‘Nunca hay una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión «, y ese engendro llamado JEP, derivado de unos acuerdos de paz con las Farc, que por eso mismo, por ser el resultado de algo que el pueblo soberano rechazó un 2 de octubre de 2016, no debió nacer nunca, así que invitar a las víctimas de violencia sexual a que les confíen sus casos es cuando menos risíble, ridículo.
Muchos andan mendigando a esas víctimas confianza en la JEP, confianza que nunca se les tuvo, y que si de pronto los colombianos estuvimos atentos a unos primeros signos positivos, estos se malograron, pues que hoy, casi un año después de la detención de Jesús Santrich acusado de narcotráfico y pedido en extradición por los Estados Unidos, el caso no se haya resuelto, es un mensaje claro de que quienes operan ese estamento alternativo de justicia no saben lo que les corresponde hacer. Eso por citar solo un caso, pues también que hoy no se conozca el paradero de alias «El Paisa» y de «Iván Márquez» y que la JEP tenga emisarios por todo el territorio nacional para lograr que comparezcan y se sometan ya es decir mucho de lo bajo en que cayó esa Jurisdicción.
Ahora bien, echar mano del argumento de que la justicia ordinaria tampoco avanza al ritmo que demandan los ciudadanos -que todos sabemos es cierto- es un poco sopesar esa confianza reclamada para la JEP con cuenta de cobro a la merma de credibilidad en un sistema judicial que aún con sus pasivos, ahí ha estado soportando nuestro estado de derecho. Así las cosas, creemos entonces jurisdicciones especiales para que conozcan de violencia de género o de exterminio de líderes sociales, y que entonces esa rama del poder público se convierta en una colcha de retazos.
Siempre se ha dicho que la confianza, como el respeto se ganan, y la JEP que tuvo chance no lo hizo, entonces no revictimicemos a aquellos colombianos y colombianas que fueron humillados y sometidos sexualmente por unos «poderosos» para que cuenten su historia y la misma simplemente haga parte de un dossier de crímenes que a la vista del estado y de la sociedad, quedarán impunes. La legitimidad de las instituciones se soporta primero que nada en la aceptación y confianza que consiga en el entorno en el que aplique su accionar, y si no se logran desde principio, vano es cualquier esfuerzo que se intente después. Claro está: que se investiguen las violaciones sexuales, pues para la sociedad en su mayoría, no se entiende que tales delitos tengan que ver con un conflicto armado entre insurgentes y el establecimiento legítimo, y que no se de más espera para que sea la justicia ordinaria la que actúe, pues por rendirle pleitesía a antiguos actores armados, hoy congresistas, no se puede desconocer el derecho de unas víctimas a sentir que para su Estado también ellas cuentan.
Ya va siendo hora de activar los sistemas de justicia para que conozcan y juzquen, y no se permita que entre discusiones politiqueras, muchos, muchísimos delitos en la guerra se queden engavetados mientras muchos colombianos nos tenemos que conformar con saber a las cabezas insurgentes fungiendo ya como «Padres de la Patria».
Desde Guanteros eso pensamos sobre la JEP.