En un país como el nuestro es normal ver siempre en las noticias que alguien protesta por algo, donde la participación es tan limitada muchos ciudadanos sienten la necesidad de exponer mediante protestas sus demandas, casi siempre, contra un gobierno incapaz de resolver los problemas de sus asociados porque se dedica a garantizar las condiciones económicas de quienes financian campañas, por lo general familiares o parientes de quienes toman decisiones.
Pero las protestas no le pertenecen a un único sector, todos los colombianos nos hemos sentido en la necesidad de manifestarnos, por lo general en contra de algo. Existen en Colombia protestas de todo tipo, desde las que se oponen radicalmente al sistema económico hasta las que se oponen a la diferencia como derecho.
Si hay algo cierto es que este Estado no responde por las buenas, si se compara el porcentaje en el presupuesto general de la nación del agro o la educación, después de un paro, este siempre es significativamente mayor al que se asigna en un año en que no hay paro. Actitud con la que el gobierno envía un poderoso incentivo a la movilización social, pues no es posible que cumpla sus obligaciones debidamente sin que se promueva una protesta.
Sin duda, en una democracia organizarse y protestar para promover ideas políticas es un derecho – no una vía de hecho como con frecuencia se presenta – tal vez uno de los derechos que más significativamente representan la idea de una democracia participativa, el poder promover y exponer libremente por las vías que se nos ocurra nuestras ideas políticas.
Sin embargo, creo que no existe el derecho en una democracia de manifestarse en contra de otros de lo que son en sí mismos, pues esta acción niega el sentido mismo de la existencia de derechos. Parece lógico, pero creo que hay que insistir en ello a la luz de los recientes acontecimientos: No le es posible a una democracia admitir como derecho la discriminación y por tanto sus herramientas más significativas, como la protesta no deben admitirse con este propósito.
Democracia y discriminación negativa son absolutamente opuestas e irreconciliables, pues en nuestra idea de estado constitucional las instituciones existen, precisamente para garantizar la igualdad material entendiendo que los humanos no podemos ser iguales ni es ideal que lo seamos. Una democracia para que sea efectiva debe discriminar positivamente para garantizar igualdad material, que por supuesto no significa que todos seamos igual.
Lamento convertir un debate inminentemente político en un debate jurídico, pero no nos asiste el derecho a libre expresión, reunión o participación política si lo ejercemos para promover el odio contra un sector de la población. No tiene presentación que se invoque ningún derecho para que se promueva el racismo, el machismo, la homofobia o cualquier otro tipo de discriminación basada en el odio. Los derechos admiten límites y como nuestra libertad de acción no admite matar a otro, la de pensamiento tampoco permite promover el odio contra otros.
La idea de igualdad material legitima en mi concepto la existencia del Estado, la posibilidad que le entregamos a una institución de limitar nuestra libertad en favor de un bien mayor, este es precisamente ese bien superior que protege la Constitución la igualdad material. Quien diga lo contrario no es más que un nostálgico que se resiste a perder una lucha ideológica que ya fue positivamente resuelta con la constitución de 1991.
Finalmente. Los eventos recientes permiten entender dos cosas; una, es la predisposición de los colombianos y sus instituciones (como la iglesia, por ejemplo) a promover el odio y la otra son las prioridades del gobierno. Mientras los campesinos pararon dos meses, los estudiantes casi seis y los camioneros tuvieron que hacerlo casi dos meses para lograr sus reivindicaciones. Bastó con que los homofóbicos hicieran una marcha de un día para lograr su propósito. Para doblegar un gobierno negligente con todos menos con los homofóbicos. Qué vergüenza damos.
