Había evitado publicar mis reflexiones sobre la Consulta Anticorrupción pues, consideraba que lo políticamente correcto es apoyar una iniciativa que busca, comprometer al electorado colombiano en contra de uno de los problemas más significativos de nuestra escena pública; sin embargo, creo que la forma en que se ha publicitado el voto por la consulta es una especie de regaño, un todo o nada terrible; parece que la única razón para tener reparos con la consulta es ser corrupto, estar de acuerdo con los corruptos o ser medio tonto.
Como no quiero ser llamado corrupto o tonto, quiero exponer mis reflexiones sobre cada una de las preguntas, sobra decir que considero imposible extirpar de la sociedad a la corrupción, no creo que pueda “vencerse al corrupto” porque no creo que el problema sean los corruptos individualmente considerados y porque vivir en esta sociedad me hace pensar que no necesariamente “los buenos somos más”.
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¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?
Esta es tal vez la propuesta más popular de la consulta, vale la pena preguntarse más allá de los significativos efectos fiscales que tiene esta norma si tiene un efecto de lucha contra la corrupción.
Desde la perspectiva de la regulación, no tiene mucho sentido el considerar que un agente económico (en este caso el congresista) va a estar menos dispuesto a apropiarse de lo que no le pertenece si sus ingresos regulares son menores, es decir, ¿cómo esperar que sea un desincentivo para robar que te bajen el sueldo?
El sustento de esta propuesta que sus promotores llaman “justicia” parte de una idea muy enrevesada de justicia, porque los congresistas se ganan 40 veces lo que se gana un ciudadano del común lo que hay que hacer es disminuir el ingreso de quien gana más, cuando el problema de desigualdad se origina en que los ingresos de los ciudadanos son escandalosamente bajos ¿Por qué buscar el muerto rio arriba? Creo que esta propuesta y sobre todo la forma en la que se ha promocionado, promueve una idea contraria a la de la participación ciudadana y busca darles a los ciudadanos la oportunidad de desquitarse de los congresistas, porque nos caen mal, la idea de la revancha es muy lejana a la de justicia.
Un dato apenas, los parlamentarios ingleses se ganan solo 4.5 veces lo que gana un trabajador promedio (salarios mínimos) pero el salario mínimo inglés equivale a poco más de 5 millones de pesos. Lo que quiere decir que un obrero ingles gana 6 veces lo que gana uno colombiano ¿debemos hacer un referendo internacional para que los ingleses tengan un salario mínimo de 0,7 millones de pesos? ¿Esa es la idea de justicia que buscamos?
Otro elemento a analizar en esta idea, además de garantizar una revancha inútil en contra de los congresistas, disminuye los salarios de los altos funcionarios del Estado entre ellos los jueces, afectando terriblemente la autonomía judicial. ¿combatir la corrupción con jueces con incentivos para recibir prebendas?
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¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
Criminológicamente esta propuesta tiene la misma candidez que toda la consulta, es mucho bombo sobre una transformación del tratamiento penitenciario, sin más, acabar con los patios de funcionarios públicos ¿vamos a pagar las reparaciones del Estado por violencia en contra de los presos que robaron mucho más, pero que no lo hicieron con las armas con las que lo hicieron sus actuales compañeros de patio? La peligrosidad es distinta y el tratamiento penitenciario debe ser diferencial. En lo que tiene que ver con la prevención del delito, está demostrado que agravar el castigo no previene la comisión del delito, pues quien lo comete lo hace – sobre todo si es poderoso – con la convicción de no ser capturado, por tanto, tiene mayor capacidad preventiva persecución y sanción efectiva que la mayor pena.
De esta pregunta me llama la atención el avance en clave de libertades que significa (es ironía) asistimos al escenario de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, inhabilidad permanente para contratar con el Estado porque uno de sus socios participó de un delito contra la administración pública, así haya participado la empresa en el contrato o no, dice esta propuesta como yo la leo: a los corruptos hay que perseguirlos sin garantías y perseguir a todos los que se junten con él, quitarle el agua al pez, así como le quitaron el agua al pez los paramilitares. Cruzar la barrera de las garantías individuales no puede admitirse en un Estado de Derecho, por buenas intenciones que tenga esa ruptura del límite, porque existirán en el futuro argumentos igual de plausibles para superar el límite en contra de otros.
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¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?
Esta no es otra cosa que una nueva regla de contratación pública que va a acabar con la corrupción, esta sí, ese cuento lo estamos escuchando desde que se promulgó la ley 80 del 93 y con ese cuento han metido cuanto “estatuto anticorrupción” han querido. ¿Qué nos hace pensar que esta vez sí va a funcionar? ¿Qué lo están promoviendo los buenos?
Ahora ¿qué significa un pliego tipo?, significa que las entidades del Estado tendrán que estandarizar su contratación como si sus necesidades fueran estándar, ya existen herramientas de control para determinar que los favorecimientos de terceros en los procesos de contratación no operen, lo que está probado es que ponerle más arandelas a la contratación pública resulta además de engorroso inútil. ¿Vamos a combatir la corrupción a costa de la tan necesaria eficacia de las instituciones del Estado para cumplir sus funciones?
Tengo la lectura de que lo proponen porque la consulta se hace pensando en elegirse para la alcaldía de Bogotá, institución que por su tamaño tiene mayor capacidad de estandarizar procedimientos, no existiría esta pregunta si Claudia López fuera candidata a la alcaldía de un municipio de sexta categoría, estoy seguro, regular el mundo a nuestra medida como el articulito que permitió reelegir cierto ex presidente.
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¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?
Cuando leí el título de este “mandato” me alcance a ilusionar, porque pensé que la participación ciudadana en la ejecución del gasto público tendría capacidad de decisión; la democratización del gasto público entre nosotros está muy en deuda y quedó reducida al presupuesto participativo que es siempre insuficiente y terminó por remunerar la participación comunitaria haciendo dependientes de los recursos del estado actividades que otro hora se movilizaban por la solidaridad ( pero ese es otro tema)
Lamentablemente no, es una medida muy publicitada pero que sencillamente repite las competencias de la contraloría y las obligaciones de las entidades para someter a audiencia pública el debate de los presupuestos. La novedad es que no solo serán los rubros grandes del Estado sino desglosado, yo si quiere ver cuantos ciudadanos activos tienen el tiempo para leer todo el presupuesto desglosado de la entidad territorial más pequeña. Como varios puntos de la consulta, mucha publicidad, pocos cambios profundos y más cargas para las instituciones sin resultados positivos probables en la lucha contra la corrupción. Por lo visto hay que hacer del Estado un paquidermo inmóvil para que no se pierda un peso.
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¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?
Lo llamativo de esta propuesta es que no pretende eliminar los cupos indicativos, conocidos como mermelada, sino que pretende hacerlos públicos ahora los congresistas podrán hacer su campaña abiertamente informando lo que han gestionado, lo que no van a contar es que voto dieron para que les dieran ese proyecto para su región, porque siempre habrá justificaciones externas al soborno para decir porque se vota o no un proyecto.
Otro elemento llamativo es el de creer que en serio un congresista va a decir “si yo gestioné el interés de esta petrolera y le conseguí una reunión con el viceministro que define tal tema” o contar los puestos que les dan; esta propuesta crea un escenario para que los congresistas se hagan campaña, mintiendo sobre sus relaciones y los intereses que gestionan.
Además, crea unos parámetros de calidad de la actividad parlamentaria propios de su propio ejercicio, otra vez el mundo a su medida, ¿un congresista bueno es el que presenta proyectos? ¿o el que hace control político? Olvidan que la idea de un cuerpo colegiado encuentra su sustento en que se representan los múltiples intereses que conviven en un territorio, por eso es tan grande, si fuera exclusivamente un órgano legislativo sería más eficiente un concurso de méritos. El parlamento es el escenario de la diferencia y de los intereses que conviven en el país, eso hace pensar que cada elector deberá considerar cuales son las actividades que hacen de su congresista buen congresista.
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¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?
Yo estoy de acuerdo con perseguir los bienes de los corruptos, pero no sé si pueda estar de acuerdo en convertir en tipo penal, disciplinario o fiscal la relación familiar o comercial con un condenado por un delito contra la función pública; es revivir en los delitos de corrupción los delitos de sangre, propios de la edad media.
Quiero exagerar con el ejemplo, pero si a su esposo lo condenan por concusión por ofrecerle 20 mil pesos a un agente de tránsito para evitar un comparendo, a usted le pueden revisar los bienes y jamás podrá contratar con el Estado, no digo que este bien sobornar funcionarios, lo que digo es que no sé qué tan proporcional sea la sanción, es exagerado pero esta inquisición no hace diferencia y como todo en Colombia la ley será para los de ruana. El ejemplo es exagerado, pero es con el cónyuge, se imaginan el mismo ejemplo con un amigo que te puso el plante para un puesto de empanadas – tu socio de hecho.
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¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?
Ver a Jorge Robledo haciéndole campaña a este punto me parece un oxímoron divertido y creo que él y no Gerlein son el ejemplo perfecto para mi crítica a este punto. Porque considero que el senador Robledo es un excelente parlamentario y eso también tiene que ver con sus calidades personales y no creo que la permanencia de Robledo en el Senado perpetúe a los mismos con las mismas, como tampoco creo que la nueva imagen de casas políticas históricas en el congreso signifique una renovación. En resumen, esta es una propuesta muy bonita, pero también inútil, lo que resume mi lectura general sobre la consulta un esfuerzo cosmético muy costoso.
En resumen: Los puntos de la consulta están lejos de ser una panacea para la corrupción, porque para empezar la corrupción no tienen panaceas. Por el contrario nos pusieron en una disyuntiva horrible en la que el que no vote es corrupto o bobo, como una barra futbolística o una arenga estudiantil; lo peor de esta dicotomía fruto de la superioridad moral es que el 27 de agosto vamos a estar convencidos de que somos el peor país del mundo, porque en vez de decir siete veces sí, dimos uno solo a la corrupción; no obstante haberle dicho No a la Paz le diremos sí a la corrupción, eso va a mejorar el tono de los discursos del pulpito de la autodenominada “bancada de la esperanza” pero que baldado de agua fría será para la autoestima de los colombianos como sociedad.