Por: Juan David Blanco – Exsecretario de Turismo de Antioquia
La primera discusión que les enseño a mis estudiantes de políticas públicas es establecer el objetivo de la política, y ahí es donde debe recaer el debate ideológico: libertad, equidad, igualdad. Posteriormente ya se entra a discutir técnicamente cómo lograr el objetivo de política. Confundir esos dos momentos es la forma más segura de llegar a un debate estéril. Eso es lo que está pasando hoy en Medellín con la regulación de las rentas cortas y las viviendas turísticas en el marco de la actualización del POT.
Estoy de acuerdo con la propuesta de la administración de establecer con claridad las reglas bajo las cuales se deben desarrollar las rentas cortas. Y lo estoy porque el objetivo ya está definido. El POT tiene un objetivo claramente expuesto, compartido y acordado en la ciudadanía: que la ciudad sea para sus ciudadanos y para los locales, potenciando el desarrollo económico y las condiciones de vida. Dentro de ese marco, la vivienda es un derecho constitucional que se debe proteger, tanto para su acceso como para el bienestar y el descanso. El derecho a la vivienda entra en ese marco de criterios de equidad porque debe considerar las brechas de desigualdad existentes y los déficits históricos de nuestra sociedad.
Si el fin está acordado, la pregunta es técnica: ¿cómo lo logramos? Y aquí la respuesta es clara. Dejar la vivienda en su totalidad al libre mercado no contempla las externalidades negativas para los habitantes dentro de una comunidad. Las rentas cortas y las viviendas turísticas son un caso típico de externalidades negativas que no internaliza el mercado al que están atendiendo. El ruido, la rotación permanente de desconocidos y la presión sobre las zonas comunes y los servicios los pagan vecinos que no reciben ningún beneficio de esa actividad.
Hay algo más. Este mercado tampoco permite una libre competencia entre los negocios formales de alojamiento y hospedaje, dado que tienen reglas diferentes. Un hotel y un apartamento turístico compiten por el mismo cliente, pero no con las mismas obligaciones. Precisamente lo que los libertarios insisten con tanta vehemencia, que el mercado funcione en igualdad de condiciones, es hoy un argumento a favor de regular, no en contra.
Por tanto, proteger de las externalidades negativas a los vecinos y ciudadanos que no están dentro de un mercado no es ninguna declaratoria de socialismo, que ha sido el argumento de algunos. No hablamos de una doctrina donde se prepondera la igualdad sin merecimientos ni incentivos, sino de un ordenamiento equitativo para maximizar los beneficios de cada uno de los implicados en la sociedad de Medellín.
Tomar las regulaciones del Estado como la eliminación de un mercado no solo es exagerado, sino impreciso, dado que no se está prohibiendo nada. Tan solo se determinan las condiciones generales sobre las cuales desarrollar una actividad económica. Los medellinenses lo entendemos bien por experiencia propia. Unas cuantas chimeneas fijas y otros cientos de miles de fuentes móviles, motos y carros, pueden enfermar a una porción considerable de la población que no obtiene ni el uso ni el beneficio de esas actividades. ¿Entonces realizar controles ambientales de emisiones y establecer límites de material particulado no sería lo correcto para maximizar el beneficio social y económico? Nadie diría que medir emisiones es abolir el transporte.
Incluso la industria parece entenderlo. La aproximación que ha tenido Airbnb, con una consultoría de la Universidad Javeriana, concluye que no hay evidencia para ligar el incremento de precios de la vivienda a las rentas cortas, pero tampoco hay evidencia para negarlo. Podríamos tener una discusión metodológica profunda sobre esos análisis cuantitativos, pero no viene al caso. Lo interesante es su faceta conciliadora: también proponen soluciones tecnológicas para mitigar las externalidades negativas de las rentas cortas. Proponer cómo mitigarlas es reconocer que existen. Bienvenidas esas propuestas. Sería interesante entonces escuchar también sus propuestas para nivelar la cancha con los hoteles en la competencia por el mercado de alojamiento y hospedaje, en aspectos tributarios, tarifas de servicios públicos, entre otros.
Por esto es importante que definamos claramente los límites del debate. Si queremos discutir el objetivo, discutámoslo, pero ese acuerdo ya lo hicimos como ciudad. Lo que nos corresponde ahora es discutir el cómo, con datos y con propuestas, no con etiquetas. Regular no es prohibir: es ponernos de acuerdo en las reglas para que el negocio de unos no lo paguen otros.
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