«Porque la dignidad no caduca. Los derechos no prescriben con la edad y la violencia no se vuelve menos grave porque su víctima haya vivido siete décadas. Si la vejez sigue siendo una razón para mirar hacia otro lado, el silencio no será una ausencia de respuesta, será parte del problema».
“¿Cómo así?, ¿le gustan las viejitas?”. La frase, que podría pronunciarse en una conversación cotidiana, encierra una forma de mirar la vejez que merece ser cuestionada. En ella, una mujer mayor deja de ser reconocida plenamente como persona y se convierte en objeto de burla, extrañeza o condescendencia. Como si envejecer la hiciera menos deseable, menos autónoma, menos visible y, de alguna manera, menos susceptible de ser reconocida como víctima de una violencia que nos indigna cuando afecta a otras mujeres.
Pero las mujeres no dejan de ser mujeres cuando envejecen. No pierden su derecho a la integridad, a la autonomía ni a vivir sin miedo. Tampoco dejan de ser víctimas potenciales de la violencia sexual, ni están exentas de ser asesinadas por razones de género. La edad no cancela los derechos, aunque a veces parezca reducir el espacio que la sociedad les concede en sus conversaciones.
La muerte de Blanca Pardo, una campesina de 72 años de San Bernardo, Nariño, nos obliga a detenernos precisamente allí, en la distancia que existe entre reconocer un hecho doloroso y preguntarnos qué revela sobre la sociedad en la que ocurre. Su caso, conocido públicamente después de que su familia reclamara justicia, volvió a poner sobre la mesa una realidad que no debería necesitar una historia particular para merecer atención, la violencia sexual contra las mujeres mayores y la manera en que sus derechos pueden quedar relegados en medio de los prejuicios sobre la edad y el género.
No se trata de convertir su historia en un relato de horror ni de reconstruir públicamente su sufrimiento. Se trata de reconocer que detrás de su nombre hay una mujer cuya vida merece ser recordada más allá de las circunstancias de su muerte, y una exigencia de justicia que no debería depender de cuánto logre conmovernos su caso.
¿Por qué necesitamos que una violencia nos estremezca para concederle la atención que merece? ¿En qué momento permitimos que la edad de una mujer se convierta en otra razón para ocupar un lugar secundario en la conversación pública?
Quizá parte del problema está en la manera en que entendemos la vejez. Cuando pensamos en una mujer mayor, las preocupaciones suelen concentrarse en su salud, en si cuenta con alguien que la cuide, en el riesgo de que viva sola o de que necesite ayuda para realizar sus actividades cotidianas. Son asuntos legítimos y necesarios. Sin embargo, ¿por qué cuesta tanto incorporar a esa conversación su derecho a la seguridad, a la libertad sexual, a la justicia y a una vida libre de violencias?
Cuidar a una mujer mayor no consiste únicamente en evitar que se caiga, garantizarle una cita médica o preguntarse quién estará pendiente de ella. También implica reconocer que conserva su autonomía, que tiene derecho a habitar los espacios sin temor y que ninguna circunstancia relacionada con su edad justifica que su integridad sea vulnerada. La protección que desconoce sus derechos termina convirtiéndose en una forma incompleta de cuidado.
Las cifras deberían obligarnos a ampliar la mirada. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que, entre enero y julio de 2026, realizó 92 valoraciones medicolegales por presuntos delitos sexuales contra personas mayores de 60 años, frente a 70 durante el mismo periodo de 2025. De los registros de 2026, 81 correspondieron a mujeres. El incremento fue del 31,43 %.
No son cifras que debamos leer con ligereza, pero tampoco permiten afirmar que representan la totalidad de las agresiones ocurridas en el país. Aun con esa precisión, hay una pregunta que no podemos ignorar ¿por qué estos datos no ocupan un lugar más persistente en nuestras conversaciones sobre violencia de género?
No basta con compartir una noticia, manifestar rechazo durante unos días y continuar como si nada hubiera ocurrido. La indignación puede ser el comienzo de una conciencia colectiva, pero no la sustituye. Si la conversación desaparece cuando deja de circular el nombre de una víctima, el problema no es únicamente la falta de atención mediática; también es nuestra dificultad para sostener la mirada sobre aquello que nos incomoda.
A esa invisibilidad se suma otra práctica profundamente arraigada, buscar en la conducta de las mujeres una explicación que termine pareciéndose a una justificación. ¿Cómo iba vestida? ¿Dónde estaba? ¿Con quién salió? ¿Por qué se encontraba sola? ¿A qué hora ocurrió? Las preguntas sobre las circunstancias de un hecho pueden ser relevantes para una investigación judicial. Se vuelven violencia cuando se utilizan para insinuar que una mujer provocó lo que le sucedió o que habría podido evitarlo si hubiera actuado de otra manera.
La ropa no autoriza una agresión. Estar sola no equivale a consentir. Caminar por un lugar determinado no convierte a nadie en responsable de la violencia que otra persona ejerza. Y cumplir 70, 80 o 90 años no elimina el derecho a la integridad ni convierte a una mujer en alguien menos digno de protección.
En el caso de Blanca Pardo, reducir la conversación a las circunstancias de su vida cotidiana sería repetir, desde otro lugar, la misma lógica que necesitamos cuestionar, como lo es desplazar la atención desde la responsabilidad de quien agrede hacia las decisiones de quien sufrió la violencia. Una mujer no debería tener que demostrar que tomó todas las precauciones posibles para que reconozcamos que sus derechos fueron vulnerados.
Hay, además, una contradicción que merece examinarse. Nos escandaliza la violencia cuando aparece ante nosotros con suficiente crudeza, pero podemos acostumbrarnos a las condiciones sociales que permiten que tantas mujeres vivan bajo la amenaza de ser agredidas, silenciadas o culpabilizadas. Nos declaramos defensores de la dignidad humana y, al mismo tiempo, toleramos expresiones que ridiculizan la vejez, minimizan el sufrimiento o convierten a las víctimas en responsables indirectas de lo que padecen.
Esa es la doble moral que debemos revisar. No porque todas las personas reaccionen de la misma manera ni porque exista una única explicación para la atención desigual que reciben los casos, sino porque nuestra sensibilidad colectiva también está atravesada por prejuicios. A veces reconocemos con facilidad el sufrimiento de quienes encajan en la imagen que hemos construido de una víctima; otras veces parece que necesitamos preguntarnos por qué estaba allí, por qué vivía sola o por qué no había alguien acompañándola.
Como si la presencia de un cuidador pudiera garantizar la seguridad absoluta. Como si la compañía de otra persona fuera una condición para merecer protección. Como si la responsabilidad de prevenir una agresión recayera en las mujeres y no también en quienes las ejercen, en las instituciones encargadas de proteger sus derechos y en una sociedad que debe dejar de normalizar las violencias.
También es necesario nombrar las cosas con rigor. La violencia sexual y el feminicidio no son categorías idénticas, aunque puedan concurrir en un mismo caso. La muerte violenta de una mujer exige una investigación seria, capaz de establecer responsabilidades y esclarecer si existieron razones de género en los términos previstos por la ley. Pedir justicia por Blanca Pardo implica precisamente eso, que los hechos se investiguen con diligencia, que no se anticipe lo que corresponde determinar a las autoridades y que su edad no disminuya la importancia de la respuesta judicial.
Pero la justicia no debería comenzar y terminar en un expediente. También se construye cuando cuestionamos los prejuicios que hacen menos visibles a ciertas víctimas, cuando exigimos información pública que permita comprender la magnitud de las violencias y cuando las instituciones garantizan prevención, atención integral y acceso efectivo a la justicia. Se construye, además, cuando dejamos de confundir el cuidado con la vigilancia y reconocemos que las mujeres mayores no son únicamente personas que necesitan protección, también son ciudadanas con derechos que deben ser respetados.
Blanca Pardo no debería convertirse en una cifra más. Pero tampoco debería ser recordada únicamente porque su historia nos estremeció. Su nombre tendría que conducirnos a una pregunta que permanezca incluso cuando la noticia deje de circular, ¿qué estamos haciendo para que las mujeres mayores vivan con dignidad, seguridad y autonomía?
No podemos devolverle la vida ni reparar con palabras el dolor de quienes la amaban. Sí podemos negarnos a que su muerte quede reducida a un episodio que conmueve durante unos días y después desaparece de nuestra memoria colectiva. Podemos exigir que la investigación avance, que los datos se conozcan, que las políticas de prevención reconozcan a las mujeres mayores y que la conversación pública deje de tratarlas como si la violencia fuera un asunto ajeno a sus vidas.
Envejecer no debería significar volverse invisible. Vivir sola no debería convertirse en una sospecha. Y ninguna mujer tendría que encajar en una determinada edad, apariencia o circunstancia para que su sufrimiento importe.
Tal vez la pregunta más incómoda no sea por qué alguien puede agredir a una mujer de 72 años. La pregunta es qué nos ocurre como sociedad cuando esa violencia nos indigna por un instante, pero no consigue transformar aquello que estamos dispuestos a tolerar.
Porque la dignidad no caduca. Los derechos no prescriben con la edad y la violencia no se vuelve menos grave porque su víctima haya vivido siete décadas. Si la vejez sigue siendo una razón para mirar hacia otro lado, el silencio no será una ausencia de respuesta, será parte del problema.
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