El pasado 28 de septiembre se conmemoró el denominado «Día de Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto». Como era de esperarse, sectores del activismo del pañuelo verde se concentraron a las puertas del Congreso de la República para exigir la aprobación de una norma que permita la completa despenalización del fin del embarazo, pretendiendo llevar la práctica hasta el noveno mes de gestación y desbordando por completo el marco de causales excepcionales que históricamente fijó la jurisprudencia constitucional.
Ningún esquema fundado en los derechos humanos debería validar que dos personas ingresen a una clínica y solo una salga por la puerta principal, mientras la otra es retirada en una bolsa de desperdicios biológicos. Sin embargo, más allá de abordar en este espacio el dilema ético sobre la interrupción deliberada de la gestación de un ser indefenso con el que se comparte un lazo de consanguinidad, resulta imprescindible examinar el fenómeno desde otro ángulo: la verdadera estructura económica, ideológica y geopolítica que impulsa esta agenda global.
El invierno demográfico y la distorsión del lenguaje
Colombia atraviesa la crisis demográfica más severa de su historia reciente. Según los últimos reportes de Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2025 se registraron en el país 441.537 nacidos vivos, lo que representa la cifra de natalidad más baja de la década. La tasa global de fecundidad ha caído a un promedio alarmante de 1,0 hijos por mujer en edad fértil, un nivel dramáticamente distante de la tasa de reemplazo generacional —fijada por los demógrafos en 2,1 hijos por mujer— necesaria para garantizar la sostenibilidad socioeconómica y el relevo poblacional de cualquier nación.
En medio de este escenario de despoblación progresiva, resulta indispensable llamar a las cosas por su nombre. La expresión «interrupción voluntaria del embarazo», empleada con frecuencia por los sectores promotores de estas políticas, constituye un eufemismo técnico. Un proceso biológico como el embarazo no se suspende para reanudarse más tarde; la expulsión o destrucción del feto en el útero representa el punto final irrecuperable de una vida humana en gestación.
Mientras la natalidad cae a mínimos históricos, entidades como Profamilia registró que para el año 2025 la entidad práctico 59 mil procedimientos directos del fin del embarazo al año. Más crítico aún es analizar las estimaciones elaboradas por entidades como Guttmarcher, la federación colombiana de obstetricia y ginecología y la misma Profamilia, en donde el cálculo realizado es que se practican alrededor de 400 mil abortos al año en Colombia. O sea, por cada niño que nace, otro es asesinado, ¿Bajo qué lógica se puede argumentar que el procedimiento es en favor de las familias? En todo el sentido de la palabra, 400 mil colombianos exterminados al año se puede considerar como un genocidio.
La carga sobre el sistema público y el negocio global
Las corrientes que exigen el aborto libre y sin restricciones pretenden que los costos de estos procedimientos sean asumidos íntegramente por los recursos públicos del sistema de salud. En Colombia, los valores de atención clínica varían según la complejidad gestacional: un procedimiento en las primeras 12 semanas representa un costo operativo considerable para el sistema de aseguramiento, el cual se incrementa a medida que avanza la edad gestacional hasta las 24 semanas. En aquellos escenarios internacionales donde se permite la interrupción en etapas avanzadas de la gestación, los costos médicos y hospitalarios se multiplican exponencialmente. Pretender que el sistema de salud colombiano —financieramente asfixiado y financiado con los impuestos de los contribuyentes— absorba la carga de financiar el fin del embarazo como una prestación universal a demanda constituye un despropósito económico e institucional.
Para comprender de dónde proviene esta presión política, es necesario rastrear el marco multilateral de las Naciones Unidas. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las grandes cumbres sobre población debatieron el crecimiento demográfico. En la Conferencia Mundial de Población de Bucarest (1974), marcada por las alarmas malthusianas sobre una supuesta escasez global de alimentos, se promovió la contención de la natalidad en el mundo en desarrollo. Sin embargo, el verdadero viraje normativo se consolidó dos décadas después.
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994), aunque en su Párrafo 8.25 se estableció formalmente que en ningún caso se debía promover el aborto como método de planificación familiar, se instó a los Gobiernos a abordar las complicaciones del aborto inseguro como un asunto de salud pública. Un año más tarde, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995), la Plataforma de Acción introdujo en su Párrafo 106(k) la recomendación explícita a los Estados de considerar la revisión de las leyes punitivas que sancionaban a las mujeres por someterse a interrupciones ilegales. Con el paso de los años, lo que en principio se planteó bajo el lenguaje de la prevención de la mortalidad materna fue instrumentalizado por organismos internacionales y fundaciones privadas para promover la despenalización total y luego de la despenalización siempre llega la permisividad y con ella el patrocinio de la acción pagado con recursos públicos. Era claro que no podía poner en un documento que se aprueba el aborto y se obliga a todas las naciones a aplicarlo, primero, hay que vender la idea como algo bueno y necesario en favor de las directamente afectadas, las mujeres.
Detrás de este discurso institucional opera un entramado organizacional de alcance planetario liderado por la International Planned Parenthood Federation (IPPF). Las raíces de este movimiento en Estados Unidos se remontan a las primeras décadas del siglo XX con la creación de la American Birth Control League por parte de Margaret Sanger. Tras la legalización del aborto en el estado de Nueva York en 1970 —y su posterior extensión federal tras el fallo Roe v. Wade de 1973—, Planned Parenthood integró los procedimientos del fin del embarazo dentro de su red nacional. Desde entonces, sectores críticos han señalado el impacto desproporcionado de estas clínicas en comunidades de bajos ingresos y minorías raciales en las grandes urbes norteamericanas, donde se han practicado decenas de millones de procedimientos bajo una marcada impronta de ingeniería social e influencias eugenésicas de origen histórico.
Hoy en día, la red global vinculada a la IPPF opera a través de decenas de miles de puntos de prestación de servicios, centros de atención y clínicas afiliadas en más de 140 países (como es el caso de Profamilia en Colombia). Para poner en dimensión este despliegue territorial: mientras una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo, como McDonald’s, cuenta con cerca de 42.000 locales comerciales a nivel global, la red de atención e influencia en salud reproductiva ligada a la IPPF abarca una infraestructura que cuenta con más de 45.000 clínicas. Es más fácil encontrar un sitio para practicarse un aborto que encontrar uno en donde comerse una Big Mac.
El mercado biotecnológico de los tejidos y el espectáculo político
A la par con la prestación de servicios clínicos, a nivel global existe una compleja infraestructura económica en torno a la investigación biomédica con tejidos fetales. En Colombia, la legislación prohíbe de manera tajante cualquier forma de comercialización de órganos, tejidos o componentes anatómicos. No obstante, en países donde la ley autoriza la donación de tejidos fetales con fines científicos, se ha consolidado un esquema de «recuperación de costos» (cost-recovery fees). Bajo esta modalidad, laboratorios e intermediarios cobran tarifas operacionales que oscilan entre $50 y $500 dólares por muestra para cubrir los gastos de recolección, criopreservación, pruebas de bioseguridad y transporte especializado.
A un nivel de mayor escala, la industria biotecnológica global utiliza líneas celulares históricas inmortales —derivadas originalmente de tejidos fetales de décadas pasadas— como insumos para el cultivo, prueba y desarrollo de medicamentos y vacunas. Este mercado de reactivos e investigación mueve miles de millones de dólares al año. Asimismo, en el ámbito no regulado del denominado «turismo de células madre», clínicas clandestinas en diversas partes del mundo cobran sumas que oscilan entre $10.000 y más de $50.000 dólares por sesión a pacientes que buscan tratamientos regenerativos sin respaldo científico oficial. Toda esta cadena demuestra cómo el fin de la vida humana gestacional se ha entrelazado con intereses financieros de gran escala.
El activismo en Colombia.
En el ámbito político interno, ciertos sectores ideologizados actúan como promotores locales de esta agenda sin medir las consecuencias sobre el tejido social. Recientemente, durante una sesión plenaria en la Cámara de Representantes, la congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal protagonizó una controversia al denunciar públicamente que sentía una «actitud hostil» por la forma en que era observada y por los gestos faciales de algunos colegas, calificando tales conductas no verbales como expresiones de agresión psicológica y violencia de género. Resulta profundamente paradójico que desde los mismos sectores políticos que califican una mirada incómoda en el recinto legislativo como un acto intolerable de violencia, se promueva e incentive la eliminación deliberada de miles de seres indefensos en el vientre materno.
La desconexión conceptual de este activismo alcanza niveles insólitos. Meses atrás, la activista trans Charlotte Callejas —quien ha ocupado posiciones en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior— afirmó en una entrevista pública su deseo de recibir un trasplante de útero para poder embarazarse y convertirse en la primera persona trans en practicarse un aborto. Esta clase de declaraciones evidencia hasta qué punto la agenda radical ha desplazado el debate biológico y ético objetivo para convertir el fin de la vida en una consigna de provocación ideológica.
La postura de la izquierda frente a la preservación de la vida humana revela una contradicción de fondo. Como afirmara con lucidez el expresidente estadounidense Ronald Reagan en 1980: «He notado que todos los que están a favor del aborto ya han nacido». El primer derecho humano, sobre el cual se edifican todas las demás libertades civiles, políticas y económicas, es el derecho a la vida desde la concepción. Negarle la protección jurídica al ser que se desarrolla en el vientre materno no es un acto de progreso ni de liberación; es la claudicación de la sociedad ante una agenda destructiva que desconoce la realidad biológica y sacrifica el futuro demográfico de la nación y le quiero decir a todas las mujeres que piensan atentar contra esos seres indefensos que se desarrollan dentro de su ser, la única diferencia de una mujer que tuvo un hijo y otra que lo abortó es que una será la madre de un hijo vivo o la otra la madre de un hijo que ella misma ejecutó.
Refresquemos la Política desde Antioquia para Colombia.
Comentar