El gobierno de Abelardo presenta una reforma que, en campaña, prometió no hacer. Eso es un hecho y es un error político. Quien promete no subir impuestos y luego los sube pierde autoridad moral de entrada. Sin embargo, detenerse solo en la traición a la promesa es quedarse en la superficie. El problema de fondo es más grave: Colombia lleva décadas sosteniendo un Estado con una base tributaria de minoría y una cultura de “que pague el otro”. Eso no lo inventó este gobierno. Lo heredó, lo agravó y ahora lo enfrenta con la caja vacía.
En cualquier país medianamente funcional, la renta se paga desde el salario mínimo hacia arriba. En Colombia no. Solo declara una fracción de quienes ganan más de 50 millones al año, y ni siquiera todos ellos: hay contadores que logran llevar declaraciones a cero con leguleyadas. El resto de la población, que se beneficia de vías, salud, seguridad, educación y subsidios, no aporta. Esa es la cultura real. Se exige del Estado, se insulta al empresario que genera empleo y se celebra cada exención. El resultado es previsible: el sistema no aguanta. Los únicos que financian de verdad son una minoría de empresarios y asalariados de ingresos medios-altos. Sobre ellos se carga todo, y luego se les acusa de “no contribuir lo suficiente”.
A esa base ridícula se suma el despropósito de las exenciones de IVA. Decenas de alimentos y productos de consumo masivo están exentos por razones políticas, no técnicas. Se ha aguantado durante años porque el endeudamiento y la inflación de gasto lo permitían. Ya no. Petro lo intentó, Duque lo intentó, y ahora lo intenta Abelardo. La gente reacciona con ira, y es comprensible. Pero la ira no cambia la aritmética: un Estado que gasta como si tuviera base tributaria europea y recauda como si fuera un país de economía informal no puede sostenerse indefinidamente. Las plataformas de importación (Temu, Shein y similares) son otro ejemplo de la misma recocha: topes altos y tratamiento preferencial que distorsiona el mercado local y deja ingresos en la mesa. En el resto del mundo se grava la importación; aquí se discute si conviene o no.
El discurso de la izquierda siempre ha sido el mismo: más gasto, más beneficios, más solidaridad obligatoria. El resultado es un intento de instalar un sistema de bienestar financiado por una minoría mientras la mayoría permanece fuera de la red de contribuyentes. En Europa, donde sí pagan renta hasta quienes ganan el mínimo, los sistemas de bienestar están tensionados y generan resentimiento entre quienes aportan y quienes solo reciben. En Colombia se quiere lo mismo, pero con la base aún más estrecha. Se habla de solidaridad mientras se multiplica el número de contratistas, se inflan nóminas y se protegen salarios de funcionarios ya nombrados. Petro duplicó la planta de contratos de prestación de servicios; el gasto corriente se volvió sagrado. Ahora se pide a la misma minoría que pague más para sostener ese aparato. Eso no es reforma. Es extracción.
La salida no es defender esta reforma tal como llega. Tampoco es oponerse a cualquier ampliación de la base por puro rechazo ideológico. La salida es de dos pasos, en ese orden: primero recortar el tamaño del Estado, luego ampliar la base de manera racional. Salarios de nuevos funcionarios y congresistas que entren a partir de la vigencia de cualquier proyecto deben ser menores. Evaluación seria de dependencias y eliminación de cargos redundantes. Reducción del número de contratistas. Solo después, o en paralelo estricto, se discute IVA en productos que hoy están absurdamente exentos y se baja el umbral efectivo de renta. Hacerlo al revés; más impuestos sobre los mismos, sin tocar el gasto, es el camino que ya fracasó.
Este gobierno no tiene legitimidad para liderar ese ajuste. Prometió lo contrario en campaña y llega con las cuentas descuadradas por el endeudamiento y el gasto del periodo anterior. Cualquier reforma que se presente ahora será leída como castigo a quienes ya pagan. Pero el problema estructural no desaparece porque este gobierno sea el mensajero equivocado. Dentro de cinco o diez años, con otro presidente, la aritmética seguirá siendo la misma: o se amplía la base y se reduce el Estado, o el sistema sigue en emergencia permanente. La izquierda quiere el primer término sin el segundo. Los que ahora defienden impuestos a las verduras sin exigir recortes simultáneos están haciendo exactamente lo mismo, solo que con otro lenguaje. Colombia no puede seguir financiando un Estado grande con una sociedad que no quiere pagar. Esa es la tesis. Lo demás es ruido.
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