Tras una maratónica jornada y con la coalición de Gobierno funcionando como un reloj en plenarias de Senado y Cámara, el Gobierno logró la aprobación exprés del marco jurídico que establece las condiciones, procedimientos y beneficios de sometimiento a la justicia para los denominados “Actores Armados Ilegales o Terroristas”. Se trata de la ya sancionada Ley 2640 de 2026 que a lo largo de 30 artículos y en cinco capítulos presenta los ingredientes del cóctel zanahoria que refuerza la política estatal de seguridad de la “Patria Milagro” –todavía a la espera de la discusión y aprobación del estatuto antiterrorista–. Ante todo, es una receta de incentivos que, al menos sobre el papel, corrige algunos de los principales excesos y desaciertos de la concluida política de paz total, aunque de paso deja muchos interrogantes, algunos de los cuales se advierten cuando se lee la letra menuda.
La principal dificultad que le asistió a la paz total se encuentra en la ausencia de un marco jurídico específico que fijara las condiciones jurídicas y sociales de sometimiento, sujeción o acogimiento a la justicia por parte de las estructuras armadas que se sentaron en las diferentes mesas de diálogo sociojurídico –proceso conocido como la paz urbana de Medellín, Quibdó y Buenaventura –. En efecto, la Ley 2272 de 2022 solo estableció un marco normativo de orientación general, necesario para avanzar en una primera etapa de los procesos de diálogo sociojurídico o negociación política, pero sin alcance real al momento de fijar las condiciones e incentivos para un sometimiento a la justicia. A lo que se agregó una discusión eterna, reiterativa y desgastante sobre la naturaleza de las estructuras amadas en los procesos de diálogo: que si tenían una motivación política, que si eran criminales o políticas, que si eran rebeldes no estatales; en fin, una discusión de ir y volver que no se resolvió en ningún punto y que antes ralentizó –entre otras muchas cosas– el diseño del marco jurídico específico para llegar a un sometimiento.
Pues bien, la Ley de Sometimiento recientemente aprobada cerró del todo esa discusión porque en su aplicación no se reconoce “carácter político a los Actores Armados Ilegales o Terroristas ni a sus integrantes, sin perjuicio del régimen constitucional y legal de los delitos políticos “; es decir, el Gobierno de De la Espriella sí abrió una puerta para el sometimiento a la justicia de actores armados que solo pueden ser considerados en espacios estrictos de interlocución –aparentemente muy estrictos– como ilegales o terroristas, ya dependerá del estatuto antiterrorista determinar qué o cuáles son las características del listado de actores armados en dos categorías: ilegal y terrorista. Eso sí, sin el más mínimo reconocimiento político. Por eso, en el diseño de la Ley no se habilitaron espacios de interlocución pública con voceros de actores armados, la clásica seguidilla de audiencias públicas, o, si acaso, se presentaron cartas públicas de intención –algo muy frecuente en los años de la paz total–, nada de eso ocurrió, el Gobierno presentó su propuesta en el Congreso, articuló una discusión exprés y movió su coalición, de ahí que no sepamos, al menos, por el momento, qué tanto interés pueda despertar la Ley entre los voceros de los actores armados ilegales. ¿Habrá interés?
En el caso de que algún actor armado manifieste ese interés y el proceso sea colectivo se adelantará en dos fases: una administrativa, a cargo del Gobierno, y otra de judicialización, a cargo de las autoridades judiciales. Y a diferencia de lo que se vivió con los limitados procesos de la paz total que avanzaron hacia una etapa de concentración para el sometimiento –especialmente en veredas de Putumayo y Nariño–, a partir de la nueva Ley no se procede con la suspensión de las órdenes de captura ni de extradición para los integrantes de los grupos ilegales; entonces, ¿cómo sería posible que se diera una concentración para un hipotético desarme y sometimiento? Esa es una pregunta que la Ley no responde. Además, el rol de la Fiscalía, que fue muy subsidiario con la paz total, pasa a ser preponderante, al punto que dispone de tres meses para valorar la creación al interior de su estructura de una Unidad especializada para la investigación y la judicialización de Actores Armados Ilegales o Terroristas. Ni más, ni menos.
El tratamiento penal diferenciado se encuentra sujeto al nivel de colaboración, reparación a las víctimas y contribución eficaz para el desmantelamiento de la organización criminal, asimismo, las penas serán consideradas en atención a la responsabilidad de cada integrante, para quien haya ejercido el rol de mando en términos de control y liderazgo de la estructura, la rebaja punitiva de la pena acumulada es del 30 %. Los Programas de Tránsito a la Legalidad comprenden medidas e instrumentos restaurativos que integran acciones como: la reconstrucción de infraestructura comunitaria, recuperación ambiental, desminado humanitario, contribución o lo búsqueda de personas desaparecidos en coordinación con la Unidad de Búsqueda, erradicación manual de cultivos ilícitos y actos de reconocimiento de responsabilidad. Programas que, en particular, se me hacen muy similares a los que se vienen implementando como sanciones propias por parte de los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tan atacada por el Gobierno.
La principal línea roja es sobre quienes hayan sido condenados por reclutamiento ilícito o por uso de menores de edad en la comisión de delitos, personas que serán excluidas tanto del tratamiento penal diferenciado como de los Programas de Tránsito a la Legalidad. Una de las novedades que tiene esta Ley frente a otras similares aprobadas en gobiernos anteriores es esa centralidad que tienen los menores en su condición de víctimas. Pero se torna problemático cuando la condena recae sobre un cabecilla con capacidad de mando o de disuasión, puesto que, de entrada, desde una interpretación literal de la norma, se encuentra excluido.
Ya será razón y motivo de futuras columnas revisar otros aspectos claves de la Ley de Sometimiento, solo menciono algunos: el programa de reparación individual para víctimas de estructuras criminales; la estrategia de transformación territorial integral para intervenir zonas afectadas por la violencia y las economías ilícitas; su relación con la Política Pública de Cárceles Productivas; etc.
Por el momento, resta esperar sí algún actor armado ilegal manifiesta interés en querer someterse a la justicia bajo esas condiciones; son condiciones que, considero, ofrecen poco margen de maniobra, ningún incentivo para la conservación de recursos de origen criminal, y un compromiso extenso para el desmantelamiento de la organización criminal con harta dosis de delación. Será cuestión de tiempo para saberlo.
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