“Algo comienza a cocinarse nuevamente en Colombia. El libreto resulta demasiado conocido como para fingir sorpresa; sindicatos que anuncian movilizaciones, organizaciones sociales que elevan el tono, sectores estudiantiles que convierten la universidad en escenario de militancia y dirigentes políticos que descubren, ahora que están en la oposición, que la calle vuelve a ser el lugar predilecto para ejercer presión. Fecode ya convocó una movilización nacional para el 14 de octubre y distintas organizaciones sindicales han puesto sobre la mesa la posibilidad de un paro nacional en noviembre. No es una especulación. Es una agenda que comienza a tomar forma.”
Protestar es un derecho. Convertir la protesta en instrumento para paralizar al país es otra cosa. Colombia debe aprender la lección que quedó de 2021. Aquel año demostró hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la inconformidad legítima termina mezclada con bloqueos, vandalismo, violencia, desinformación, intereses políticos y grupos que encuentran en el caos una oportunidad. Miles de bloqueos afectaron la movilidad y el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles. Hubo muertos, heridos, destrucción y graves denuncias sobre excesos de la fuerza pública. Nadie debería querer repetir semejante tragedia. Sin embargo, pareciera que algunos sí. Hay una izquierda “progresista” que tiene enormes dificultades para aceptar una regla elemental de la democracia; unas veces se gana y otras se pierde. Gobernar implica demostrar capacidad; perder implica hacer oposición dentro de las instituciones. Lo que no resulta democrático es asumir que las urnas son legítimas únicamente cuando entregan el resultado esperado.
Ese fenómeno no es exclusivamente colombiano. Francia vive nuevamente jornadas multitudinarias de protesta, con bloqueos educativos, enfrentamientos y una creciente presión callejera en medio de una delicada situación fiscal. España enfrenta movilizaciones por la crisis de vivienda y sindicatos que preparan una huelga general. En diferentes sociedades reaparece una narrativa conocida; si las instituciones no producen el resultado político deseado, entonces hay que trasladar la disputa a la calle. El inconveniente no es la ideología de izquierda. El problema son los militantes de una izquierda progresista que pretende apropiarse moralmente de la democracia y concluir que únicamente sus victorias representan al pueblo. Cuando ganan, habló el pueblo. Cuando pierden, hubo manipulación, desinformación, interferencia extranjera, medios de comunicación hostiles, algoritmos perversos, ciudadanos engañados o sistemas electorales defectuosos.
Siempre aparece una explicación que evita formular la pregunta verdaderamente incómoda ¿y si gobernaron mal? Quizás millones de ciudadanos simplemente se cansaron. Se fastidiaron de gobiernos que prometen transformar el mundo mientras tienen dificultades para administrar el Estado. De discursos grandilocuentes que necesitan enemigos permanentes para explicar resultados mediocres. Del político que culpa al empresario, al periodista, al opositor, al mercado, a Estados Unidos, a las élites o al capitalismo antes de reconocer sus propios errores. La mitomanía política comienza justamente allí; cuando la ideología necesita construir una realidad alternativa para sobrevivir al fracaso como hoy lo hace el progresismo liderado por Gustavo Francisco Petro Urrego.
Colombia debe estar especialmente alerta. No porque haya que criminalizar la protesta. Hacerlo sería absurdo y profundamente antidemocrático. Sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas, empresarios, trabajadores y cualquier ciudadano tienen derecho a marchar, reclamar y controvertir al Gobierno. Pero ningún derecho es una patente de corso para vulnerar los derechos de los demás. Bloquear una carretera no convierte automáticamente una causa en justa. Impedir que alguien llegue a trabajar no es justicia social. Paralizar una ciudad no es deliberación democrática. Destruir infraestructura pública no es resistencia. Atacar policías tampoco es protesta. Y un uniforme, por supuesto, tampoco autoriza el abuso contra quien se manifiesta pacíficamente. La democracia exige límites precisamente porque los derechos conviven.
Es de preocupar una concepción de ciudadanía que se ha incubado durante años en ciertos discursos políticos y espacios universitarios; aquella según la cual prácticamente toda frustración individual debe convertirse en una obligación colectiva. Una generación no puede ser educada bajo la idea de que el mundo le debe bienestar sin esfuerzo, derechos sin obligaciones, libertad sin responsabilidad y resultados sin mérito. La universidad debería incomodar intelectualmente al estudiante, no adoctrinarlo. Debería enseñarle a confrontar ideas, incluidas las del profesor; a leer autores de izquierda y derecha; a comprender el capitalismo y sus fallas, pero también las tragedias producidas por los experimentos que prometieron destruirlo. Una universidad convertida en fábrica de certezas ideológicas traiciona su misión.
La juventud necesita rebeldía. Siempre la ha necesitado. Pero levantamiento no significa nihilismo. Romperlo todo es sencillo. Construir instituciones, empresas, empleo, conocimiento y confianza requiere décadas. Ese es justamente el peligro que Colombia enfrenta. Después de cuatro años de polarización, incertidumbre e instituciones sometidas a una tensión permanente, el país necesita recuperar crecimiento, inversión, seguridad jurídica, empleo y confianza. Naturalmente habrá decisiones gubernamentales que deberán ser cuestionadas. Habrá errores que denunciar y políticas que combatir democráticamente. Ningún Gobierno merece un cheque en blanco. Pero una cosa es ejercer oposición y otra intentar hacer ingobernable el país.
Colombia ya pagó el precio de descubrir esa diferencia. En 2021 hubo miles de bloqueos y ciudadanos que no participaban en las protestas denunciaron afectaciones a su movilidad, trabajo, salud, mínimo vital y seguridad alimentaria. También hubo graves violaciones contra manifestantes que jamás deben repetirse. Aquella experiencia debería haber dejado una enseñanza básica; cuando desaparecen los límites, todos terminan perdiendo. Por eso resulta preocupante escuchar nuevamente palabras como paro, bloqueo, toma, movilización permanente como si fueran demostraciones de superioridad moral. No lo son. La verdadera prueba democrática llega cuando gobierna quien no nos gusta. Ahí se demuestra quién cree realmente en las instituciones y quién solamente las utilizaba mientras le servían.
Colombia tiene libertad para protestar. Tiene espacio para una oposición fuerte, incómoda y vigilante. Pero también tiene derecho a trabajar, estudiar, producir, movilizarse y vivir sin que una minoría, de ideología progresista de izquierda, decida que puede secuestrar la normalidad del país para imponer su agenda. Que Francia arda en inconformismo y España prepare sus huelgas debe servir para observar, no para imitar. Colombia ya recorrió ese camino. Y conoce demasiado bien el costo de incendiar un país para después preguntar quién encendió el fósforo.
Es hora de poner los pies en la tierra y no dejarse arrastrar por los intereses de dirigentes progresistas que parecen dispuestos a trasladar a las calles las derrotas que no logran evitar en las urnas. Si la tendencia electoral regional se confirma, América Latina podría estar entrando en un nuevo ciclo político que obligará a la izquierda a explicar por qué tantas de sus promesas terminaron chocando contra la realidad. Los ciudadanos empiezan a comprender que no existen derechos infinitos financiados con recursos inexistentes, prosperidad por decreto ni Estados capaces de repartir indefinidamente una riqueza que nadie produce.
Las sociedades avanzan cuando trabajan, emprenden, invierten, crean empleo, respetan las reglas y premian el mérito; cuando entienden que el mercado necesita controles, pero también libertad, iniciativa privada y seguridad jurídica. Colombia no puede permitir que quienes temen perder influencia política pretendan incendiar en las calles lo que no consiguen defender democráticamente en las urnas. La democracia se respeta también cuando se pierde, la prosperidad se construye trabajando. Ningún país sale adelante convirtiendo el resentimiento en política de Estado y el caos en método de oposición.
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