El 14 de julio de 1789, una multitud tomó la Bastilla y convirtió una fortaleza parisina en uno de los símbolos más reconocibles de la Revolución francesa. El 8 de octubre de 2026, alrededor de 25.000 estudiantes se congregaron en la plaza que lleva su nombre para protestar por las condiciones de la educación y denunciar la actuación policial. No hay que confundir ambos acontecimientos: quienes tomaron la fortaleza no protagonizaron una revolución estudiantil. Sin embargo, la coincidencia entre aquel escenario histórico y la movilización contemporánea invita a una reflexión incómoda: ¿por qué las sociedades celebran las rebeliones que transformaron su pasado, pero tantas veces miran con desconfianza a quienes cuestionan su presente?

Las protestas francesas responden a problemas concretos: falta de docentes, aulas deterioradas, grupos numerosos y condiciones que dificultan el aprendizaje. El Gobierno anunció la incorporación de 3.000 docentes sustitutos para atender las necesidades más urgentes, pero las organizaciones estudiantiles consideraron insuficientes las respuestas y anunciaron nuevas movilizaciones. El conflicto revela una contradicción que no puede resolverse con un llamado a la calma: se exige a los jóvenes que se preparen para el futuro mientras denuncian que las instituciones encargadas de formarlos carecen de condiciones adecuadas. ¿En qué momento la responsabilidad de garantizar la educación se transforma en una exigencia dirigida exclusivamente a quienes deben recibirla?

La plaza de la Bastilla posee una memoria política que trasciende sus monumentos. La Revolución francesa contribuyó a convertir la libertad y la igualdad en principios fundamentales de la modernidad, aunque su historia estuvo atravesada por exclusiones, disputas y contradicciones. Las sociedades suelen domesticar sus revoluciones al convertirlas en conmemoraciones: conservan sus fechas, levantan monumentos y celebran a sus protagonistas una vez que sus acciones han dejado de representar una amenaza inmediata. La rebeldía se vuelve admirable cuando pertenece al pasado; en el presente, puede ser condenada como desorden. Tal vez la pregunta no sea cuánto hemos aprendido de aquellas revoluciones, sino cuánto estamos dispuestos a tolerar de quienes cuestionan las jerarquías que todavía organizan nuestras sociedades.

Sería ingenuo, sin embargo, romantizar cada movilización por el solo hecho de que sus protagonistas sean estudiantes. En Francia se registraron manifestaciones pacíficas, pero también enfrentamientos, lanzamiento de proyectiles, daños a bienes y agresiones. Estas conductas deben distinguirse y, cuando corresponda, investigarse. La defensa de la educación pública no convierte la violencia en una virtud ni hace aceptable poner en peligro a terceros. Pero tampoco es legítimo utilizar los actos de algunos participantes para descalificar a miles de personas que reclaman mejores condiciones educativas. Cuando un disturbio termina ocupando toda la conversación, las reivindicaciones que originaron la protesta corren el riesgo de desaparecer detrás de las imágenes de la confrontación.

La misma exigencia debe aplicarse a la fuerza pública. Las autoridades tienen la obligación de proteger a la ciudadanía, intervenir ante agresiones y garantizar la seguridad; ninguna de esas responsabilidades les concede libertad ilimitada para emplear la fuerza. En las protestas francesas se reportaron cargas policiales, gases lacrimógenos y el uso de otros medios antidisturbios, mientras manifestantes también lanzaron objetos contra los agentes. El Gobierno suspendió el uso policial de granadas aturdidoras después de que un adolescente sufriera una lesión gravísima en una mano. Estos hechos exigen distinguir entre una intervención legítima y un posible uso excesivo de la fuerza, cuya evaluación debe considerar las circunstancias y la evidencia disponible. La autoridad no demuestra su legitimidad por su capacidad de imponer el orden, sino también por los límites que acepta al ejercerla.

Colombia no necesita mirar hacia París para reconocer esta tensión. En 2018, las movilizaciones universitarias pusieron en el centro del debate el déficit presupuestal de la educación superior pública y desembocaron en un acuerdo entre el Gobierno, estudiantes y representantes del sector para aumentar los recursos durante el cuatrienio. El resultado mostró que la protesta puede contribuir a modificar las decisiones institucionales: aquello que inicialmente se expresa en las calles puede llegar a una mesa de negociación y convertirse en compromisos presupuestales. Pero también deja una pregunta pendiente: ¿por qué las necesidades de una institución fundamental para el desarrollo del país deben adquirir semejante visibilidad mediante semanas de movilización para que reciban atención política? La protesta no sustituye la política pública; en ocasiones, obliga a que esta deje de aplazar sus responsabilidades.

Un año después, las movilizaciones de 2019 volvieron a poner en discusión el uso de la fuerza y las garantías para la protesta social. Amnistía Internacional denunció actuaciones policiales que consideró excesivas y pidió investigaciones imparciales, documentando episodios en los que agentes habrían agredido a manifestantes y utilizado gases lacrimógenos de manera indebida. Estas denuncias no autorizan a afirmar que toda intervención policial fue ilegítima ni que todos los manifestantes actuaron pacíficamente. Sí exigen reconocer que el Estado debe responder por las actuaciones de sus agentes y garantizar investigaciones independientes cuando existen indicios de abuso. Una democracia no puede reclamar que la ciudadanía respete la ley mientras trata el control de la fuerza pública como un asunto que no admite cuestionamientos.

Francia y Colombia no atraviesan una crisis idéntica. Sus sistemas educativos, sus instituciones y sus historias políticas son diferentes. El paralelismo reside en otra parte: en la facilidad con la que una reivindicación social termina convertida en un problema de seguridad. La falta de docentes, la financiación de las universidades o las condiciones de aprendizaje ceden su lugar a las barricadas, los encapuchados y los enfrentamientos. Entonces, la pregunta pública deja de ser qué reclaman los estudiantes y pasa a ser cuánto desorden provocaron. Esta inversión no requiere que las autoridades censuren formalmente una demanda; basta con que el conflicto se describa de tal manera que sus causas queden fuera del debate. La criminalización de la protesta comienza también cuando se deja de escuchar lo que esta intenta decir.

Hay otra contradicción que merece examinarse: la sociedad exige que los jóvenes estudien, se preparen y desarrollen pensamiento crítico, pero no siempre acepta las consecuencias de esa formación cuando se manifiesta fuera del aula. Se celebra al estudiante que obtiene buenas calificaciones, consigue empleo y se adapta a las instituciones; se mira con mayor sospecha a quien cuestiona las decisiones que afectan su educación. Por supuesto, la inconformidad no convierte automáticamente una reivindicación en justa, y los bloqueos pueden perjudicar a personas ajenas al conflicto. Pero ¿por qué la alteración de la rutina suscita, en ocasiones, más indignación que las condiciones que motivaron la movilización? Una sociedad que exige silencio antes de escuchar corre el riesgo de confundir la tranquilidad con la justicia.

La universidad pública tampoco debe idealizarse. Tiene conflictos, problemas administrativos y responsabilidades que deben ser examinados con rigor. Su defensa no consiste en declarar que toda decisión de sus estudiantes es correcta ni en sustraer sus instituciones de la crítica. Consiste en reconocer que su función excede la formación de profesionales para el mercado laboral: también debe producir conocimiento, ampliar oportunidades y permitir la discusión de las relaciones de poder. La autonomía universitaria no significa ausencia de normas, del mismo modo que el derecho a protestar no elimina la responsabilidad individual. Significa que la educación necesita espacios en los que disentir no sea considerado, por sí mismo, una amenaza. Si el pensamiento crítico solo es bienvenido cuando no cuestiona nada, lo que se está formando no es ciudadanía, sino obediencia.

El orden público es necesario, pero no constituye una medida suficiente de la salud de una democracia. Una ciudad puede recuperar la circulación vehicular y una universidad reabrir sus puertas sin que las razones de la protesta hayan desaparecido. También puede haber manifestaciones legítimas que incluyan acciones ilegales, del mismo modo que puede haber intervenciones policiales justificadas y otras que merezcan investigación. Reconocer estas diferencias no debilita una posición en defensa de la educación pública: evita que la discusión quede atrapada entre dos simplificaciones, la que convierte a todo manifestante en un delincuente y la que considera legítima cualquier acción ejecutada en nombre de una causa. La pregunta relevante no es cómo eliminar todo conflicto, sino cómo tramitarlo sin sacrificar derechos ni eludir responsabilidades.

Los estudiantes congregados en la plaza de la Bastilla no repitieron la revolución de 1789. Su protesta pertenece a otra época y responde a problemas distintos. Pero la memoria de aquel acontecimiento nos permite preguntar qué queda de los ideales de libertad e igualdad cuando las necesidades de la educación pública se convierten en una disputa callejera para adquirir visibilidad. Colombia tiene su propia historia de movilización universitaria y sus propias deudas con quienes reclaman una educación digna. La cuestión no es si los estudiantes deben tener permiso para incomodar al poder, sino por qué sus demandas necesitan hacerse incómodas para ser escuchadas. Las revoluciones son fáciles de admirar cuando han sido convertidas en pasado; lo difícil es reconocer que la libertad también implica convivir con quienes cuestionan el presente. Y quizá esa sea la pregunta que París nos devuelve: ¿defendemos la educación como un derecho o solamente mientras su defensa no perturbe nuestra tranquilidad?