque se parte de la premisa básica de que en el nombre de la igualdad cívica, cualquiera puede ser elegido. En América latina existe una trampa mortal en la que caen de manera sistemática gobernante y gobernados. Confunden democracia con asaltos institucionales que perpetúen al dirigente. Por ello, es de esperarse que los líderes de organizaciones supranacionales no caigan en dicha trampa, porque deben saber que la línea entre democracia y autoritarismo es casi imperceptible para un ciudadano del común o un activista apasionado. Pero lo que no tiene presentación, ni excusa, ni sentido, ni defensa es que alguien, con tan alta dignidad, reproche públicamente toda connivencia con el gobernante de Miraflores, pero asienta el liderazgo de Ortega y vea con buenos ojos que a Evo se le asegure el sacro derecho a aspirar a ser re-re-re-elegido. Este tipo de concesiones contradicen ampliamente lo que debería ser un órgano republicano, pero a la vez, confirma que la existencia del Estado de derecho, en el interior de la OEA, sea una ilusión.
