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Diciembre trae una pregunta que no aparece en ningún villancico: ¿habrá contrato en enero? Cada año se la hacen miles de contratistas del Estado, con la cuenta de cobro en una mano y la incertidumbre en la otra. Hace unos meses, en este mismo espacio, se dijo que el contrato de prestación de servicios sostiene al Estado y, al mismo tiempo, destruye la tranquilidad de quienes trabajan bajo esa figura. Aquella columna se escribió desde la orilla de quien cuenta los días que le quedan al contrato. Esta se escribe desde la otra: la de quien llegó a un empleo de carrera por concurso de méritos. Y la pregunta merece una respuesta honesta: ¿qué cambia, de verdad, cuando el Estado deja de contratarte y empieza a nombrarte?
Cambia, primero, el calendario. El contratista vive el año a punta de vencimientos: el informe mensual de supervisión, la cuenta de cobro, la planilla de seguridad social pagada antes de ver un solo peso y, al final, la eterna duda de si habrá prórroga o contrato nuevo. El servidor de carrera, en cambio, mide el año en metas y evaluaciones. La sensación de estar siempre “de paso” no se va de un día para otro, pero se diluye cuando entiendes que tu permanencia depende de tu trabajo y no de quién gane la próxima elección. No es un detalle administrativo: es la diferencia entre vivir colgado de un hilo y pisar tierra firme.
Cambia, segundo, lo que el Estado reconoce. Vacaciones, primas, cesantías, aportes compartidos. Nada de eso es un privilegio: es lo mínimo que la ley le garantiza a cualquier trabajador, y es justamente lo que el contratista paga de su bolsillo o, sencillamente, pierde. Con esos derechos cambia también la manera de soñar. Pensar en una casa, en el colegio de los hijos, en un crédito o en una mudanza deja de ser un acto de fe y se vuelve un plan. Y cambia, sobre todo, el origen del puesto: quien llega por concurso no le debe el cargo a un político, a un padrino ni a un favor que algún día habrá que devolver. Llega por lo que sabe, no por a quién conoce.
Hay entidades del orden nacional que lo entendieron hace rato. Son pocas, pero existen: las que fiscalizan, liquidan, sancionan y controlan, y que cumplen su misión casi por completo con servidores de planta, con contratistas que apenas representan una fracción mínima de su personal. No es casualidad. Hay una razón jurídica: el contrato de prestación de servicios no permite ejercer funciones públicas, y la autoridad no se le puede entregar a quien no es servidor. Hay una razón institucional: sus sistemas de carrera obligan a llenar los cargos por mérito. Y hay una tercera, la más incómoda: la voluntad. Alguien decidió pagar una planta en lugar de sostener, año tras año, una nómina paralela.
Esa última razón es la que debería incomodar al resto del Estado. La norma que prohíbe usar contratos de prestación de servicios para funciones permanentes es la misma para todos. La diferencia no está en la ley: está en quién la cumple. Mientras unas pocas entidades demuestran que sí se puede, la mayoría sigue andando sobre pagos atrasados, contratos firmados a última hora y personas que trabajan meses enteros sin saber cuándo van a cobrar. ¿Hasta cuándo se va a seguir normalizando eso?
Sería cómodo leer todo esto como un final feliz. No lo es. Que una persona cruce de orilla no cambia el sistema. Según La Silla Vacía, entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de este año los contratistas del gobierno nacional pasaron de 102.338 a 97.765. Es decir: casi cien mil personas siguen del lado donde el calendario lo dictan los vencimientos. Y el anuncio de reducir los contratos de prestación de servicios desde 2027 puede ser buena o mala noticia, según cómo se haga. Si llega con empleos creados y concursos abiertos, es formalización. Si es solo recorte, es desempleo con otro nombre, y las funciones permanentes seguirán ahí, esperando quién las haga.
Tampoco se trata de romantizar la carrera. El mérito cobra su precio: concursos que tardan años, traslados lejos de casa, familias enteras que empacan su vida detrás de una vacante. Pero ese precio se paga una vez y con reglas claras, no cada tres o seis meses y sin ninguna.
Aquella columna terminaba diciendo que alguien tenía que decirlo. Hoy hay que agregar algo más: ya está demostrado que se puede. La pregunta para el Gobierno nacional, para cada alcalde y cada gobernador, no es si el Estado puede funcionar sin un ejército de contratistas, sino por qué no lo están intentando. Si de verdad queremos un Estado que funcione, la tranquilidad de quienes lo sostienen no puede seguir dependiendo de la suerte, de la política ni de diciembre. Funciones permanentes, empleos permanentes. Esa debería ser la regla, no el premio de un concurso.















Gracias Neiger, por tan acertada reflexión nacida desde la experiencia, que genera la tranquilidad personal de ser nombrado por concurso de méritos, bendiciones.