En general, la política antidrogas no ha tenido en cuenta los estudios, la evidencia acumulada sobre lo qué sirve y lo qué no. Los interesados pueden ver un resumen aquí.
El fallo de esta semana de la Corte Constitucional ha generado dos debates distintos, no independientes, pero distintos: uno es el debate sobre la política antidroga, esto es, sobre la necesidad de una regulación eficaz que respete los derechos humanos y enfatice la reducción del daño para los consumidores y la sociedad.
El segundo es un debate sobre convivencia, sobre el uso del espacio público por ciudadanos con preferencias y necesidades distintas. Voy a centrarme en este segundo debate.
La Corte, en mi opinión, tiene razón en sus argumentos esenciales: la prohibición absoluta (sin matices, sin distinguir unos casos de otros) no parece ser la mejor manera de dirimir posibles conflictos en el uso del espacio público; además, puede restringir innecesariamente algunas libertades individuales y puede prestarse para abusos policiales (así lo muestra la evidencia disponible).
Sin embargo, tengo una preocupación. Este debate podría exacerbar los conflictos, los problemas de convivencia, las peleas entre usuarios de parques, la intolerancia de lado y lado, etc. La atención mediática y el oportunismo político podrían llevar incluso a la violencia. Algunos extremistas parecen estar promoviendo la «limpieza social». Ojalá no ocurra. Pero no sobra advertirlo.
