Hablar de salud en Colombia es hablar de uno de los derechos que más preocupa a los ciudadanos y, al mismo tiempo, de uno de los sistemas más complejos de financiar. Todos queremos una atención oportuna, medicamentos disponibles, hospitales funcionando, especialistas cuando se necesitan y profesionales de la salud dignamente remunerados. Pero hay una pregunta que tarde o temprano debemos responder: ¿Quién paga todo eso? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es.
El sistema de salud colombiano no se financia con una sola fuente. Allí confluyen cotizaciones de trabajadores, empleadores y pensionados, recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones, recursos territoriales, regalías, SOAT, juegos de suerte y azar y aportes de las cajas de compensación, entre otros. Incluso la legislación establece desde hace años que las cajas deben destinar una parte de los recursos del subsidio familiar al régimen subsidiado de salud. Por eso, cuando se plantea que una parte de los aportes de las cajas de compensación podría destinarse a fortalecer la salud, la discusión no puede reducirse a decir que hay que quitarles recursos a las cajas. Las cajas cumplen una importante función social y sus recursos tienen destinatarios concretos. La pregunta correcta debería ser: ¿Estamos utilizando de la manera más eficiente cada peso que los colombianos destinamos a la protección social? Esa es una discusión que debemos tener sin prejuicios y sin intereses políticos.
Pero existe otra pregunta todavía más importante: ¿El problema de la salud colombiana es realmente la falta de dinero o también la manera como se administran y se distribuyen los recursos existentes? Y aquí comienza la verdadera discusión. En 2026, por ejemplo, el Gobierno Nacional reportó que entre enero y abril se habían transferido $34,9 billones para el aseguramiento en salud, entre los regímenes contributivo y subsidiado. Son cifras que impresionan.
Sin embargo, cuando descendemos de las grandes cifras nacionales a la realidad de los municipios, encontramos ciudadanos que esperan meses por una cita, hospitales con dificultades financieras, pacientes que no consiguen oportunamente sus medicamentos y familias que deben desplazarse hasta las grandes ciudades para acceder a servicios que deberían estar disponibles en su territorio. Entonces aparece una contradicción que no podemos ignorar: Si al sistema llegan tantos recursos, ¿por qué el ciudadano sigue encontrando tantas dificultades para recibir atención?
No podemos responder simplemente que hacen falta más recursos. Tampoco podemos afirmar que todo funciona bien. La verdad, probablemente, es mucho más compleja.
Necesitamos más recursos cuando la demanda crece y cuando los servicios de salud son cada vez más costosos y especializados. Pero también necesitamos mejor administración, mayor transparencia, controles efectivos y una verdadera trazabilidad del dinero público. Porque un peso adicional para la salud solamente tiene sentido si termina convertido en atención para el paciente.
MÁS DINERO, PERO TAMBIÉN MÁS CONTROL
Durante años hemos convertido la discusión sobre la salud en una disputa entre diferentes actores: Gobierno, EPS, IPS, hospitales, trabajadores, pacientes, sindicatos y aseguradores. Cada uno tiene una parte de la razón. Pero el ciudadano no debería tener que escoger un bando. El ciudadano quiere algo mucho más sencillo: que lo atiendan cuando está enfermo. Y para lograrlo no basta con anunciar nuevos recursos. Hay que saber cuánto dinero entra al sistema, quién lo administra, dónde termina y qué resultados produce.
La propia institucionalidad reconoce hoy la necesidad de fortalecer la trazabilidad y el seguimiento de los recursos públicos destinados al sector salud. Esa debería ser una exigencia de todos. No importa si el dinero proviene de una cotización, de un impuesto, de una caja de compensación o del Presupuesto Nacional. Cada peso destinado a la salud es un peso que pertenece, en última instancia, a los colombianos. Y por eso debe poder ser vigilado.
Y LOS MUNICIPIOS, ¿QUÉ?
Aquí está quizá la parte más preocupante de esta discusión. El debate nacional suele concentrarse en Bogotá, en las grandes EPS, en las grandes clínicas y en los billones de pesos del sistema. Pero Colombia no termina en las grandes ciudades. En los municipios pequeños y medianos, la situación puede ser completamente diferente. Allí muchas veces el hospital público constituye la única puerta de entrada al sistema. Y cuando ese hospital tiene dificultades financieras, cuando faltan especialistas, cuando no hay determinados servicios o cuando el paciente debe ser remitido permanentemente a otra ciudad, la reforma, la financiación y las discusiones administrativas dejan de ser asuntos abstractos. Se convierten en sufrimiento humano. Por eso resulta particularmente importante fortalecer el primer nivel de atención.
El análisis oficial sobre las Empresas Sociales del Estado muestra que, aunque la red pública hospitalaria ha mejorado sus indicadores financieros en los últimos años, el primer nivel continúa dependiendo en buena medida de transferencias para garantizar su sostenibilidad. Y eso nos deja una enseñanza fundamental: No podemos construir una política nacional de salud olvidándonos de los hospitales municipales. La salud debe comenzar cerca de la gente.
¿QUIÉN DEBE PAGAR?
La respuesta tampoco puede ser simplista. No podemos pretender una salud cada vez más amplia y costosa sin discutir de dónde salen los recursos. Pero tampoco podemos decirle permanentemente al ciudadano que la solución consiste en pagar más. Antes de aumentar impuestos, cotizaciones o cargas sociales, el Estado y todos los actores del sistema deben demostrar que están utilizando correctamente los recursos existentes. Y si se requieren nuevos recursos, deberán buscarse con criterios de solidaridad y progresividad, procurando que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida y que los sectores más vulnerables no terminen pagando la factura. Porque la salud es un derecho, pero garantizar ese derecho tiene un costo. Y ese costo debe distribuirse de manera justa. LA PREGUNTA QUE NO PODEMOS EVADIR. Tal vez la pregunta ya no debería ser solamente: ¿Cuánto dinero necesita la salud? Deberíamos formular cuatro preguntas mucho más incómodas:
- ¿Cuánto dinero recibe?
- ¿Quién lo administra?
- ¿En qué se gasta?
- ¿Qué recibe realmente el ciudadano a cambio?
Si somos capaces de responderlas con transparencia, podremos comenzar a construir una discusión seria. Porque Colombia no necesita solamente más dinero para la salud. Necesita más salud por cada peso invertido. Y esa diferencia es enorme. No se trata de defender a las cajas de compensación, a las EPS, al Gobierno o a los hospitales. Se trata de defender al paciente. Porque cuando una persona está enferma, poco le importa quién administra el recurso. Lo que necesita es que exista un médico que la atienda, un medicamento que pueda recibir, un hospital que tenga cómo responder y un Estado que no la abandone.
La discusión sobre la financiación de la salud apenas comienza. Pero hay algo que sí debería quedar claro desde ahora: Antes de pedirle más dinero al ciudadano, hay que demostrarle qué se hizo correctamente con el que ya entregó. Y si finalmente se requieren más recursos, que sean bienvenidos, siempre que lleguen acompañados de algo que la salud colombiana necesita con la misma urgencia: transparencia, eficiencia y control. Porque la salud puede costar mucho. Lo que no podemos permitir es que le siga costando tanto al ciudadano y que, aun así, siga recibiendo tan poco.
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