“La población de recicladores informales en la región latinoamericana agrega a alrededor de cuatro millones de personas y forma parte de un sector en pleno desarrollo en la región”
El primero de marzo se celebra el día mundial del reciclador. Si bien es un anacronismo pensar en celebrarlo a estas alturas del año, si es menester indagar por los avances en cuanto a la formalización laboral y garantías de derechos de los recicladores en América Latina hasta la presente fecha; para posteriormente desagregar y exponer los procesos, con sus sinergias y conflictos, que se hayan presentado entre el sector de los recicladores informales y los gobiernos con sus respectivos planes de gobierno, tomando por caso la ciudad de Medellín.
La caracterización del sector informal del reciclaje en América Latina y El Caribe (2014), presentado por la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRRI), expone que «la población de recicladores informales en la región latinoamericana agrega a alrededor de cuatro millones de personas y forma parte de un sector en pleno desarrollo en la región» (p.4). El número de familias que han empezado adoptar esta práctica como profesión de vida para hacerse con el suministro de los requerimientos para vivir, ha crecido exponencialmente. Los derechos que cubran a estos individuos (como el derecho a la vida digna, el trabajo y la igualdad), por tanto, han de ser un asunto de presencia constante en las distintas agendas de gobierno.
Las familias dedicadas a estas profesiones, como lo evidencia el estudio Condiciones sociales y de salud de los recicladores de Medellín (2008), desarrollado por la revista de Salud Pública,[1] pertenecen a los «estratos socioeconómicos medio bajo y bajo» (p. 7), esta población está compuesta en un 80 por ciento de los recicladores de oficio, y el otro 20 por ciento se reparte entre ocasionales y habitantes de calle. Es decir, los sujetos practicantes de la profesión del reciclaje pertenecen a las poblaciones vulnerables, expuestas generalmente a un bajo acceso a los servicios básicos, el pobre cubrimiento de sus derechos y toda una serie de prácticas de matoneo, intimidación y microtráfico de estupefacientes (como lo señala el censo de 2009 sobre la población de y en calle realizado por la Secretaria de Bienestar Social de Medellín en alianza con la Universidad de Antioquia).
El trato que han recibido los recicladores informales «en la región (…)es el de un problema social, sin llegar a recibir reconocimiento a pesar de los beneficios ambientales, sociales y económicos que su trabajo genera” (p.5).[2] Dentro de la cadena de valor, como lo expone la Caracterización del Sector informal (2014), en la contribución para prestación eficaz del servicio público de Aseo (La Ley 142/94),[3] se encuentran dos actores: «El servicio de recogida de residuos sólidos urbano formal, público o concesionado a empresas privadas» (p.12) y los llamados «recicladores de base» (p.5) encargados de «el recogimiento del material sólido, sea en las calles, sea en las viviendas» (p.5).
Estos son los sujetos que se denotan como recicladores informales. Los recursos monetarios y técnicos van dirigidos a las empresas públicas (dependientes de la administración municipal), mientras que, son escasos los montos dirigidos a los recicladores informales. Estos dineros se traducen en campañas de sensibilización e interacción incipientes entre algunos representantes de los recicladores (acciones simbólicas), como el caso de Arreciclar (Asociación de Recicladores de Antioquia) y la ANR (la Asociación Nacional de Recicladores), y las distintas administraciones. El continuismo en el tratamiento para con la condición de los recicladores exhibida a nivel regional por América Latina es una imagen que se refleja a la perfección en Colombia en su falta de soluciones prácticas y efectivas para solventar las exigencias que presenta la condición de los recicladores informales.
La Corte Constitucional declaró (véase el Auto269/10) como sujetos especiales de protección, “lo justifica la labor ambiental que cumplen y el hecho que la sociedad se beneficie a pesar de no ser favorecidos o retribuidos por ella” (sentencia T- 740/15), a los recicladores informales mediante la tutela presentada por distintos grupos de trabajadores dependientes de la recolección de residuos sólidos, como la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), contra la licitación 01 de 2010 que otorgaba licencias para reciclar en un área de especial interés (relleno de Doña Juana en Bogotá) para esta población vulnerable.
Le exigían acciones eficaces, “por acciones afirmativas se entiende todo tipo de medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan” (Sentencia T- 724), para la inclusión de estos sectores en la licitación, y evitar así, que “ese negocio sólo quede en manos de grandes empresarios o monopolios”,[4] dando lugar a que “se respeten de mejor manera sus derechos constitucionales fundamentales”.[5]
Este tipo de reconocimiento formal se emuló en distintos lugares del país, como el expediente T-3.170.041. Este expediente es una acción de tutela instaurada por la señora Rubiela Vélez Ramos y otros, contra el municipio La Victoria, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y La Victoria S.A. E.S.P. al reconocerse que estas empresas habían violados el:
“Derecho a la Igualdad Material de los Recicladores –Vulneración por entidades al no disponer de acciones afirmativas que permitan acceso seguro y cierto a los residuos sólidos potencialmente aprovechables; Derecho a la Igualdad Material de los Recicladores –Orden a empresa de aseo diseñar e implementar acciones afirmativas, para ser aplicadas de forma inmediata a la población que pretenda desarrollar la labor de aprovechamiento en la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos que administra” (Expediente T-3. 170.041).
El proceder sobre esta materia por parte de otros órganos judiciales a nivel nacional, siguiendo la ruta pactada en el 2014 en la política pública de inclusión de recicladores de oficio en la cadena de reciclaje (la cual cubre a Medellín, Manizales, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga), consiguió que en Medellín se llevaran a cabo procesos desde la administraciones municipales (véase el acuerdo 089 de 2017) para precisar y aplicar las acciones efectivas y avanzar así en el reconocimiento de las aportaciones y los derechos de los recicladores informales, ligándolos directamente en la ejecución y las retribuciones pertinentes por la intervención permanente en la ejecución del Plan Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), que es el instrumento rector que define las acciones a implementar por cada uno de los actores en relación con el tema de residuos sólidos en la ciudad.
En Medellín la gestión integral de los residuos sólidos está a cargo de Empresas Varias de Medellín E.S.P. (EVM). Durante el año 2013, EVM se transformó de Empresa social y comercial del Estado a empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, organizada como sociedad por acciones (Acuerdo 21 del 17 de mayo de 2013, Concejo de Medellín), la cual desde el 1 de noviembre de 2013 se convirtió en filial del grupo Empresas Públicas de Medellín EPM. Es esta sucursal dependiente de Empresas Públicas de Medellín la encargada de la gerencia sobre el tratamiento de residuos sólidos en la ciudad y con quienes los recicladores o asociaciones de estos tiene que interactuar, debido en gran parte a que su profesión contribuye la prestación óptima de los servicios de aseo público (los recicladores arrastran, a diario, carretas en las que pueden llevar más de 200 kilogramos de material reciclable) y sus rutas de trabajo están ligadas en gran medida a las rutas que desarrolla los camiones y los trabajadores de las organizaciones formales para la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Medellín.
Al observar el programa de acciones, como el presupuesto aprobado, tanto para Empresas Públicas de Medellín (sus Estados financieros desde 2016 a 2017) y consiguientemente a EVM (el plan anual de contingencias para la disposición final y el plan de acción para el año 2016-2019), para el año vigente (2018), no se aprecia ni se revela un interés inmediato en que los recursos específicos que se destinan a estas dependencias administrativas se traduzcan en una mejora de las condiciones sociales de los recicladores; abocados a la búsqueda de programas e iniciativas de formalización y garantías laborales para los recicladores, resulta sorprendente que tanto en los presupuestos destinados, como en los programas de acción -en donde se definen los usos de los recursos y los imperativos para el año de vigencia- no se haga una alusión directa a los recicladores o la posibilidad de interactuar con las organización representativas de esta (como el caso de la organización Recicladores de Medellín, por solo citar una de las más de ochentas asociaciones que hay en la ciudad). Esto puede deberse a la falta de índices, la incapacidad de las metodologías de medición y la falta de una base de datos robusta en donde se caracterice a la población recicladora de Medellín (luego de revisadas las caracterizaciones de la población de la ciudad desde los años 2002 hasta el 2016)
La población de recicladores en la ciudad de Medellín se encuentra en tres mil personas, según el censo realizado por la Alcaldía para el año 2012, y el crecimiento de la población continúa en aumento. Es por ello que ante las condiciones de menos de “un salario mínimo al mes”, las arduas jornadas en donde se “trabaja más de 10 horas y no están afiliados a seguridad social o pensión, por lo que no pueden aspirar a una jubilación”,[6] hace acuciante la búsqueda de respuestas y acciones afirmativas tendientes a garantizar un mínimo vital tanto (el desarrollo material) como una canasta básica de derechos, a los sujetos que practican esta profesión. De lo contrario, aumentan los riesgos de vulneración y la precarización de las condiciones para el desarrollo en una población ya de por si vinculada a dinámicas propias de contextos marginales.
La cartilla en donde se presenta el informe sobre la Política Pública de inclusión de recicladores de oficio en la cadena de reciclaje (2014), realizado por Como Vamos, evidencia una mayor preocupación por parte de las administraciones municipales que cubre la política en el tratamiento de los residuos sólidos, paralelo a este una transformación de ciertos eslabones en la cadena de valor (incremento de valores) de los residuos sólidos separados, un incremento de los niveles de producción de residuos, así como el despliegue de medidas normativas y en términos de política pública para acatar las deficiencias en estas áreas; pese a ello, también manifiesta la cartilla la falta de acciones tendientes a la formalización laboral y la garantías de derechos para esta población. Esto es paradójico, debido a que el pasado 1 de marzo la administración pública se declaró efusivamente en nombre de las bondades que aportan los recicladores (como el caso del Ministerio de Hacienda y su llamado a las cortes para trabajar en el reconocimiento efectivo de los recicladores como población especial), sumado a la búsqueda adelantada por los distintos niveles de gobierno en aras de suprimir las dificultades en cuanto a bienestar y garantías de derechos se refiere para esta población (véase las distintas sentencias mencionadas a lo largo del texto).
Al momento de escribir este texto las condiciones para el desarrollo y la vulnerabilidad en cuanto a reconocimiento de derecho para los recicladores sigue siendo un problema acuciante de una realidad incontestada y deficientemente atendida, pese al esfuerzo imprimido por la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRRI) en el desarrollo de las cartilla para la construcción de planes de inclusión para recicladores informales. Los precios que se pagan por las toneladas de reciclajes siguen siendo inferiores a los esfuerzos realizados para conseguirlo y separarlo (la labor ambiental que desarrollan); en la cadena de valor, quien se queda con las ganancias es quien compra el reciclaje separado, revende las partes de valor (motores, frascos de perfume, entre otros) en lugares específicos (como el Relleno sanitario la Pradera y las chatarrerías del centro de la ciudad). Por tanto, pese a que según cifras de la Secretaría de Medio Ambiente exponen vívidamente la magnitud de la tarea desarrollada por los recicladores (en promedio cada mes los recicladores recuperan 360 toneladas de material reciclable, en su mayoría se trata de cartón y papel, seguido por productos plásticos y de pasta) las condiciones de vida y la posibilidad de acceder un nivel más alto de desarrollo y bienestar, sigue siendo un factor pendiente y deviene en una obligación imperante para los distintos gobiernos, y en especial, siendo el caso empírico analizado, para la ciudad de Medellín.
[1] (nota con referencias correctas)
[2] nota al pie con referencia bibliográfica
[3] “contiene las reglas generales aplicables a los servicios públicos domiciliarios, que para el caso del servicio de aseo son desarrollados por decretos posteriores que fijan las pautas de calidad, continuidad y eficiencia que se deben observar en el mismo” (Ramírez, 2005, p. 2).
[4] Editorial Periódico El País. (Edición del 4 de agosto de 2010). Corte constitucional amparo derechos de los trabajadores. Periódico El País. Cali.
[5] Editorial Periódico El País. (Edición del 4 de agosto de 2010). Corte constitucional amparo derechos de los trabajadores. Periódico El País. Cali.
[6] Fonnegra, Isabel. (Edición del 9 de marzo de 2017). Recicladores, los pulmones de las ciudades. Periódico El Tiempo. Bogotá.
Título original: La situación de vulnerabilidad de derechos e informalidad laboral de la población recicladora en la ciudad de Medellín (2018)
