La justicia también huele a ideología

“Colombia votó NO, pero las instituciones encontraron otro camino para imponer el Acuerdo de Paz. Diez años después, la justicia exige recursos y garantías para su implementación, mientras persisten las deudas con las víctimas. ¿Defensa de la Constitución o un inquietante tufillo ideológico en las altas cortes?”

Hay decisiones judiciales que, aun revestidas de legalidad, dejan en el ambiente un incómodo perfil ideológico. No porque exista prueba de que los magistrados actúen siguiendo instrucciones políticas, sino porque ciertas interpretaciones parecen especialmente rigurosas para proteger determinados compromisos y menos contundentes cuando se trata de exigir responsabilidades por sus resultados. La reciente orden de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional para garantizar recursos, metas y articulación institucional en la implementación del Acuerdo de Paz vuelve a encender esa sospecha. Y Colombia tiene derecho a preguntarse si la justicia está defendiendo exclusivamente la Constitución o si algunas decisiones terminan favoreciendo una determinada visión política del país.

Conviene recordar una fecha que parece incomodar a quienes presentan el Acuerdo de La Habana como un mandato democrático incuestionable. El 2 de octubre de 2016, los colombianos acudieron a las urnas y ganó el NO. Fueron 6.431.376 votos contra 6.377.482. Una diferencia estrecha, pero suficiente para rechazar el texto sometido a consulta. Sin embargo, el Gobierno de Juan Manuel Santos renegoció el documento, firmó otro acuerdo y consiguió su refrendación mediante el Congreso, sin volver a consultar directamente a los ciudadanos. El procedimiento recibió respaldo constitucional. Eso es un hecho jurídico. Pero también es cierto que la ciudadanía nunca votó el segundo documento. Lo que las urnas rechazaron terminó convertido, mediante decisiones institucionales, en un compromiso que hoy los tribunales exigen cumplir. Esa contradicción política no desaparece porque una sentencia considere válido el procedimiento. La legalidad puede resolver una controversia jurídica, pero no necesariamente cerrar una herida democrática.

Diez años después, la Corte vuelve a exigir garantías para la implementación. El Estado debe proteger a los firmantes que abandonaron las armas y cumplir las obligaciones constitucionales vigentes. Nadie debería discutirlo. Lo cuestionable es que la exigencia de recursos y compromisos institucionales no siempre encuentre un debate público igualmente contundente sobre los resultados, las responsabilidades pendientes y la reparación efectiva de las víctimas. ¿Dónde está la verdad completa sobre los secuestrados y desaparecidos? ¿Qué ha ocurrido con todos los bienes que deberían contribuir a reparar a quienes padecieron la violencia? ¿Cómo se verifica el cumplimiento de las sanciones? ¿Cuántas víctimas consideran realmente satisfechos sus derechos? ¿Por qué, después de una década, se sigue discutiendo la necesidad de exigir responsabilidades que debieron constituir el corazón del proceso?

La Jurisdicción Especial para la Paz no fue creada para administrar beneficios indefinidamente. Su legitimidad depende de esclarecer los crímenes, establecer responsabilidades, imponer sanciones efectivas y garantizar los derechos de las víctimas. Ha producido decisiones y avances que deben reconocerse, pero también enfrenta cuestionamientos sobre sus tiempos, resultados y capacidad para convertir las promesas de justicia en consecuencias tangibles. Las FARC fueron responsables de secuestros, asesinatos, reclutamiento de menores, desplazamientos y otras violaciones gravísimas de los derechos humanos. Sus antiguos comandantes no pueden pretender que el paso de las armas a la política borre esa historia. La reincorporación es un derecho establecido en el acuerdo, pero no constituye una absolución moral ni jurídica.

La controversia por las autorizaciones de desplazamiento de antiguos dirigentes guerrilleros, como Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, ilustra el problema. Una autorización puede cumplir los requisitos legales y, al mismo tiempo, despertar indignación entre quienes consideran insuficientes las respuestas ofrecidas a las víctimas. El interrogante no es solamente si un antiguo comandante puede viajar. Es si las obligaciones de verdad, reparación y sanción están siendo verificadas con el mismo rigor con el que se protegen sus garantías. Aquí aparece nuevamente ese tufillo que incomoda. Cuando las instituciones transmiten la impresión de que los derechos de los antiguos victimarios reciben una atención más visible que las reclamaciones de quienes sufrieron sus crímenes, la confianza ciudadana se deteriora. Y cuando esa percepción se repite, surge inevitablemente la pregunta sobre la coherencia de los criterios judiciales.

No se trata de afirmar que todos los magistrados respondan a una ideología. Sería irresponsable. Se trata de reconocer que la justicia también debe responder por la consistencia de sus decisiones y por la manera como estas afectan la confianza pública. La independencia judicial no puede convertirse en inmunidad frente a la crítica. Las altas cortes no son organizaciones políticas, pero tampoco están por encima del escrutinio ciudadano. La misma exigencia debe aplicarse a quienes integraron la Fuerza Pública. Los responsables de crímenes deben responder sin excepciones. Sin embargo, tampoco puede aceptarse que la procedencia institucional o la antigua militancia guerrillera produzcan percepciones de tratamientos desiguales. La justicia transicional admite procedimientos y sanciones especiales, pero su excepcionalidad no puede convertirse en una excusa para debilitar la responsabilidad individual.

Existe, además, una cuestión presupuestal que merece especial atención. Ordenar recursos para cumplir compromisos estatales puede estar jurídicamente justificado. Pero cada peso destinado a la implementación debe estar acompañado de metas verificables, controles independientes y resultados concretos. Colombia no puede convertir la paz en una estructura burocrática que sobreviva gracias a nuevas asignaciones presupuestales sin demostrar suficientemente su impacto. El Gobierno debe rendir cuentas, la JEP debe responder por sus resultados y las altas cortes deben explicar con claridad el alcance de sus decisiones. La separación de poderes exige responsabilidades compartidas, no instituciones que se respalden mutuamente mientras los ciudadanos esperan respuestas.

La paz no puede ser una patente de corso para los antiguos criminales ni una bandera política utilizada para descalificar a quienes cuestionan sus resultados. Tampoco puede convertirse en un dogma judicial que impida revisar errores, denunciar incumplimientos o exigir correcciones. Una democracia necesita reconciliación, pero jamás al precio de la amnesia, la impunidad o el debilitamiento del control ciudadano. El problema de fondo no es que la Corte Constitucional ordene cumplir la ley. Es la inquietud que generan las prioridades institucionales cuando parecen proteger con mayor determinación la continuidad del acuerdo que la evaluación de sus resultados. Esa percepción merece respuestas, no descalificaciones.

Colombia votó NO, las instituciones encontraron otro camino y hoy los tribunales exigen cumplir lo acordado. Pero ¿quién exige, con idéntica contundencia, que los responsables de los crímenes cumplan plenamente con las víctimas? La justicia debe estar por encima de las ideologías, no de las preguntas. Porque cuando sus decisiones comienzan a despertar sospechas de preferencias políticas, no basta con invocar la independencia judicial. Hay que demostrarla mediante coherencia, transparencia e igualdad. La paz no puede ser intocable, la justicia no puede ser selectiva y la democracia no puede convertirse en un simple trámite.