Entrevista con Miguel Silva Moyano, exdirector de Sapiencia

Desde Al Poniente hablamos con Miguel Silva Moyano sobre los avances y retos de la educación superior en Medellín, también sobre una entidad muy particular: Sapiencia. Silva Moyano se desempeñó como director de Sapiencia durante la alcaldía de Federico Gutiérrez y actualmente es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana.

¿Qué es Sapiencia, cuando se creó y con qué fin?

Sapiencia se creó en el año 2014 porque, por una parte, Medellín (a diferencia de otros municipios en el país) tiene una particularidad y es que es el único ente territorial que tiene tres instituciones de educación superior. El ITM, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo; entonces, la primera gran función que le dieron a Sapiencia fue coordinar de alguna manera la política de esas tres instituciones, cosa que es muy difícil en el marco de la ley 30 de educación superior porque, cada una tiene su propia autonomía universitaria, cada una tiene su propio mecanismo de gobierno, entonces termina siendo una labor bien complicada pero bien interesante la de tratar de establecer unas políticas generales para estas tres instituciones.

Por otra parte, Medellín también venía con varios años de una puesta de subsidio a la demanda educativa que son los créditos condonables, entonces a Sapiencia le encargan la administración de esos fondos de educación. Son dos cosas muy innovadoras a nivel nacional en términos de política educativa y que, de hecho, hay muchas similitudes entre lo que hizo el gobierno Santos con el programa Ser Pilo Paga y estos créditos condonables creados desde el 2006 por la Alcaldía de Medellín. Esas son las dos principales funciones por las cuales fue creada Sapiencia.

¿Quién cumplía entonces con todas estas funciones antes de la creación de Sapiencia?

Sapiencia surgió también como una especie de brazo técnico, buena parte de estas funciones estaban dentro de la Secretaría de Educación, estas fueron rescindidas de la secretaría y se conformó esa agencia de educación superior que tiene como fin ese. Es la única en el país, es la única que ha tenido estas funciones y por lo mismo me parece un ejercicio bien interesante de aprendizaje institucional para los demás entes territoriales.

Definidas entonces las funciones de Sapiencia ¿qué ha logrado esta en materia de créditos condonables educativos?

Creo que ha sido muy importante la labor de la reorganización de los fondos educativos, lo digo porque cada fondo fue apareciendo por iniciativa del concejo municipal y no existía una sola política de educación superior, el concejo municipal un año saca un fondo, otro año saca otro fondo y así, y esto no tenía coherencia; por eso, un logro de Sapiencia en esa búsqueda de una política de educación superior ha sido darle coherencia a esto. Entonces, por ejemplo, el primer fondo no fue el Fondo EPM, fue un fondo que se llamó Fondo Presupuesto Participativo y que se inventó en la comuna uno; allí los lideres decidieron que el presupuesto participativo no debía irse a lo que se iba tradicionalmente sino que se usara para créditos condonables, surge otra iniciativa sobre esta y se crea el Fondo EPM y después se mantienen otras líneas que no necesariamente están articuladas, entonces Sapiencia lo que hizo fue darle coherencia a estas líneas de crédito.

¿Qué ha logrado Sapiencia con estas tres instituciones de educación superior?

Darles coherencia a las apuestas de las tres instituciones de educación superior. Llegamos a un punto muy importante desde el año pasado que fue, sentarse con las tres instituciones de educación superior y crear un nuevo programa, un programa de becas tecnológicas pertinentes que consolida toda una apuesta de ciudad, fortalece la formación tecnológica en unas áreas estratégicas y además, brinda acceso a aquellas comunas con menor acceso a la educación superior. Todo esto son logros que ha conseguido Sapiencia desde su creación y es una entidad que tiene como objeto eso, más que distribuir recursos, orientar. La capacidad estratégica de una entidad de estas está en el manejo de la información, la lectura de esa información y sobre cómo se toman decisiones a partir de esa información. Ahí es muy importante el Observatorio de Educación Superior, que fue creado desde el acuerdo que da nacimiento a Sapiencia, este observatorio se encarga simplemente de mirar cómo está el asunto de la cobertura, de la oferta, mirar cómo se comportan los fondos, para tomar decisiones sobre la marcha con base en esa información. Ese es un elemento bien interesante de desarrollo institucional en la Alcaldía de Medellín.

¿Qué tiene que ver EPM con la financiación de Sapiencia o de estos créditos condonables?

Sapiencia funciona básicamente con las transferencias que le hace la Alcaldía de Medellín por recursos de inversión, entonces, la alcaldía le financia tanto el funcionamiento como la inversión a Sapiencia. Hay una confusión en la opinión muy generalizada con el nombre Fondo EPM y la marca EPM. Inicialmente, este fondo se creó para un aniversario de EPM en el que la junta decidió que las utilidades de EPM se destinarían a créditos educativos y por eso comenzó a llamarse Fondo EPM, pero, en términos de finanzas públicas, esos recursos son incorporados al presupuesto de la Alcaldía de Medellín, los cuales se convierten en recursos propios de la alcaldía y son reinvertidos a través de las transferencias. Entonces, los recursos con los que ha funcionado la entidad hasta el momento han sido recursos de transferencias desde la Alcaldía de Medellín. Son recursos públicos y son recursos de la alcaldía cuyas fuentes pueden ser variadas.

¿Ve a Sapiencia desligada de la política o cree que su existencia depende del alcalde de turno?

Depende de la lectura que se haga, en mi experiencia, hay que valorar el hecho de que el Concejo de Medellín se preocupa mucho por la educación superior, no se han visto concejos en otros municipios donde el tema de la educación superior aparezca permanentemente y que los concejales estén cuestionando cuánto se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo y dónde se está invirtiendo. Esto es un factor positivo desde mi punto de vista porque funciona como una especie de mecanismo de presión a diferentes administraciones sin importar cuál sea la administración que llegue para así sostener este tipo de iniciativas. Por ejemplo, todo el fortalecimiento de las tres instituciones del municipio es un fortalecimiento que se ha dado por continuidad más del concejo que de las alcaldías; entonces, esa continuidad del tema en el concejo ha sido prenda de garantía para dar continuidad y cierta estabilidad. Sin embargo, tiene ese agravante, y es que aparece una idea de un concejal y entonces empiezan a colgarle elementos a la política, luego intercede Sapiencia. Sapiencia ha permitido darles más coherencia a todas estas iniciativas, una mayor interlocución con el concejo.

¿Se han estudiado los resultados de estos créditos educativos?

Hay un elemento que si vale la pena valorar y digamos que algo que defendí siempre en Sapiencia es la necesidad de evaluar las políticas, porque hasta el momento ninguna política de educación superior en el municipio ha sido evaluada, se le ha dado continuidad pero no se ha evaluado; entonces, no tenemos información de evaluación de impacto de estas políticas. Hemos avanzado en un monitoreo pero no fue fácil, el mayor obstáculo para hacer la valoración tuvo que ver con el manejo de información y de bases de datos. Digamos que en el tiempo que estuve en Sapiencia, una de las prioridades de la administración fue depurar bases de datos, obtener información para poder empezar a saber realmente qué es lo que se ha obtenido luego de más de diez años de inversión en educación superior. Espero que en algún momento con el trabajo que se adelantó, se llegue a hacer una evaluación de la política. Desde Alonso Salazar, los alcaldes han mantenido la política de fomento a la educación superior, Aníbal Gaviria hizo el desarrollo institucional, y nosotros propusimos un nuevo enfoque alrededor de la formación tecnológica. La política de educación superior se ha venido transformando y ha venido mejorando en el municipio de Medellín.

¿Qué opina usted acerca de la oferta de universidades en Medellín?

La respuesta a esa pregunta pasa por el tipo de educación que uno quisiera, y, desde lo personal, yo creo que hacen falta incluso más instituciones. En el pasado se ha discutido si se fusionan ITM, Colegio Mayor y Pascual Bravo en una sola, veo muy difícil que eso se logre y no veo cuál sería la ventaja de lograrlo. Algunos mencionan que las economías de escala permitirían unos ahorros, pero la dimensión de esos ahorros no es tan significativa. Creo que más instituciones permiten más generación de conocimiento en diferentes campos que no se han explorado.

El sistema educativo colombiano como en el resto del mundo deberá girar hacia la diversidad, y esa diversidad se logra si tenemos diferentes instituciones con diferentes enfoques y diferentes tendencias. Tenemos el caso de la carrera de ciencias políticas que surge con una tendencia en una universidad, en otra universidad tiene otra tendencia y así, esto es muy positivo para el conocimiento; entonces, si tuviéramos una sola facultad de ciencia política en la ciudad, tendríamos una que se establece como el parámetro de la verdad y esto es absolutamente nocivo para las sociedades. A mi parecer, la discusión tendría que ver más con los programas, la diversificación de programas y la calidad de los programas. El tema de oferta de instituciones está atravesado también si realmente la ley 30 de educación superior es la adecuada. A mi juicio es una camisa de fuerza anacrónica, es un sistema de educación superior de los 80’s que muy poco o nada tiene que ver con el sistema de generación de conocimiento global actual.

Mencionó usted la ley 30 ¿qué opina sobre ella?

La educación superior tiene un marco muy rígido que es la ley 30. Yo insisto permanentemente que Medellín puede hacer los esfuerzos más grandes a nivel nacional pero la ley 30 sigue siendo muy rígida para lograr esas metas. Por ejemplo, si pensamos en la acreditación institucional de la educación superior o de estas entidades, es una acreditación supremamente costosa que las privadas le cargan a la matrícula y las publicas no tienen a qué cargársela, entonces, empieza a contar una especie de déficit subrepticio que se carga a cada institución y que termina por perjudicar el asunto de la cobertura. Hay instituciones que comienzan a frenar la cobertura porque si se aumenta la cobertura entonces les disminuyen los indicadores para la acreditación. Entonces en términos generales, a pesar de los esfuerzos que hace Medellín, la ley 30 de educación es un marco muy rígido que hace muy difícil cumplir los objetivos propuestos.

Según su conocimiento y experiencia en el tema de educación ¿cómo ve el avance de la educación superior en la ciudad?

Medellín tiene unas instituciones de educación superior que son lideres a nivel nacional, tanto publicas* como privadas, es decir, en los mecanismos de medición siempre aparecen universidades de Medellín. Estas tienen muy buenos grupos de investigación, porque además algo que sí hay que decir de la educación superior, es que no debe solamente entenderse en su tarea formativa sino en su tarea de investigación, desarrollo y generación de conocimiento. El déficit ha tenido que ver con algo que ocurre en todo el país, y es que tenemos una brecha enorme entre el grado 11 y el primer semestre de la universidad. Medellín y Bogotá tienen una brecha no tan grande, pero en otras ciudades es una brecha enorme, de tal manera que un estudiante llega al primer semestre sin las herramientas adecuadas para enfrentarse al primer semestre porque la universidad tiene que hacer un doble esfuerzo, primero nivelar a los que llegan del colegio y luego mantener ciertos estándares de calidad. Eso desafortunadamente termina redundando la deserción, porque el estudiante no logra mantener el ritmo y termina desertando.

Además de esto, tenemos una gran deserción en el grado 10 y 11, no están llegando todos los que tienen que llegar y se están perdiendo muchos potenciales. Yo soy muy critico de evaluar el rendimiento a la educación superior con base a la deserción, esto es polémico decirlo porque para mucha gente ese es el principal objetivo, disminuir la deserción, pero creo que esa deserción ha tenido que ver mas con ese sistema rígido de educación superior que tenemos. En términos de cobertura Medellín está muy parejo con el nivel nacional, no está muy lejos, lo que sí es evidente para el caso de Medellín es que en un diagnostico que hicimos es que, a diferencia de lo que sucede en el resto del país, en Medellín hay una vocación por las ingenierías, las arquitecturas y la economía, unas tendencias mucho más marcadas que en el resto del país.

¿Qué quiere decir con que el sistema de educación superior es rígido?

Es decir, tomas una decisión a los 16 o 17 años, entras a la universidad y no tienes las suficientes bases, haces toda la carrera o por ahí en el 5to semestre definitivamente te cansas, decides otro proyecto formativo, y cuando tomas esa decisión, el sistema te obliga a arrancar desde cero, y eso es una tragedia. El problema no es la deserción, el problema es que no tenemos los mecanismos para absorber esa deserción, incentivar de nuevo a los estudiantes que desertaron del sistema de educación superior.

Se viene la carrera presidencial y poco se menciona la educación ¿qué piensa al respecto?

Me parece muy interesante que de cara a lo que se viene de la elección presidencial se volviera a poner la idea de la necesidad de reformar una ley anacrónica y vencida como es la ley 30, ese es un tema necesario en el país. Santos lo intentó con el capital político de su primera elección. Recuerdo mucho que una de las primeras tareas que hizo Santos fue tratar de reformar la ley 30 y reformar el sistema de regalías. Fue más fácil reformar las regalías y firmar el acuerdo de paz con las FARC que reformar la ley 30 de educación superior. Y ese es el acuerdo que nos hace falta, y lo pongo en términos de acuerdo porque no puede ser una cosa que impongan los movimientos estudiantiles ni una cosa que imponga el gobierno, tiene que ser un acuerdo de la sociedad en el que participen muchas personas y se defina realmente qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos y a dónde es que queremos ir en materia educativa. El próximo presidente debería invertir su capital político en proponer una reforma a la ley 30.