El campo colombiano no necesita menos vigilancia, sino más resultados, transparencia y compromiso del Estado.
El Gobierno colombiano ha solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas retirar la Reforma Rural Integral del mandato de verificación de la Misión de la ONU en el país, mientras propone mantener el seguimiento internacional a la reincorporación de los excombatientes y sus garantías de seguridad.
La justificación oficial es que la reforma rural constituye una política pública de largo plazo, cuya responsabilidad corresponde a las instituciones colombianas. En principio, nadie podría discutir esa obligación. El problema es otro: ¿por qué reducir el seguimiento internacional precisamente cuando persisten dificultades en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el campo colombiano?
La Reforma Rural Integral no fue concebida como un privilegio para las antiguas FARC. Fue uno de los pilares del Acuerdo de Paz de 2016 porque reconoció una realidad histórica: millones de campesinos han vivido entre la desigualdad en el acceso a la tierra, la pobreza, la falta de infraestructura y el abandono institucional.
Los campesinos no necesitan discursos sobre la paz. Necesitan tierra con seguridad jurídica, vías transitables, crédito, asistencia técnica, educación, salud y mercados que les permitan vivir dignamente de su trabajo. Necesitan un Estado que llegue con soluciones y permanezca en el territorio, no que aparezca solamente durante las campañas electorales o cuando la violencia vuelve a ocupar los titulares.
Es cierto que la seguridad de quienes dejaron las armas es indispensable. Ninguna sociedad puede aceptar que los firmantes de un acuerdo sean asesinados o amenazados por cumplir sus compromisos. Pero proteger a los excombatientes y transformar las condiciones de vida de las comunidades rurales no son objetivos contrarios. Son responsabilidades complementarias.
Garantizar la seguridad sin atender las causas estructurales del conflicto es combatir una parte del problema y dejar otra sin resolver.
La Cancillería sostiene que Colombia cuenta con los instrumentos institucionales necesarios para continuar la reforma rural sin el mecanismo extraordinario de verificación internacional. Si esa capacidad existe, corresponde demostrarla con hechos: metas cumplidas, recursos ejecutados, tierras efectivamente entregadas, títulos formalizados, proyectos productivos sostenibles y comunidades que puedan comprobar una mejoría real en sus condiciones de vida.
La responsabilidad nacional no se demuestra eliminando mecanismos de seguimiento. Se demuestra cumpliendo los compromisos y permitiendo que la ciudadanía conozca los resultados.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas incorporó expresamente el seguimiento a la Reforma Rural Integral en 2023, mediante la Resolución 2673 del Consejo de Seguridad. Por eso, la propuesta actual no es un simple ajuste administrativo: modifica el alcance de una herramienta internacional creada para acompañar la implementación del Acuerdo de Paz.
No se trata de desconocer la soberanía colombiana ni de entregar a organismos extranjeros la responsabilidad de gobernar el país. Se trata de entender que la cooperación internacional y la rendición de cuentas pueden fortalecer la institucionalidad nacional, especialmente cuando los resultados todavía requieren mejoras.
Además, la discusión no puede limitarse a una controversia entre el Gobierno y las Naciones Unidas. Los verdaderos protagonistas son los campesinos, las comunidades étnicas y los habitantes de los territorios que durante décadas han soportado las consecuencias de la violencia, la concentración de la tierra y la ausencia del Estado.
Ellos tienen derecho a preguntar quién vigilará los compromisos pendientes, cómo se medirán los avances y qué garantías tendrán de que la reforma no perderá prioridad frente a otros intereses políticos o presupuestales.
El Gobierno puede defender legítimamente su propuesta ante el Consejo de Seguridad. Pero también tiene la obligación de explicar cómo garantizará un seguimiento transparente, independiente y eficaz a una transformación rural que trasciende su período presidencial.
La paz no se construye seleccionando los compromisos que resulta más conveniente cumplir o vigilar. Se construye atendiendo las necesidades de la población, corrigiendo los retrasos y garantizando que los acuerdos se traduzcan en oportunidades concretas.
Colombia no puede olvidar que el campo ha pagado una parte demasiado alta del costo de la guerra. Sería injusto que ahora sus habitantes terminaran pagando también el costo de debilitar la vigilancia sobre las promesas de transformación.
La Reforma Rural Integral no es un favor a las antiguas FARC. Es un compromiso con Colombia. Su cumplimiento debe ser una política de Estado, con independencia de quién gobierne y de las diferencias ideológicas que dividan al país.
La verdadera paz llegará cuando el campesino pueda trabajar su tierra sin miedo, comercializar sus productos con dignidad y ofrecerles a sus hijos un futuro mejor que el abandono que recibieron sus padres.
Hasta entonces, la reforma rural no será un capítulo concluido ni una obligación prescindible. Será una deuda pendiente con el campo colombiano.
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